Decisiones de defensa y cooperación con Rusia llevaron a la expulsión de Turquía del F-35; Estados Unidos aplicó sanciones por la compra del sistema S-400.
Decisiones sobre el S-400 y la expulsión turca del programa F-35 aliado
Las decisiones acumuladas del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan en defensa antiaérea y cooperación con Rusia causaron la pérdida del acceso turco al F-35 y la expulsión del programa internacional. La opción por el sistema ruso S-400, formalizada en 2017 por unos $2.500 millones, se mantuvo tras años de advertencias de Estados Unidos y de la OTAN sobre su incompatibilidad con el F-35 y sobre el riesgo de sanciones, para Ankara.
En julio de 2019, tras la llegada a territorio turco de los primeros componentes del S-400, el Pentágono anunció el inicio del proceso para desvincular a Ankara del programa F-35. En diciembre de 2020, Washington impuso sanciones a la Presidencia de Industrias de Defensa turca (SSB) bajo la ley CAATSA, con un vínculo explícito entre esas medidas y la adquisición y despliegue del sistema ruso, en aplicación de esa norma y sus mandatos.
La expulsión afectó a un socio no marginal. Turquía se incorporó en 2002, como participante de nivel 3, al programa estadounidense Joint Strike Fighter, con una contribución inicial estimada por el Servicio de Investigación del Congreso entre $125 y $175 millones. Con el tiempo, Ankara elevó su compromiso e invirtió más de $1.250 millones en la fase de producción del aparato, según datos oficiales turcos. La Fuerza Aérea anunció adquirir 100 F-35A.
En junio de 2018 se celebró en Fort Worth, Texas, la ceremonia de entrega de los dos primeros F-35 destinados a Turquía. Los aparatos permanecieron en Estados Unidos para la formación de pilotos y personal técnico turco, dentro de un esquema similar al aplicado con otros socios. Antes de que alguna aeronave llegara a bases turcas, el foco pasó del adiestramiento al choque político por la elección de defensa antiaérea.
Claves cuantitativas del caso F-35 y S-400
- Contrato S-400 de unos $2.500 millones por cuatro baterías con 45 % de anticipo y crédito ruso.
- Llegada de componentes del S-400 a Mürted: 12 de julio de 2019; exclusión del programa F-35: 17 de julio de 2019.
- Sanciones CAATSA contra la SSB y cuatro altos cargos: 14 de diciembre de 2020.
- Participación turca en el F-35: ingreso en 2002 (nivel 3), inversión en producción superior a $1.250 millones y previsión de 100 F-35A.
Participación, industria y pérdidas económicas turcas en el F-35 programa
La industria nacional asumió funciones relevantes dentro de la cadena de suministro del F-35. Turkish Aerospace Industries, Aselsan, Havelsan, Kale Aero, Alp Aviation y Ayesas fabricaron elementos estructurales y electrónicos clave. Turkish Aerospace produjo secciones del fuselaje central del F-35A como segundo proveedor. Otros fabricantes turcos aportaron la gran pantalla panorámica de cabina, subconjuntos del tren de aterrizaje y piezas del motor F135 en la instalación militar de Eskisehir, en Turquía.
Según estimaciones presentadas por el Pentágono, la arquitectura del programa contempló para la industria turca una carga de trabajo potencial superior a $9.000 millones a lo largo del ciclo de vida del avión. Esa expectativa industrial acompañó la participación turca en producción y sostenimiento, con múltiples contratos y subcontratos previstos, que el país dejó de percibir tras la expulsión, con un impacto económico directo sobre empresas y plantillas vinculadas al ecosistema aeroespacial nacional.
Esa participación se reflejó en la planificación de la Fuerza Aérea turca. Ankara anunció la intención de adquirir 100 unidades de la variante F-35A de despegue y aterrizaje convencional para reemplazar progresivamente a sus F-4 y complementar a sus F-16. El plan situó al F-35 como eje de modernización, con una transición escalonada que buscaba mantener capacidades operativas mientras avanzaban entregas y formación del personal y soporte técnico asociado nacional.
El programa no se limitó a la compra de aeronaves por parte de Ankara. La integración de proveedores turcos incluyó estructura, aviónica y elementos del motor, con Turkish Aerospace como segundo productor de fuselaje central del F-35A y con empresas como Aselsan, Havelsan, Kale Aero, Alp Aviation y Ayesas asignadas a pantallas, tren de aterrizaje y subconjuntos. Ese entramado quedó afectado por la desvinculación anunciada por Estados Unidos en 2019.
Compra del S-400, objeciones aliadas y fundamentos técnicos clave
El origen del choque remite a los esfuerzos turcos por dotarse de defensa antiaérea moderna. Durante años, Ankara buscó adquirir baterías Patriot u otros sistemas occidentales. El Departamento de Estado notificó posibles ventas en 2009 y 2018, sin concretar contratos. Las autoridades turcas alegaron que propuestas occidentales no ofrecían precio, financiación ni transferencia tecnológica suficientes para cubrir su territorio y reforzar autonomía nacional en armamento estratégica.
En ese contexto, el Gobierno de Erdogan abrió la puerta a proveedores no occidentales, primero con la selección en 2013 de un sistema chino que Turquía finalmente descartó y, más tarde, con la opción rusa. En diciembre de 2017, Turquía y Rusia firmaron el acuerdo para la compra del sistema S-400 Triumph por unos $2.500 millones, con cuatro baterías y un esquema de financiación con anticipo del 45% y crédito ruso.
La operación convirtió a Turquía en el primer país de la OTAN que adquiría el S-400, sistema diseñado para detectar y derribar aeronaves y misiles con un radio de hasta 400 kilómetros. Representantes turcos sostuvieron que la decisión buscaba cubrir necesidades urgentes de defensa frente a amenazas en sus fronteras y que no transmitía un mensaje político contra la Alianza atlántica, mientras Washington y aliados anticiparon consecuencias para la relación y participación turca en el F-35.
Washington y varios aliados occidentales fijaron desde el inicio una posición contraria. En documentos enviados al Congreso y en comparecencias públicas, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado advirtieron que la adquisición del S-400 tendría consecuencias para la participación turca en el F-35 y abriría la puerta a sanciones obligatorias por la ley CAATSA, que penaliza grandes transacciones con el sector de defensa ruso, según la legislación estadounidense de referencia.
Cronología 2018-2019 y decisiones de exclusión del programa F-35 aliado
La objeción técnica central de Estados Unidos y la OTAN señaló el riesgo de operar un sistema ruso avanzado de radares y misiles en el mismo espacio aéreo que el F-35. Los aliados sostuvieron que esa combinación permitiría al S-400 recopilar datos sensibles sobre la firma radar y otros parámetros del caza, que podrían llegar a Moscú y mejorar capacidades rusas de detección y neutralización frente a fuerzas aliadas en servicio.
Además, la estructura del S-400 se consideró incompatible con la red integrada de defensa antiaérea de la OTAN, que exige compartir datos de sensores y coordinar sistemas bajo estándares comunes, algo que Rusia no acepta. Pese a advertencias y amenazas de expulsión, el Gobierno de Erdogan mantuvo el curso y priorizó la entrega del S-400 frente a cualquier alternativa occidental disponible en calendario y condiciones, según su evaluación y necesidades.
El ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, afirmó en abril de 2018, tras reunirse con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, que el acuerdo S-400 estaba completado y que Turquía solo aceptaría debatir compras adicionales con sus aliados. En abril de 2019, responsables turcos reiteraron ante la prensa internacional que la compra del S-400 era un trato hecho que no admitía cancelación, mientras proclamaban lealtad a la OTAN en reuniones públicas.
En paralelo, Estados Unidos inició decisiones prácticas. Tras la ceremonia de 2018 en Texas, el Pentágono suspendió nuevos envíos de material relacionado con el F-35 a Turquía y elaboró un plan para retirar a pilotos y técnicos turcos en formación en bases estadounidenses. El 12 de julio de 2019 llegaron a la base aérea de Mürted las primeras partes del S-400 trasladadas desde Rusia, con un adelanto respecto a los plazos iniciales.
Reasignación industrial, sanciones CAATSA y blindaje legal posterior
Cinco días después, el 17 de julio de 2019, el Departamento de Defensa anunció en Washington que Turquía quedaba excluida del programa F-35. En una rueda de prensa, la subsecretaria de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento, Ellen Lord, y el subsecretario adjunto para Política, David Trachtenberg, explicaron que Estados Unidos iniciaba el desenlace de la participación turca como consecuencia de la llegada del S-400 al país, ese mismo mes de julio.
En esa comparecencia, Lord detalló el alcance de la ruptura industrial. Empresas turcas fabricaban más de 900 piezas distintas del F-35, repartidas entre diez proveedores, y el Pentágono destinaría entre $500 y $600 millones a ingeniería y ajustes de producción para trasladar esa carga de trabajo, en su mayoría, a fábricas estadounidenses antes de marzo de 2020. Ankara dejó de tener derecho a recibir los 100 F-35 previstos en su flota.
Aunque la decisión política se tomó en 2019, el desenganche industrial no resultó inmediato. El Pentágono permitió que ciertas plantas turcas continuaran la fabricación de piezas del F-35 de forma transitoria para evitar interrupciones en la producción mundial del avión. Posteriores comparecencias de Ellen Lord precisaron que Turquía mantendría la producción de casi un millar de componentes hasta finales de marzo de 2020, con algunos contratos activos durante 2020 adicional en determinadas plantas.
La exclusión se consolidó jurídicamente. En abril de 2021, los ocho socios restantes firmaron un nuevo memorando para producción, sostenimiento y desarrollo del F-35 sin Turquía, y Washington notificó oficialmente a Ankara su salida. Además, la Ley de Autorización de Defensa de 2020 incorporó la sección 1245, que bloqueó transferencias a Turquía salvo certificación de no posesión del S-400, renuncia a futuras entregas y ausencia de adquisiciones rusas adicionales, acreditadas por escrito.
Respuesta turca, cooperación con Moscú y nuevas alternativas aéreas
En paralelo a ese blindaje legal, la Casa Blanca activó las sanciones previstas por la ley CAATSA. El 14 de diciembre de 2020, Estados Unidos anunció medidas contra la Presidencia de Industrias de Defensa (SSB) y cuatro altos cargos por una transacción significativa con la empresa estatal rusa Rosoboronexport. Las sanciones incluyeron la denegación de nuevas licencias de exportación, restricciones de préstamos, bloqueo de activos y limitaciones de visado específicas.
Al tratarse de la principal agencia de contratación de defensa de Turquía, las medidas afectaron la capacidad de adquirir equipos y servicios de origen estadounidense. La respuesta de Ankara combinó continuidad en el despliegue del S-400 con rechazo político. Desde julio de 2019, Exteriores calificó la expulsión del F-35 de injusta y no compatible con el espíritu de alianza, reclamó compensaciones y sostuvo control exclusivo del sistema, sin integración en redes de la OTAN.
El Gobierno de Erdogan mantuvo y en ocasiones amplió la cooperación con Moscú en defensa. Responsables rusos anunciaron en 2022 un contrato para una segunda partida de S-400; un alto funcionario turco expresó reservas, aunque Ankara siguió con la exploración de compras adicionales. El sistema permanece en territorio turco y, según declaraciones de Erdogan, el país no contempla renunciar a él pese a la presión estadounidense y a la amenaza de nuevas sanciones.
La salida del F-35 forzó un reajuste en la planificación de combate aéreo de Turquía. Ankara continuó la modernización de su flota de F-16 y aceleró el desarrollo de su caza de quinta generación, el programa KAAN. En 2025, autoridades turcas y británicas firmaron en Estambul un memorando de entendimiento para la posible venta de hasta 40 Eurofighter Typhoon tras el levantamiento del veto inicial de Alemania, como solución interina, mientras avanzaba el KAAN.
Perspectivas de retorno, contactos políticos y reajustes de flota aérea
Erdogan reiteró que Turquía seguía interesada en el F-35 y planteó su retorno o un acuerdo compensatorio. En encuentros celebrados durante cumbres de la OTAN y en visitas a la Casa Blanca, expuso ante sus homólogos estadounidenses la conveniencia de revisar sanciones y expulsión. Ankara vinculó esas conversaciones a sus pagos al programa y a la pérdida de carga de trabajo industrial atribuida a la exclusión anunciada por el Departamento de Defensa.
Washington mantuvo que cualquier modificación solo resultaría posible si el S-400 desaparece del inventario turco. Además, exigió una nueva certificación ante los comités pertinentes del Congreso, conforme a la legislación vigente, que confirme la renuncia a aceptar entregas futuras y la ausencia de adquisiciones rusas que pongan en riesgo las capacidades del F-35 utilizado por numerosas fuerzas aéreas aliadas en misiones de defensa colectiva, así como la no posesión efectiva del sistema S-400 por Ankara.
Los pilotos y el personal técnico turcos que se encontraban en Estados Unidos recibieron instrucciones de abandonar el país antes de finales de julio de 2019. Esa orden completó la retirada de los contingentes en formación y clausuró las actividades de adiestramiento previstas para transición operativa, en paralelo a la suspensión de envíos de material y a la reconfiguración de la cadena de suministro del F-35 impulsada por el Pentágono estadounidense en ese periodo.
A partir de 2018, disposiciones legislativas estadounidenses incluidas en leyes de autorización y de apropiaciones de defensa prohibieron asignar fondos para transferir F-35 a Turquía mientras Ankara siguiera adelante con el S-400, salvo certificación expresa de que renunciaba a su entrega o despliegue. Esas cláusulas consolidaron la presión política y condicionaron cualquier decisión ejecutiva sobre el caso turco dentro del programa internacional del caza, en los años siguientes hasta la expulsión formal de 2019.