El informe de la Autoridad de Empresas revela irregularidades en la adquisición de Aeronautics por Rafael y Avichai Stolero en 2019, lo que llevó a una investigación policial.
Investigación policial sobre la adquisición de Aeronautics por Rafael
La Autoridad de Empresas Gubernamentales trasladó al Ministerio de Justicia y a la Policía de Israel los hallazgos de un informe crítico que detalla irregularidades en la adquisición de Aeronautics, fabricante de drones, por parte de la empresa estatal Rafael Advanced Defense Systems y el empresario Avichai Stolero en 2019. La operación, valorada en 850 millones de shekels, fue calificada de “escandalosa” en el informe de 173 páginas elaborado por el contador Kobi Ginzburg, quien señaló manejos opacos, ocultamiento de información y beneficios excesivos otorgados a Stolero. En 2023, la entonces directora de la Autoridad, Michal Rosenbaum, informó al viceministro de Justicia sobre posibles aspectos penales y se reunió con el jefe de la División de Investigaciones Policiales para impulsar una pesquisa formal.
El informe destaca que Rafael pagó un precio inflado por Aeronautics, superando en un 70% su valor bursátil previo a la operación. Además, se otorgaron condiciones favorables a Stolero, quien ingresó como socio con una garantía bancaria financiada por Rafael, sin aportar capital propio. La empresa ocultó información clave al directorio y a la Autoridad, presentando datos engañosos para justificar la transacción. Un punto crítico fue la opción de venta concedida a Stolero, que le permitió en 2023 vender su 50% de las acciones por 487 millones de shekels, un monto que, según el informe, excedió en 74 millones de shekels el valor real de la compañía en ese momento, según una valuación de Deloitte.
La investigación policial se centra en posibles delitos como abuso de confianza, fraude y violaciones de gobernanza corporativa. La Autoridad señaló que la gestión de Rafael, liderada entonces por el presidente Uzi Landau y el director general Yoav Har-Even, actuó como si se tratara de una empresa privada, ignorando las normativas que rigen a las compañías estatales. La operación, aprobada por el gabinete de seguridad en agosto de 2019, buscaba evitar que Aeronautics se convirtiera en una empresa estatal sujeta a regulaciones estrictas, lo que justificó la incorporación de Stolero como socio privado.
En 2021, Rafael y Stolero firmaron un acuerdo que otorgó a Rafael el control efectivo de Aeronautics, incluyendo la designación del director general. Este paso, junto con la venta de las acciones de Stolero en 2023, se realizó sin la aprobación requerida de la Autoridad de Competencia, lo que se saldó con una multa de 3 millones de shekels a Rafael en julio de 2024 por violar la ley de competencia. El informe también critica la superficialidad de la due diligence realizada sobre Stolero, basada en datos públicos y sin analizar a fondo su historial empresarial, a pesar de que se trataba de la mayor adquisición en la historia de Rafael.
Datos clave sobre la adquisición de Aeronautics
- Valor de la operación: 850 millones de shekels en 2019, un 70% por encima del valor bursátil.
- Participación: Rafael y Stolero adquirieron un 50% cada uno; Stolero financió su parte con una garantía de Rafael.
- Opción de venta: En 2023, Stolero vendió su parte por 487 millones de shekels, 74 millones por encima del valor de mercado.
- Multa por competencia: Rafael pagó 3 millones de shekels en 2024 por no notificar cambios en el control de Aeronautics.
- Investigación policial: Iniciada tras el informe de la Autoridad en 2023, enfocada en posibles delitos penales.
Contexto y desarrollo de la operación
La adquisición de Aeronautics, una empresa fundada en 1997 y especializada en sistemas aéreos no tripulados, marcó un hito estratégico para Rafael, que buscaba expandir su portafolio en el sector de drones. La empresa, que operaba en más de 50 países y empleaba a unas 1.200 personas, fue retirada de la Bolsa de Tel Aviv tras la operación. Sin embargo, el informe de la Autoridad revela que la premura por cerrar el acuerdo llevó a decisiones cuestionables. Por ejemplo, Rafael justificó la necesidad de un socio privado para evitar restricciones regulatorias, pero no exploró alternativas a Stolero ni justificó adecuadamente su selección.
En 2023, cuando Stolero anunció su intención de ejercer la opción de venta, surgieron disputas sobre la valuación de Aeronautics. Deloitte determinó que el valor de la empresa era inferior al de 2019, lo que permitió a Stolero beneficiarse de una cláusula que garantizaba un pago mínimo equivalente a su inversión inicial, más costos financieros. Esto generó tensiones, y Stolero solicitó una mediación, aunque Rafael finalmente aceptó el pago. La operación dejó a Rafael como única propietaria de Aeronautics, que pasó a ser una filial estatal sujeta a todas las regulaciones gubernamentales.
El informe también señala irregularidades en operaciones inmobiliarias vinculadas. Entre 2021 y 2022, Rafael, a través de Aeronautics y su filial Controp, participó en la compra de terrenos en Modi’in y Neve Yamin junto con una empresa de Stolero, Golden Investments, para construir oficinas. Estas transacciones, valuadas en 25.8 y 19 millones de shekels respectivamente, no fueron reportadas en tiempo real, lo que levantó sospechas de conflictos de interés, ya que Stolero se beneficiaría de los alquileres pagados por las filiales de Rafael.
La gestión actual de Rafael, encabezada por el presidente Yuval Steinitz y el director general Yoav Turgeman, heredó las consecuencias de estas decisiones. En su respuesta al informe, Rafael admitió que el proceso de selección de Stolero pudo mejorarse, pero defendió la operación como estratégica, argumentando que Aeronautics fortaleció su posición en el mercado global de drones. La empresa señaló que el informe de inteligencia empresarial sobre Stolero no halló impedimentos graves y que su selección fue aprobada por la Autoridad de Empresas.
La investigación policial sigue en curso, y aunque no se han presentado cargos formales, el caso ha generado un debate sobre la transparencia y la gobernanza en las empresas estatales. La Autoridad de Empresas, bajo la dirección de Yanki Quint durante la aprobación de la operación, enfrenta críticas por no haber identificado las irregularidades en su momento. La demora en la publicación del informe, que estuvo listo en abril de 2025 tras dos años de trabajo, también fue cuestionada por el Movimiento por la Libertad de Información, que exigió su divulgación a través de una petición judicial.