Trump anunció que declara anulados documentos firmados con autopen durante el mandato de Biden y ordenó revisar órdenes, indultos y decretos presuntamente sin autorización directa.
Anuncio presidencial y alcance de la anulación por firmas con autopen
El 28 de noviembre, Donald Trump anunció que considera anulados todos los documentos oficiales firmados mediante autopen durante el mandato de Joe Biden, y sostuvo que esas órdenes, indultos y actuaciones quedan sin efecto si no llevan su firma manuscrita. La declaración, difundida en su red social, apuntó directamente a cientos de órdenes ejecutivas y otras disposiciones de 2021 a 2025, con la acusación de que colaboradores de Biden usaron el dispositivo sin autorización directa.
Trump afirmó que “cualquier documento firmado por Sleepy Joe Biden con el autopen, que fue aproximadamente el 92 % de ellos”, queda rescindido y sin efecto alguno, y añadió que cancela todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por Biden. El presidente sostuvo además que quienes manejaron el autopen lo hicieron de forma ilegal y advirtió que una negación de Biden desencadenará acusaciones de perjurio.
Esta decisión se inscribió en una campaña desde comienzos de año para cuestionar la validez de actos del mandato anterior relacionados con el autopen, primero con foco en indultos y conmutaciones firmadas por Biden en últimos meses en la Casa Blanca, y después en órdenes ejecutivas. En marzo, Trump proclamó vacantes e ineficaces los perdones a miembros del comité sobre el 6 de enero de 2021, juicio que verificadores calificaron contrario a la práctica jurídica consolidada.
El 4 de junio de 2025, la Casa Blanca publicó un memorando presidencial titulado “Reviewing Certain Presidential Actions” con la orden de abrir una investigación sobre el uso de la firma mecánica en la etapa Biden. El texto afirmó un “grave deterioro cognitivo” del antiguo presidente, cifró en más de 1.200 los documentos emitidos y en 235 los jueces federales nombrados, y encargó identificar qué actuaciones recurrieron al autopen y quién ordenó su utilización.
Fechas y documentos clave sobre el uso presidencial del autopen
- 28 de noviembre: anuncio de Trump que declara anulados los documentos firmados con autopen durante el mandato de Biden.
- 4 de junio de 2025: memorando “Reviewing Certain Presidential Actions” que ordena investigar el uso de la firma mecánica.
- 7 de julio de 2005: dictamen de la OLC que autoriza la firma presidencial mediante autopen bajo decisión previa del mandatario.
- 2011 y mayo de 2024: uso del autopen por Obama para una prórroga de la Ley Patriota y por Biden para una prórroga de una semana de la FAA.
Marco legal y antecedentes históricos del uso presidencial del autopen
El autopen es un dispositivo mecánico que reproduce la firma de una persona con un bolígrafo real guiado por un brazo automatizado. En Washington se utiliza desde hace décadas para correspondencia en masa y para documentos oficiales. Análisis históricos sitúan sus antecedentes a comienzos del siglo XIX y registran que presidentes como John F. Kennedy o Lyndon B. Johnson autorizaron su uso para cartas, mientras Barack Obama lo empleó para leyes aprobadas fuera de la capital.
El marco jurídico básico quedó fijado en un dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, fechado el 7 de julio de 2005. Ese documento concluyó que el presidente no necesita realizar el acto físico de estampar su firma en un proyecto de ley aprobado por él y que puede formalizarla mediante la orden a un subordinado para que afije su rúbrica con autopen. La decisión no admite delegación; el acto mecánico sí.
Con base en ese dictamen, presidentes de ambos partidos admitieron el uso del autopen para la promulgación de leyes. En 2011, Obama autorizó la firma de una prórroga de la Ley Patriota mientras se encontraba en Europa, y la Casa Blanca confirmó otros casos. Informaciones posteriores documentaron que Biden recurrió al mismo mecanismo en mayo de 2024 para firmar una prórroga de una semana de la financiación de la FAA y evitar una interrupción operativa.
Especialistas en derecho constitucional y administrativo consultados por verificadores y medios generalistas coincidieron en que no existe una ley específica sobre el autopen presidencial y que la clave jurídica reside en la decisión efectiva del mandatario. Para los indultos, varios catedráticos citados por PolitiFact y otras cabeceras recordaron que la Constitución no exige un formato escrito ni una firma manuscrita, y subrayaron que la jurisprudencia federal del siglo XIX considera irrevocable un perdón completado.
Implicancias, revisión de actos y controversia política en el Congreso
Tras meses de presión de grupos afines, en particular el proyecto Oversight Project de la Fundación Heritage, que popularizó el lema “quien controla el autopen controla la presidencia” y recopiló ejemplos de firmas idénticas en documentos oficiales, el informe del Comité de Supervisión incorporó parte de ese material. Después del mensaje de Trump del 28 de noviembre, el propio Oversight Project agradeció al presidente que ordenara a su administración actuar con base en esas conclusiones.
En paralelo, la mayoría republicana del Comité de Supervisión difundió el 28 de octubre de 2025 un informe titulado “The Biden Autopen Presidency: Decline, Delusion, and Deception in the White House”. El documento sostuvo que asesores y el médico de Biden ocultaron su deterioro y que varios colaboradores ejercieron autoridad presidencial al ordenar y tramitar actos ejecutivos firmados con autopen sin autorización directa. También señaló deficiencias de registros e irregularidades en indultos finales, incluidos casos familiares.
Los redactores del informe concluyeron que actuaciones ejecutivas firmadas con autopen sin autorización directa deben considerarse inválidas y pidieron al Departamento de Justicia una revisión exhaustiva de ese periodo. El presidente del comité, James Comer, acompañó el documento con una petición formal a la fiscal general Pam Bondi para investigar a asesores, entre ellos el médico Kevin O’Connor y los colaboradores Annie Tomasini y Anthony Bernal, quienes se acogieron a la Quinta Enmienda ante el Congreso.
Análisis citados señalaron que un presidente puede dejar sin efecto órdenes ejecutivas de sus predecesores mediante nuevas órdenes o revocaciones, con independencia del instrumento de firma. Ese criterio no se extiende a indultos ni conmutaciones ya otorgados, considerados definitivos una vez emitidos y comunicados, sin un mecanismo constitucional ordinario para anularlos de forma unilateral. El planteamiento se apoya en el dictamen de 2005, en opiniones previas del Departamento de Justicia y en decisiones federales.
Respuestas de Biden y alcance de la revisión ordenada por Trump en junio
Frente a las acusaciones, Joe Biden defendió que todas las decisiones de su presidencia pasaron por su criterio. En un comunicado de junio declaró: “Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación en sentido contrario es ridícula y falsa”, y calificó la investigación sobre el autopen como distracción. Sus colaboradores demócratas en Supervisión tacharon el informe de farsa y negaron pruebas de adopción a espaldas del presidente.
La nueva afirmación de Trump de que el 92 % de las órdenes ejecutivas de Biden resultan inválidas por haberse firmado con autopen no se apoya en un recuento detallado. Sí coincide con el lenguaje del memorando presidencial del 4 de junio, que describió una “vasta mayoría” de actuaciones con firma mecánica. A partir de esa premisa, la nota planteó revisar caso por caso qué decisiones contaron con intervención directa y cuáles se tramitaron mediante asesores.
El informe republicano de la Cámara de Representantes, al que la decisión anunciada por Trump remitió de forma explícita, sostuvo en uno de sus apartados que las actuaciones ejecutivas de la administración Biden firmadas con autopen sin autorización directa documentada deben considerarse nulas y sin efecto. Los miembros demócratas del comité rechazaron esa formulación y cuestionaron la ausencia de pruebas directas que acrediten la adopción de políticas al margen del entonces presidente.
El memorando del 4 de junio encargó identificar con precisión qué órdenes, indultos, proclamaciones, memorandos y otras decisiones del periodo 2021-2025 se firmaron mediante autopen y quién ordenó estampar la rúbrica. El texto vinculó esa práctica a un supuesto deterioro cognitivo de Biden y presentó la cifra de más de 1.200 documentos presidenciales emitidos durante su mandato, además de 235 jueces federales nombrados, como contexto para la revisión solicitada por la presidencia de Trump.