Una demanda federal presentada en Washington acusa a la agencia de refugiados palestinos de la ONU, UNRWA, de colaborar con grupos terroristas, en nombre de ciudadanos estadounidenses víctimas de ataques de Hamás y Hezbolá, así como de sus familiares. Los demandantes sostienen que la agencia facilitó las acciones de esos grupos y reclaman su responsabilidad legal en los hechos.
El New York Times reportó que la demanda se fundamenta en una decisión del Departamento de Justicia de abril, que establece que la UNRWA no tiene inmunidad frente a las demandas presentadas en tribunales estadounidenses. En su declaración, el Departamento argumentó que los órganos subsidiarios de la ONU no gozan de la misma protección legal que la organización principal.
Según la acusación, la UNRWA habría proporcionado asistencia material directa a Hamás y Hezbolá en contravención de las leyes antiterroristas. También se afirma que la filial estadounidense de la agencia, UNRWA USA, canalizó fondos mediante campañas de recaudación destinadas a beneficiar a los mismos grupos.
El documento judicial sostiene que, en lugar de promover la estabilidad, la agencia propaga discursos contrarios a Israel y actitudes antisemitas a través de sus servicios, declaraciones institucionales y contenidos educativos. Los denunciantes responsabilizan a la UNRWA por difundir estos mensajes entre las comunidades bajo su administración.
Otra demanda, interpuesta en Nueva York en 2023 por familiares de más de 100 víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre, continúa su curso judicial. Ambos procesos comparten acusaciones contra la UNRWA por su presunto vínculo con las acciones del grupo terrorista.
Establecida en 1949 tras la guerra entre Israel y los ejércitos árabes, la UNRWA presta servicios sociales, sanitarios y educativos a millones de palestinos en Gaza, Judea, Samaria y países vecinos como Siria, Líbano y Jordania. La agencia registra a unos 5,9 millones de personas como refugiados palestinos.
Israel sostiene que la definición de refugiado aplicada por la UNRWA perpetúa la guerra al permitir la herencia del estatus por descendencia, a diferencia de otras agencias de la ONU que no contemplan esa posibilidad. Esta política, según Israel, contribuye al aumento constante de la población refugiada registrada.
En noviembre, la Knéset aprobó una ley que prohíbe las operaciones de la UNRWA en Israel. La decisión recibió respaldo mayoritario, incluidos partidos opositores, tras publicarse pruebas que vinculan a empleados de la agencia con actividades terroristas, como su participación en la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre y el uso de instalaciones de la UNRWA para fines armados.
Israel también presentó documentación que vincula a escuelas administradas por la agencia con discursos de odio contra Israel y la exaltación de atentados. Estas evidencias sirvieron de base para la legislación aprobada por el parlamento israelí.
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden sostuvo que la ONU mantenía su inmunidad ante los tribunales de EE. UU. y que, en consecuencia, la demanda interpuesta en Nueva York no podía avanzar. Esa postura fue revertida en abril, cuando la misma institución declaró que la UNRWA no goza de protección legal frente a estas acciones judiciales.