Funcionarios palestinos expresaron el jueves su “gran preocupación” por un informe del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluye una advertencia de que los estipendios palestinos a los atacantes y sus familias podrían constituir un crimen de guerra.
La política de “pago por matar” de Ramallah ha sido condenada desde hace mucho tiempo por Israel y los Estados Unidos como una práctica que fomenta la violencia. Los palestinos argumentan que estos pagos son un deber nacional para con las familias afectadas por décadas de violencia.
La Autoridad Palestina gasta habitualmente cientos de millones de dólares en pagos a los terroristas encarcelados en Israel y a las familias de los terroristas abatidos durante la realización de ataques contra Israel.
En 2018, por ejemplo, Ramallah gastó 135 millones de dólares en salarios y otros pagos a terroristas. En 2017, los estipendios de los terroristas ascendieron a 358 millones de dólares, el 7% del presupuesto total de la Autoridad Palestina para ese año y alrededor del 20% de la ayuda exterior que recibe. En 2016, la Autoridad Palestina asignó 322 millones de dólares a estos pagos.
El ministro de Asuntos Exteriores palestino Riad Malki dijo que el informe de la fiscalía “se basa en narrativas engañosas de naturaleza política… más que en una descripción objetiva y precisa de los hechos relevantes”.
Los palestinos han buscado durante mucho tiempo reparación ante organismos internacionales como la CPI por lo que consideran crímenes israelíes. Al parecer, el Gobierno del presidente Mahmud Abbas se ha visto sorprendido por el lenguaje de las críticas que se encuentran en el informe.
El informe del jueves, publicado en La Haya, puso de relieve los posibles crímenes cometidos tanto por Israel como por los palestinos que están siendo investigados, incluido el uso de la fuerza, a veces mortífera, por parte de Israel contra los manifestantes a lo largo de la valla fronteriza entre Israel y Gaza, y el lanzamiento de cohetes por parte de los militantes palestinos y el uso de escudos humanos en Gaza.
A petición de los palestinos, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió en 2015 una investigación preliminar sobre presuntas violaciones del derecho internacional tras la guerra de 2014 entre militantes israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.
El informe del jueves decía que el fiscal “cree que ha llegado el momento de dar los pasos necesarios para concluir el examen preliminar”.