Hamás y otras facciones palestinas con base en Gaza rechazaron esta noche el borrador de resolución de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU que propone crear una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja y avalar el plan de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
En un comunicado difundido en nombre de las facciones, calificaron el texto de “peligroso”, advirtieron que “intenta someter la Franja de Gaza a la autoridad internacional”, rechazaron cualquier cláusula de desarme y se opusieron a una presencia militar extranjera no directamente subordinada a Naciones Unidas y sin coordinación con instituciones palestinas oficiales. La votación está prevista para hoy lunes 17 de noviembre de 2025 en Nueva York.
El borrador estadounidense que Washington circuló a principios de noviembre define un mandato de dos años tanto para una administración de transición —denominada “Junta de la Paz” en los documentos— como para una Fuerza Internacional de Estabilización con autorización para “usar todas las medidas necesarias”, fórmula habitual del Consejo de Seguridad para permitir el uso de la fuerza.
El texto faculta a la fuerza a proteger a la población y las operaciones de ayuda, asegurar áreas fronterizas con Israel y Egipto en coordinación estrecha con ambos países y con una policía palestina “nueva, formada y verificada”, cuya capacitación y apoyo quedarían a cargo de la propia fuerza. El borrador fija como tarea la desmilitarización de los grupos armados no estatales en Gaza y la “decomisión permanente” de sus armas.
Sobre las reglas de enfrentamiento y la autoridad legal, el lenguaje “todas las medidas necesarias” equipara a la Fuerza Internacional de Estabilización con misiones robustas autorizadas bajo el Capítulo VII de la Carta, y el esquema prevé un mando unificado acordado por la Junta de la Paz y en consulta con Egipto e Israel tras la firma de los acuerdos de estatus de misión y de fuerzas. Estados Unidos excluyó el despliegue de sus propias tropas, al tiempo que mantuvo conversaciones con posibles contribuyentes como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Azerbaiyán.
La versión del texto que manejan diplomáticos en Nueva York sitúa la vigencia de la fuerza hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de renovación, y vincula su despliegue al marco de la “Junta de la Paz”, un órgano transitorio previsto en el plan de Trump y descrito en medios como presidido por el propio mandatario. Esa redacción reduce el papel de la Autoridad Palestina en la gobernanza futura, al tiempo que habla de una administración palestina de tecnócratas bajo tutela transitoria. Fuentes diplomáticas francesas han confirmado que el texto debe “discutirse” para reflejar posiciones árabes vecinas.
Las filtraciones coinciden con resúmenes periodísticos y con una carta del Banco Mundial al embajador estadounidense ante la ONU en la que la entidad respalda el establecimiento por resolución del Consejo de Seguridad de una autoridad transitoria con facultades para coordinar reconstrucción y recuperación económica mediante un fondo fiduciario específico. Ese intercambio, fechado el 9 de noviembre, eleva a unos $70.000 millones la estimación actualizada del costo de la reconstrucción.
En cuanto a composición y calendario, el Departamento de Estado ha descartado tropas estadounidenses y ha sondeado a países musulmanes y árabes. Indonesia afirmó haber entrenado hasta 20.000 efectivos con perfil sanitario e ingenieril para una eventual misión en Gaza. Funcionarios egipcios han señalado que en Nueva York se trabajaba en una nueva versión del borrador para ajustar mandato y marco legal.
El núcleo más sensible del texto es el lenguaje de desmilitarización. El borrador remite a “desmilitarizar a los grupos armados no estatales” y al “desarme permanente” de arsenales, mientras vincula el avance de esa tarea con el despliegue de la fuerza y con la creación de una policía palestina verificada. Informes periodísticos sobre versiones más recientes del texto añaden referencias al “derecho del pueblo palestino a la autodeterminación” y a una retirada israelí por fases, aunque Rusia, China y Argelia han objetado el esquema de la Junta de la Paz y han exigido cambios sustantivos antes de cualquier apoyo.
Las posturas dentro del Consejo de Seguridad están fragmentadas. Moscú registró el 13 de noviembre un texto alternativo que evita mencionar la Junta de la Paz y encomienda al secretario general estudiar opciones para una fuerza de estabilización, en abierta competencia con el proyecto de Washington. Pekín y Argel han expresado reservas, y diplomáticos señalan en privado escenarios de abstención o de veto en función del texto final “en azul”. Aun con revisiones de última hora, la aritmética del Consejo exige nueve votos afirmativos y ausencia de veto de los cinco permanentes.
Israel exige garantías verificables de seguridad, control de los pasos y un alcance real de la desmilitarización. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel decidirá qué tropas extranjeras serían aceptables como parte de una fuerza internacional, y que se reserva vetar presencias consideradas hostiles, con especial oposición a un contingente turco. El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró en las últimas horas la meta de “desarmar a Hamás” y su rechazo a la creación de un Estado palestino, en paralelo a su exigencia de una Franja “totalmente desmilitarizada”.
La Autoridad Palestina, por su parte, ha declarado su disposición a asumir responsabilidades en Gaza tras la guerra y a trabajar con socios regionales e internacionales, aunque reivindica un papel central propio y la reunificación institucional con Judea y Samaria. La ANP ha mostrado apertura a que fuerzas internacionales apoyen seguridad de fronteras y reconstrucción, con énfasis en el retorno de fuerzas de seguridad palestinas a la Franja. Declaraciones y documentos recientes de Ramala y de sus aliados apuntan a coordinación con Egipto y Jordania en la formación de esa fuerza palestina.
El rechazo actual de Hamás retoma líneas conocidas de su discurso. El movimiento islámico se opuso en años previos a cualquier desarme y a la presencia de fuerzas internacionales no subordinadas de forma directa a la ONU y sin aval de instituciones palestinas. Portavoces y dirigentes han reiterado que las armas de la “resistencia” no están en negociación, y que aceptar un marco de tutela internacional infringiría la “soberanía” palestina. Documentos ideológicos y entrevistas confirman esa resistencia al desarme, mientras su ala militar, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, mantiene influencia determinante en las decisiones estratégicas.
La estructura de poder interno en Gaza sigue condicionada por la relación entre Hamás y Yihad Islámica Palestina y, sobre todo, por el peso de los mandos de las Brigadas al-Qassam frente al liderazgo político. Análisis recientes de institutos especializados y reportes periodísticos describen una organización golpeada por pérdidas de mandos, pero aún capaz de reconstruir redes de control local, con comités de seguridad y recaudación de tasas, y con una narrativa pública que mantiene la negativa al desarme como línea roja.
El componente de gobernanza del plan estadounidense contempla una “administración palestina apolítica” supervisada por la Junta de la Paz. De acuerdo con materiales y análisis difundidos por medios y centros de estudio, ese órgano transitorio asumiría competencias sobre seguridad, reconstrucción y coordinación internacional, con participación de tecnócratas palestinos y cooperación con instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial ha señalado que un mandato claro del Consejo de Seguridad facilitaría su implicación operativa, con un posible fondo fiduciario para Gaza.
En el plano jurídico, académicos y plataformas de análisis han cuestionado la compatibilidad de una administración tutelada y del desarme coercitivo con el derecho a la autodeterminación, mientras otros autores solicitan un mandato del Consejo de Seguridad que clarifique bases legales, líneas de mando y fiscalización internacional. Los debates se centran en la fuente de autoridad de la Junta de la Paz, el alcance del Capítulo VII y la articulación con resoluciones previas sobre el territorio palestino ocupado.
Entre los antecedentes regionales, misiones como la FPNUL en Líbano y la FNUOS en el Golán ofrecen marcos de referencia sobre presencia internacional y zonas de separación, aunque su mandato no incluyó el desarme completo de milicias por la fuerza. En otros contextos, misiones como la de Sierra Leona (UNAMSIL) y Liberia (UNMIL) sí ejecutaron desarme, desmovilización y reintegración de decenas de miles de combatientes, en coordinación con autoridades locales y con respaldo robusto. Estos casos ilustran diferencias sustantivas de entorno, misión y aceptación local.
El impacto sobre la población civil de Gaza aparece en el centro de las consideraciones. Testimonios recogidos por agencias señalan que, tras el cese del fuego de octubre, estructuras administrativas ligadas a Hamás han intentado reimponer controles locales y regular precios, mientras la entrada de ayuda aumentó respecto a la fase anterior de la guerra. Fuentes de Estados Unidos han sostenido que “Hamás no gobernará” en la nueva etapa. Comerciantes y residentes describen incertidumbre económica y variaciones bruscas de precios mientras persiste la espera de una transición institucional.
En el entorno regional, Egipto ha operado como mediador principal y socio fronterizo crítico, y mantiene consultas sobre el texto y el eventual mandato de la fuerza en coordinación con actores árabes y europeos. Indonesia ha confirmado preparación de personal para tareas de apoyo sanitario y de ingeniería. Qatar, mediador a lo largo de la guerra, ha expresado en foros internacionales su preferencia por una solución que viabilice la gobernanza palestina y la reconstrucción con garantías.
En el plano interno estadounidense, la iniciativa de la Casa Blanca ha generado apoyos y críticas. Informes del Congreso y pronunciamientos de grupos de presión y centros de pensamiento reflejan respaldo al alto el fuego y a una fuerza internacional con mandato claro, junto con objeciones sobre el diseño y la tutela transitoria. Estudios de Brookings y CSIS reclaman definiciones precisas sobre retirada israelí, papel de la ANP y cronograma de reconstrucción.
La cobertura mediática internacional sobre el rechazo de Hamás se distribuye entre marcos que presentan la propuesta como oportunidad de reconstrucción bajo tutela internacional, como imposición que relegaría a la ANP, o como mecanismo de neutralización de grupos armados. Agencias y medios de referencia han detallado las objeciones de Rusia, China y Argelia, las revisiones introducidas por Estados Unidos y el calendario de votación en el Consejo de Seguridad.
