Varias peticiones presentadas recientemente ante el Tribunal Supremo ejemplifican muchos de los problemas estructurales del sistema judicial israelí. Entre los temas que han generado una confrontación directa entre el gobierno y el Poder Judicial figuran el nombramiento del nuevo director del Shin Bet, el general de división David Zini, la destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara y el intento de obligar al ministro de Justicia, Yariv Levin, a reconocer a Yitzchak Amit como presidente autoproclamado del Tribunal Supremo.
Este enfrentamiento institucional se ha gestado durante años, incluso décadas, desde que el expresidente del Supremo, Aharon Barak, emprendió una reforma integral del sistema legal según su propio enfoque. Las “Leyes Básicas” comenzaron a adquirir el peso de una Constitución no declarada. La figura del fiscal general pasó a ser considerada la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en lo que respecta al interés público en asuntos legales.