La Marina inició en 1983 el programa ATA para un avión furtivo embarcado y en 1988 adjudicó a General Dynamics/McDonnell Douglas el desarrollo del A-12.
Origen, ajustes de adquisición y cronograma con hitos de alto riesgo
La Marina lanzó el esfuerzo Advanced Tactical Aircraft en 1983 con la meta de contar a mediados de los noventa con un avión de ataque furtivo embarcado. Tras concepto y diseño, en enero de 1988 General Dynamics y McDonnell Douglas recibieron un contrato de desarrollo a precio fijo, con primer vuelo previsto en 1990. El esquema obligó a revisiones en fechas cerradas y entregas secuenciadas, con opciones de producción tras validar la configuración.
Entre 1989 y 1990, el Departamento de Defensa ejecutó la Major Aircraft Review y redefinió programas. El secretario de Defensa redujo la adquisición del A-12 de 858 a 620 unidades y ralentizó el ritmo anual. La documentación al Congreso mostró el deslizamiento del primer vuelo, primero de junio a diciembre de 1990 y después a junio de 1992, lo cual elevó el riesgo de incumplimiento del plan contractual fijado desde 1988.
El 31 de mayo de 1990, la Marina ejerció la opción del Lote 1 por seis aparatos con precio fijo de $1.198 millones. El 1 de junio de 1990, el contratista comunicó un nuevo retraso del primer vuelo, la previsión de superar el techo del contrato y la imposibilidad de cumplir ciertas especificaciones. En julio, la Marina emitió carta de casi orden de causa y, ante la falta de acuerdo, fijó unilateralmente diciembre de 1991 como nuevo hito sin aumentar el techo.
Órganos de control internos y externos detectaron deficiencias de información y gobernanza. El 28 de noviembre de 1990, la Marina emitió un informe que derivó en censuras, reasignaciones, una petición de retiro anticipado y una amonestación. El 29 de noviembre, el Inspector general señaló error al aceptar garantías generales sin análisis suficientes. El 13 de diciembre, el subsecretario de Adquisiciones presentó su renuncia efectiva el 31 de diciembre, y el 14 de diciembre el secretario de Defensa exigió justificar la continuidad.
Fechas, cifras y decisiones clave del programa A-12
- Contrato FSD adjudicado en enero de 1988 con primer vuelo inicialmente en 1990.
- Reducción de 858 a 620 aeronaves tras la Major Aircraft Review de 1989-1990.
- Lote 1 ejercido el 31 de mayo de 1990 por $1.198 millones.
- Rescisión por incumplimiento ordenada el 7 de enero de 1991 por la Marina.
- Arreglo informado el 23 de enero de 2014 por 400 millones en total.
Rescisión por incumplimiento, fundamentos contractuales y efectos financieros
El 7 de enero de 1991, por orden del secretario de Defensa, la Marina resolvió el contrato de desarrollo del A-12 por incumplimiento mediante la modificación P00060 del contrato N00019-88-C-0050. El 6 de febrero de 1991, el Departamento de Defensa aplazó la recuperación de 1.350 millones en pagos por avances a la espera del litigio. La GAO señaló asignaciones de unos 6.700 millones y un gasto cercano a 3.000 millones hasta la cancelación.
La base jurídica se apoyó en la naturaleza del contrato y en el seguimiento de plazos. El A-12 se encuadró como investigación y desarrollo de precio fijo, con incorporación por referencia de cláusulas de pagos, cambios, rescisión por conveniencia y rescisión por incumplimiento. La administración sustentó la terminación en el incumplimiento del calendario tras aplazamientos del primer vuelo y la dificultad de completar la revisión crítica de diseño en el plazo pactado.
El Inspector general y la GAO documentaron tensiones financieras y de gestión. La Agencia de Auditoría de Defensa evaluó la capacidad financiera de McDonnell Douglas en septiembre y noviembre de 1990 como débil frente a estándares sectoriales, sin riesgo inmediato para el cumplimiento, y recomendó vigilancia. El Grupo de Análisis de Costes proyectó escenarios de coste total del desarrollo según el avance técnico al primer vuelo y nuevas demoras, con cifras mayores cuanto más distante quedaba el hito.
Tras la cancelación, la GAO informó sobre posibles responsabilidades y alternativas. En 1991 explicó que convertir la rescisión por incumplimiento a conveniencia elevaría de manera notable la responsabilidad del Gobierno al incluir la mayoría de los costes incurridos. Señaló opciones transitorias y de reemplazo para la flota de ataque, con la producción del A-6 ya cesada, y detalló el seguimiento del material, el contrato y los desembolsos planificados tras la terminación.
Litigio prolongado, doctrina de secretos de Estado y acuerdo final
Los contratistas impugnaron la rescisión por incumplimiento ante el Tribunal de Reclamaciones Federales con arreglo a la Ley de Disputas Contractuales. En 2007, ese tribunal falló a favor del Gobierno y, en 2009, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó la cancelación y trató los pagos en curso y sus intereses. El Tribunal Supremo aceptó revisar el asunto ante alegaciones sobre una defensa basada en conocimiento superior no revelado por el Gobierno.
El 23 de mayo de 2011, el Tribunal Supremo estableció que, si la protección de secretos de Estado obliga a desestimar una defensa prima facie válida del contratista, el remedio adecuado consiste en dejar a las partes en la posición existente el día de la demanda, sin reparación para ninguna. La decisión remitió el caso al circuito para actuaciones consistentes. La doctrina quedó fijada en General Dynamics Corp. v. United States, 563 U.S. 478 (2011).
El 23 de enero de 2014, el Departamento de Justicia informó que el Gobierno de Estados Unidos, The Boeing Company y General Dynamics solicitaron al Tribunal de Reclamaciones Federales la desestimación del litigio como parte de un acuerdo. Ese día, Reuters indicó un arreglo de $400 millones, con 200 millones por empresa, que cerró una disputa de 23 años sobre la terminación por incumplimiento del contrato adjudicado en 1988.
Durante 1990, los órganos de control examinaron pagos por avance. El Inspector general registró la aplicación de ratios de pérdida a solicitudes de progreso de septiembre a noviembre y dejó constancia de la ausencia de solicitudes en diciembre, además de remitir asuntos a la División de Investigación Criminal de Defensa. Tras la resolución, cualquier propuesta de reestructurar el contrato o convertirlo a otro formato quedó sin objeto por efecto de la rescisión por incumplimiento.