La Comisión Nacional para la Justicia Transicional en Siria anunció que el Séptimo Juez de Instrucción de Damasco, Tawfiq al-Ali, emitió una orden de detención en ausencia contra el expresidente sirio Bashar al-Assad. Los delitos imputados incluyen asesinato premeditado, tortura con resultado de muerte y privación de libertad. Estas acusaciones se relacionan con el asedio militar a la ciudad de Daraa en 2011. La medida surgió tras denuncias de familiares de víctimas y permite la circulación a través de Interpol para una posible captura internacional.
Las protestas en Daraa, localidad al suroeste de Siria cerca de la frontera con Jordania, estallaron en marzo de 2011. Las autoridades detuvieron a jóvenes acusados de pintar consignas antigubernamentales en una pared, lo que provocó manifestaciones masivas contra el régimen. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuego real, gases lacrimógenos y detenciones masivas. El 18 de marzo, disparos causaron la muerte de al menos cuatro personas, a las que activistas identificaron como las primeras víctimas del levantamiento.
Desde finales de abril hasta mayo de 2011, el asedio militar a Daraa incluyó el despliegue de tropas que rodearon la ciudad y cortaron suministros de agua, electricidad y alimentos. Las operaciones resultaron en cientos de muertes y miles de detenciones. Las fuerzas sirias irrumpieron en la mezquita al-Omari, refugio de manifestantes, y dispararon contra civiles desarmados. La violencia continuó en meses posteriores con episodios adicionales.
Organizaciones internacionales recopilaron testimonios que documentan golpizas, posiciones de estrés, violencia sexual y negación de atención médica a detenidos en instalaciones gubernamentales. Estas instalaciones formaban parte de un sistema de represión que incluía ramas de inteligencia, hospitales militares y policía militar. Los abusos afectaron a decenas de miles de personas en Siria. En Daraa, detenciones arbitrarias alcanzaron a activistas, manifestantes y civiles, muchos de los cuales desaparecieron en prisiones estatales sin rastro.
Los eventos en Daraa marcaron el inicio de la guerra civil siria, que duró más de una década y causó cientos de miles de muertes, además del desplazamiento de millones. Las protestas iniciales demandaron reformas políticas y el fin de la corrupción, inspiradas en movimientos árabes similares. El régimen respondió con represión que involucró múltiples aparatos de seguridad. Documentos internos del gobierno, recuperados en investigaciones posteriores, revelan listas de buscados que ordenaban detenciones y disparos contra participantes en manifestaciones.
Estas acciones se coordinaron desde niveles superiores del Estado, lo que generó acusaciones de crímenes contra la humanidad por el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Siria, establecido por la ONU. Tras el derrocamiento de Assad el 8 de diciembre de 2024, milicias rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al-Sham tomaron Damasco y forzaron su huida a Rusia. Las nuevas autoridades iniciaron procesos de justicia transicional.
La Comisión Nacional para la Justicia Transicional, presidida por Abdulbasit Abdul Latif, confirmó que la orden contra Assad se ampara en el artículo 49 de la Declaración Constitucional siria, que prohíbe la impunidad por crímenes graves. Investigaciones similares se extendieron contra su hermano Maher al-Assad, comandante de la Guardia Republicana, implicado en operaciones militares. Las autoridades contactaron organizaciones internacionales para ejecutar la orden, lo que podría implicar solicitudes de extradición si Assad abandona Rusia.
En noviembre de 2023, jueces franceses emitieron una orden de detención contra Bashar al-Assad, Maher al-Assad y otros funcionarios por uso de armas químicas en ataques de 2013 y 2017. Uno de estos ataques mató a un ciudadano franco-sirio en Daraa. Tras la caída del régimen, el descubrimiento de fosas comunes y archivos secretos proporcionó pruebas sobre desapariciones forzadas y torturas sistemáticas en más de 100 instalaciones de detención desde 2011.
Familiares de víctimas en Daraa presentaron denuncias colectivas que impulsaron el caso. Estos testimonios detallan allanamientos de hogares, redadas nocturnas y traslados de detenidos a centros en Damasco y otras provincias, donde sufrieron interrogatorios violentos. Human Rights Watch documentó al menos 72 muertes en Daraa en las primeras semanas de protestas, con cuerpos que mostraban signos de tortura al devolverse a familias.
El informe del Mecanismo de la ONU, basado en más de 300 entrevistas, confirma que estas prácticas integraron una estrategia gubernamental para sofocar la disidencia, con efectos en la salud física y mental de sobrevivientes y comunidades. En la transición posconflicto, las autoridades sirias priorizaron la documentación de crímenes para evitar repeticiones y promover reconciliación. La orden contra Assad representa un paso inicial, aunque su ejecución depende de cooperación internacional dada su ausencia.
Investigaciones paralelas examinan episodios como bombardeos en Alepo y uso de barriles explosivos en áreas civiles, que causaron miles de víctimas. La Comisión Transicional anunció planes para expandir indagaciones a funcionarios menores en la cadena de mando durante el asedio de Daraa y otros sitios. Los eventos de 2011 en Daraa atrajeron intervenciones extranjeras, con Rusia e Irán que apoyaron al régimen, mientras Turquía y países occidentales respaldaron opositores.
La caída del régimen en 2024 alteró el equilibrio y permitió que estructuras judiciales aborden violaciones pendientes. La orden de detención emitida en Damasco se suma a esfuerzos globales por rendición de cuentas. Desafíos persisten en la recolección de evidencia y la protección de testigos.
