El domingo por la noche el gobierno presentó su respuesta a la propuesta de la Corte Suprema sobre la posible destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara. En este documento, el Ejecutivo afirmó que las órdenes dictadas en el caso “contradicen la ley, la democracia y el interés público, y socavan fundamentalmente el derecho del gobierno a un proceso justo”.
El gobierno indicó que el marco legal vigente le otorga la autoridad para nombrar y también para cesar a un fiscal general. Sostuvo que esta atribución se encuentra amparada en la normativa pertinente y constituye una facultad legal del Ejecutivo.
En el texto remitido al tribunal, el Ejecutivo manifestó que, ante la situación actual de seguridad y la necesidad de regular el marco de asesoramiento legal, aceptará “por razones prácticas y bajo protesta” reexaminar el asunto con base en el marco propuesto por el Comité Shamgar, siempre que el proceso se realice “de manera rápida y eficiente”, tal como lo establece el informe del comité.