La Casa Blanca lanzó un ultimátum a Harvard: reformar sus políticas o perder el acceso a casi 9 mil millones de dólares en contratos y subvenciones federales. La medida se enmarca en una investigación por acusaciones de antisemitismo en el campus, según informó The Associated Press.
Tres agencias federales enviaron el jueves una carta con condiciones específicas que Harvard debe cumplir para conservar el apoyo económico del gobierno. Estas medidas replican las que se impusieron a la Universidad de Columbia, cuya financiación estuvo en riesgo hasta que modificó sus políticas.
El documento acusa a Harvard de un “fracaso fundamental en la protección de estudiantes y profesores estadounidenses frente a la violencia y el acoso antisemitas” y exige reformas urgentes para evitar consecuencias financieras.
Harvard reconoció la recepción de la carta, aunque no ha anunciado ninguna respuesta oficial.
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Dentro de las exigencias se incluye la prohibición del uso de mascarillas durante las protestas, una respuesta directa a los manifestantes árabes propalestinos que las utilizan para ocultar su identidad. También se ordena la revisión de las políticas sobre protestas, con el fin de definir con claridad las limitaciones de tiempo, lugar y forma.
Otra orden establece la necesidad de revisar y reformar departamentos académicos que “alimentan el acoso antisemita”, sin nombrar ninguno en particular. La exigencia recuerda a la presión ejercida anteriormente sobre el programa de estudios de Medio Oriente en Columbia.
A diferencia del caso de Columbia, donde se reclamaron cambios de liderazgo, en Harvard se solicita una reestructuración más amplia, sin imponer relevos inmediatos. Tampoco se fijó un plazo para implementar las reformas.
Las tensiones en Harvard han aumentado desde el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. Críticas por la falta de acción ante el antisemitismo han rodeado a la universidad desde entonces.
El 9 de octubre, 34 grupos estudiantiles de Harvard firmaron una declaración que responsabilizaba a Israel por el ataque de Hamás.
La entonces presidenta Claudine Gay fue blanco de duras críticas tras testificar ante el Congreso junto con sus homólogas del MIT y de la Universidad de Pensilvania. Ninguna condenó de forma explícita el antisemitismo ni los llamados al genocidio contra los judíos.
Finalmente, Gay renunció a su cargo como presidenta de Harvard.