El máximo tribunal de las Naciones Unidas inicia esta mañana una semana de audiencias sobre las consecuencias jurídicas de 56 años de dominio israelí sobre Judea y Samaria, en las que más de 50 Estados se dirigirán a los jueces.
El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, intervendrá en primer lugar en el proceso judicial que se celebra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En 2022, la Asamblea General de la ONU solicitó al tribunal un dictamen consultivo, o no vinculante, sobre la ocupación.
Aunque Israel ha hecho caso omiso de tales dictámenes en el pasado, podría acumular presión política por la guerra en curso en Gaza.
Entre los países que tienen previsto participar en las audiencias se encuentran Estados Unidos —el mayor defensor de Israel—, China, Rusia, Sudáfrica y Egipto. Israel no participará, aunque ha enviado observaciones por escrito.
Las audiencias forman parte de una campaña palestina para conseguir que las instituciones jurídicas internacionales examinen la conducta de Israel.
Israel capturó Judea y Samaria, Gaza y el Este de Jerusalén —zonas que ahora los palestinos reclaman para un Estado— en la Guerra de los Seis Días de 1967. Se retiró de Gaza en 2005, pero, junto con el vecino Egipto, sigue controlando sus fronteras.
Es la segunda vez que la Asamblea General de la ONU solicita a la CIJ, también conocida como Corte Mundial, una opinión consultiva relacionada con el conflicto palestino-israelí.
En julio de 2004, el tribunal dictaminó que el muro de separación israelí en Judea y Samaria violaba el derecho internacional y debía desmantelarse, aunque a día de hoy sigue en pie.
Ahora se ha pedido a los jueces que revisen “la ocupación, los asentamientos y la anexión… por parte de Israel, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas”.
La Asamblea General también pidió al panel de 15 jueces de la CIJ que asesorara sobre cómo esas políticas y prácticas “afectan al estatus legal de la ocupación” y qué consecuencias legales se derivan de este estatus para todos los países y las Naciones Unidas.
El procedimiento de opinión consultiva es independiente del caso que Sudáfrica presentó ante el Tribunal Mundial contra Israel por sus supuestas violaciones en Gaza de la Convención sobre el Genocidio de 1948. A finales de enero, la CIJ ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en su mano para evitar actos de genocidio en Gaza.
El resultado de la opinión consultiva no sería jurídicamente vinculante, pero tendría “gran peso jurídico y autoridad moral”, según la CIJ.
