Washington evaluó sancionar al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y a altos cargos de su gobierno por transferencias ilegales a terroristas presos palestinos, pero desistió después de que Abbas destituyó al ministro responsable de aprobar los pagos, confirmaron un funcionario estadounidense, uno palestino y tres fuentes al tanto del caso.
El gobierno de Donald Trump planeó incluir a Abbas, su adjunto Hussein al-Sheikh, el primer ministro Mohammed Mustafa, el exministro de Finanzas Omar Bitar y el dirigente de la OLP Ahmad Majdalani en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. La decisión surgió tras descubrir que se mantenían pagos a familias de presos según la duración de sus condenas, según las fuentes.
Las sanciones por financiar terrorismo habrían afectado de forma severa la operatividad de la Autoridad Palestina, ya que los países que colaboraran con Ramala se expondrían a sanciones secundarias estadounidenses. Esto habría golpeado a una administración que ya atraviesa graves dificultades económicas y depende de la asistencia internacional para sostener sus funciones.
Días después de que la amenaza de sanciones llegó a Ramala, Washington aplazó la medida, interpretando la destitución de Bitar como prueba de que Abbas asumía el compromiso de frenar los pagos ilícitos. La Casa Blanca consideró la acción suficiente para demostrar la intención de la Autoridad Palestina de reformar el sistema de ayudas.
En febrero, Abbas firmó un decreto que eliminó el sistema de subsidios que otorgaba estipendios mensuales a terroristas presos palestinos y a las familias de agresores muertos, según la duración de sus condenas. Estados Unidos, Israel y varios aliados árabes y europeos habían exigido durante años esta reforma, calificando la política anterior de “pagar por matar”.
El nuevo decreto estableció un esquema de asistencia basado únicamente en la necesidad económica, y Majdalani fue designado para supervisarlo. La reforma reemplazó el mecanismo anterior que asignaba beneficios por criterios judiciales y buscó limpiar la imagen de Ramala ante sus socios internacionales.
Una auditoría interna realizada a comienzos de noviembre determinó que, aunque el nuevo sistema ya operaba, algunos presos, incluso recientes, seguían recibiendo estipendios por el mecanismo antiguo. El hallazgo evidenció fallos en la aplicación total de la reforma y reavivó sospechas en Washington.
Un funcionario palestino declaró que la dirigencia de la Autoridad Palestina ignoraba los pagos irregulares y que fue Ramala quien invitó a una delegación estadounidense a Judea y Samaria para certificar la existencia del nuevo sistema, lo cual —aseguró— no habría ocurrido sin plena confianza en superar la auditoría.
El despido inmediato de Bitar, autor de las aprobaciones irregulares, reflejó la decisión de Abbas de aplicar la reforma en su totalidad, afirmó el funcionario palestino. La medida buscó convencer a Washington de la seriedad del compromiso.
Un funcionario estadounidense explicó que, pese a las presiones de algunos miembros del Departamento de Estado para sancionar a los dirigentes palestinos, la Casa Blanca bloqueó la iniciativa al considerar que una acción tan dura podía enemistar a Ramala, cuyo respaldo era crucial para lograr apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU al plan de paz de Trump para Gaza.
Una fuente cercana al proceso aseguró que no era la primera vez que Washington amenazaba con sanciones a la Autoridad Palestina, frustrado por la lentitud de la eliminación del sistema “paga por matar”. Sin embargo, la misma fuente dudó de la seriedad de la advertencia, ya que este tipo de sanciones requiere meses de preparación.
Como respuesta alternativa, el Departamento de Estado impuso una medida menos severa contra Abbas, negándole junto a otros líderes palestinos los visados para asistir a la Asamblea general de la ONU en septiembre en Nueva York. La decisión respondió al reconocimiento unilateral de un Estado palestino por parte de varios gobiernos europeos a solicitud de Ramala.
Desde entonces, la administración Trump moderó su postura hacia la Autoridad Palestina. Invitó a Abbas a la cumbre de paz en Sharm el-Sheikh en octubre y buscó su colaboración para asegurar el respaldo necesario en el Consejo de Seguridad, con el fin de otorgar a la Junta de Paz de Trump la autoridad de gestionar Gaza durante dos años.
El hallazgo de los pagos ilegales alteró esa tendencia. Aunque Abbas logró “detener la hemorragia” con la destitución de su ministro de Finanzas, un funcionario estadounidense advirtió que las sanciones personales podrían reactivarse si la reforma del sistema de bienestar no se aplica plenamente.