El martes, al informar de que Israel es un Estado de “apartheid” en todas sus fronteras y que está cometiendo crímenes contra la humanidad, Amnistía Internacional declaró la guerra al principio fundamental del sionismo. A lo largo de todo su documento -que fue aclamado por Hamás y otros grupos terroristas- Amnistía Internacional niega explícitamente el derecho de Israel a existir como Estado judío, al tiempo que emplea frases que se hacen eco del lenguaje antisemita, como “control judío” y “supremacía judía”.
Entre otras cosas, se afirma que el objetivo de la creación de Israel era imponer el control judío sobre la zona, y que “el apartheid comenzó en 1948”. En el último momento, y sólo después de que un borrador del informe se filtrara y fuera condenado en todo el mundo, Amnistía eliminó la citada afirmación de su informe final.
El informe es significativo por varias razones; la más importante es el hecho de que expone y caracteriza con gran precisión los objetivos del movimiento para deslegitimar a Israel, encabezado por las organizaciones de “derechos humanos”. El propósito de la publicación del informe es singular: Dejar claro que la creación del Estado judío fue un crimen y que sólo con su desmantelamiento se puede hacer justicia. A los ojos de sus autores y sus aliados, hay que negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación en un país soberano.
Al igual que las publicaciones anteriores de B’Tselem y Human Rights Watch, este informe describe las normas que definen el papel único de Israel como Estado nacional del pueblo judío como delitos graves. Por ejemplo, la Ley del Retorno, que permite a los judíos de la diáspora recibir la ciudadanía israelí más rápidamente que los no judíos, de forma similar a las leyes que existen en otros países democráticos, es tachada de ley racista.
Esto no es sorprendente cuando proviene de una organización como Amnistía Internacional, cuyos altos funcionarios han estado involucrados en incidentes antisemitas en el pasado, incluyendo comentarios antisemitas contra legisladores británicos, una decisión de 2015 de no investigar el antisemitismo y un informe de 2019 que afirma que los turistas que visitan la Ciudad Vieja y el Muro Occidental de Jerusalén contribuyen a los crímenes de guerra.
La organización también colabora con la Corte Penal Internacional de La Haya, animándola a investigar a altos funcionarios israelíes; dirige el sitio web palestino sobre la Nakba “70+ Years of Suffocation”; y patrocina innumerables campañas de BDS que promueven un embargo de Israel y apuntan a empresas turísticas israelíes.
El momento del informe de Amnistía indica también el lanzamiento de una campaña más amplia -que incorpora a más de una docena de organizaciones no gubernamentales- para convencer al mundo de que Israel es un país ilegítimo. La serie de publicaciones en las que se califica a Israel de “apartheid” -basadas en distorsiones del derecho internacional, así como de las leyes y políticas de Israel- allana el camino para que varios organismos de las Naciones Unidas estén redactando actualmente informes que probablemente atribuirán también este término a Israel.
La campaña también pretende influir en el fiscal jefe de la CPI para que acuse a altos cargos israelíes de cometer crímenes de “apartheid”. Muchas de las organizaciones que afirman que Israel es un Estado de “apartheid” -entre ellas, ONG israelíes, palestinas e internacionales- se reunieron con el anterior fiscal jefe de la CPI y le proporcionan informes y publicaciones.
Los gobiernos europeos, por su parte, desempeñan un papel fundamental en la financiación de los grupos que lideran esta campaña. En la última década, Europa ha transferido decenas de millones de dólares a estas organizaciones.
Recientemente, la organización de vigilancia israelí NGO Monitor publicó un informe que examinaba a fondo la definición del término apartheid, según el derecho internacional. Su análisis demostró que la definición utilizada por ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B’Tselem y otras, carece de fundamento jurídico y está hecha a medida para aplicarla a Israel.
A pesar de escudarse en términos legales y citas de cartas internacionales, la campaña de Amnistía está motivada por el odio a la idea de un Estado judío y al derecho del pueblo judío a la autodeterminación. La comunidad internacional debe condenar sin ambages este ataque antisemita y denunciar a quienes lo dirigen y financian.