El Ejército de Defensa de Israel informó el sábado que las fuerzas israelíes sellaron las viviendas en Judea y Samaria de los dos palestinos responsables del ataque armado mortal en Jerusalén la semana pasada. Esta acción prepara la demolición planificada de esas residencias. Los atacantes, Mohammad Taha de 21 años y originario de Qatanna, y Muthanna Amro de 20 años y procedente de Qubeiba, causaron la muerte de seis personas e hirieron a más de una docena en el cruce de Ramot el lunes. Un soldado fuera de servicio y civiles armados abatieron a los agresores.
Israel aplica la demolición de viviendas de palestinos acusados de ataques terroristas mortales como política establecida. Las residencias de los dos atacantes recibieron inspecciones para evaluar su demolición posible. El sellado actúa como medida temporal o intermedia antes de la demolición definitiva. El proceso de demolición demanda varios meses porque la Corte Suprema resuelve los recursos de las familias. Las fuerzas de seguridad esperan el momento idóneo para ingresar en ciudades o barrios palestinos y ejecutar la operación.
El Ejército de Defensa de Israel comunicó que, durante la última semana, detuvo a más de 20 sospechosos en las localidades de origen de los terroristas. Además, registró más de 700 sitios en esas áreas. La Administración Civil, organismo del ministerio de Defensa dependiente de COGAT, demolió estructuras ilegales en Qatanna y Qubeiba. Estas acciones siguieron al ataque en Jerusalén y formaron parte de las operaciones de seguridad en la región.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las autoridades que impusieran sanciones civiles a los familiares de los dos atacantes y a los residentes de Qatanna y Qubeiba. Esta directiva equivale a un castigo colectivo contra palestinos sin acusaciones de participación en el asalto ni conocimiento del mismo. Katz anunció la revocación de 750 permisos de trabajo y entrada a Israel para esas personas.
La política israelí prohíbe a familiares directos de palestinos acusados de terrorismo trabajar en Israel. Sin embargo, las autoridades israelíes anulan con menor frecuencia los permisos de parientes más lejanos. Funcionarios israelíes declararon que esta medida disuade a los palestinos de planear ataques terroristas porque afecta la subsistencia de sus familias extendidas. Los críticos definen la medida como castigo colectivo.
“La imposición de castigos colectivos está prohibida tanto por la legislación israelí como por el derecho internacional humanitario. Tales acciones constituyen crímenes de guerra”, escribió la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) a la fiscal general Gali Baharav-Miara. “Solicitamos que instruya al ministerio de Defensa y al ejército a cesar de inmediato la comisión de crímenes de guerra”.
La Oficina del Fiscal general declinó emitir comentarios sobre la carta de la ACRI. Esta respuesta mantiene la posición oficial ante las acusaciones de violaciones legales en las sanciones aplicadas.