Mahmoud Khalil, egresado de la Universidad de Columbia, presentó una demanda federal contra la administración del expresidente estadounidense Donald Trump. Reclama una compensación de $20 millones por daños y perjuicios tras haber permanecido detenido más de cien días en un centro para inmigrantes. La información fue publicada por The Independent con base en documentos judiciales que preceden al proceso.
La demanda sostiene que Khalil fue víctima de arrestos en represalia y de acciones dirigidas contra activistas estudiantiles. Autoridades del gobierno lo señalaron por presuntas actividades antisemitas vinculadas a su participación en manifestaciones universitarias. “Debe haber rendición de cuentas por las represalias políticas y el abuso de poder”, afirmó Khalil. “Hago que el gobierno de Estados Unidos rinda cuentas por mí y por todos los que intentan silenciar mediante el miedo, el exilio o la detención”.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Khalil el 8 de marzo. En ese momento, participaba activamente en protestas contra la guerra en Gaza que se desarrollaban en distintos campus universitarios del país. Tras su detención, las autoridades lo trasladaron desde su domicilio en Nueva York hasta un centro de detención ubicado en Luisiana.
La acción del ICE se apoyó en una legislación de los años cincuenta, vigente desde la era del Miedo Rojo, la cual permite expulsar a ciudadanos extranjeros cuya permanencia se considere perjudicial para la política exterior de Estados Unidos. El entonces secretario de Estado, Marco Rubio, invocó esa normativa para justificar el procedimiento contra Khalil.
Posteriormente, un juez federal resolvió que la administración no contaba con fundamentos legales suficientes para retener ni deportar a Khalil. El tribunal desestimó el argumento de que su presencia constituía una amenaza para la seguridad nacional. A raíz de esa decisión judicial, Khalil quedó en libertad bajo fianza a fines de junio.
El gobierno sostiene que Khalil ocultó información relevante al solicitar la residencia permanente, en particular su supuesta vinculación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). Khalil niega esa acusación y califica su arresto como una medida represiva motivada por sus posturas políticas.