El gobierno español anuló un contrato por casi 700 millones de euros, equivalente a $825 millones, destinado a la compra de lanzadores de cohetes diseñados en Israel, conforme a un documento oficial que AFP obtuvo el lunes. Esta medida surgió después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la semana pasada su intención de consagrar por ley la suspensión total de ventas o adquisiciones de equipo militar israelí. La acción respondió directamente a la ofensiva israelí en Gaza, que generó una condena unánime en el Ejecutivo.
El acuerdo, otorgado en octubre de 2023 a un consorcio de firmas españolas, preveía la entrega de doce unidades del sistema SILAM. Este equipo deriva de la plataforma PULS, producida por la empresa israelí Elbit Systems, según detalla el Military Balance del International Institute for Strategic Studies. De esta forma, España buscaba fortalecer su capacidad de artillería con tecnología avanzada.
El SILAM permite el lanzamiento de diversos cohetes con un radio de acción máximo de 300 kilómetros, o unas 186 millas. Elbit Systems habría percibido 150 millones de euros, es decir, $176,3 millones, de acuerdo con el informe del medio Globes. Tales especificaciones técnicas subrayan el potencial estratégico del sistema, aunque ahora queden en suspenso por la decisión política.
Medios locales y el diario Haaretz divulgaron inicialmente la revocación, que se concretó el 9 de septiembre en la plataforma pública de contrataciones de España. Justo el día previo, Sánchez expuso un paquete de iniciativas para frenar lo que su gobierno de izquierda denomina el genocidio en Gaza. Entre ellas destacaba un decreto que prohíbe explícitamente el comercio de material bélico con Israel, motivado por la escalada de la ofensiva posterior al asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Además de esta interrupción, España ratificó la anulación de otro convenio por 287 millones de euros, o $337,5 millones, para 168 lanzadores de misiles antitanque fabricados bajo licencia israelí. La prensa había revelado este caso en junio, y ahora forma parte de una auditoría exhaustiva que el Ejecutivo impulsa para erradicar gradualmente las armas y tecnologías de Israel en sus Fuerzas Armadas, según revela el diario La Vanguardia.
El Delas Center, un centro de estudios sobre seguridad radicado en Barcelona, calculó en abril que España adjudicó 46 contratos a compañías israelíes desde el estallido de la guerra en Gaza, con un monto global de $1.044 millones basado en datos de licitaciones abiertas. Esta cifra ilustra la magnitud de las vínculos previos, que el gobierno actual desmantela con rapidez ante la presión humanitaria.
Israel inició su operación contra Hamás tras la matanza del 7 de octubre de 2023, que causó cerca de 1.200 muertos y 251 secuestros. La respuesta devastó amplias zonas de Gaza y desató una crisis humanitaria que las organizaciones de ayuda describen como creciente e incontrolable. En este panorama, las acciones de España marcan un quiebre con aliados tradicionales.
Pedro Sánchez emerge como el líder europeo de mayor jerarquía que tilda los combates en Gaza de genocidio, lo que lo posiciona como un opositor vehemente a las políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta postura ha tensado las relaciones bilaterales durante meses, especialmente desde que Madrid reconoció al Estado palestino en 2024 y dejó vacante su embajada en Israel.
La semana pasada, España apartó a su embajador en Tel Aviv tras un intercambio diplomático cargado de reproches sobre las reformas de Sánchez. Asimismo, citó al encargado de negocios israelí en Madrid, después de que Netanyahu lo acusara de lanzar una amenaza genocida contra su país. El detonante fue un lamento de Sánchez por la imposibilidad de emplear armas nucleares para cesar la contienda en Gaza.
Incluso el deporte español refleja esta fricción política en semanas recientes. Manifestantes propalestinos y contrarios a Israel acortaron varias etapas de la Vuelta a España en Bilbao, al irrumpir en los recorridos y demandar la descalificación del equipo Israel-Premier Tech. Tales protestas extienden la guerra más allá de los despachos oficiales.
Por último, siete ajedrecistas israelíes abandonaron un torneo en España la semana pasada, según los organizadores, quienes les habían notificado que no podrían competir bajo su enseña nacional. La decisión citaba la guerra en Gaza y mostraba solidaridad con los palestinos.