El embajador Tom Barrack describe negociaciones para el regreso turco al programa F-35, supeditado al futuro del sistema S-400 y a la ley estadounidense.
Relación bilateral y condiciones para el retorno de Turquía al F-35
El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, explica que Washington y Ankara mantienen contactos intensos para el regreso turco al programa de cazas furtivos F-35, del que el país salió tras la compra del sistema ruso de defensa antiaérea S-400. Señala que, según la legislación estadounidense, Turquía debe dejar de operar ese sistema y deshacerse de él para recuperar su lugar en el programa, algo que describe como condición ineludible.
En un mensaje difundido en la red social X, Barrack califica estas conversaciones como las más fructíferas de casi una década y muestra confianza en un avance en los próximos meses. Precisa que el marco legal vigente en Estados Unidos considera incompatible la participación turca en el programa F-35 con la posesión del S-400. Por ello presenta la eliminación de ese sistema como condición central para restablecer la cooperación en cazas de quinta generación.
El embajador atribuye el nuevo impulso al vínculo personal entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que, a su juicio, crea un clima de cooperación distinto al de años anteriores. Explica que el objetivo de las gestiones actuales consiste en hallar una fórmula que satisfaga de manera simultánea las exigencias de seguridad de Estados Unidos y las de Turquía respecto a los F-35 y al sistema S-400.
En una conferencia en Abu Dabi, Barrack indica que, a ojos de Washington, Turquía ya ha neutralizado los aspectos operativos sensibles del S-400 porque el sistema permanece fuera de uso. Aun así insiste en que la sola posesión de ese material ruso sigue en contradicción con la ley estadounidense. Añade que las cuestiones ligadas al S-400 y al acceso a los F-35 podrían resolverse en unos cuatro a seis meses, siempre que Ankara se desprenda de las baterías.
Claves del pulso entre S-400, sanciones y programa F-35
- Turquía salió del programa F-35 en 2019, después de la llegada de los primeros componentes del sistema ruso de defensa antiaérea S-400 a su territorio.
- La ley estadounidense CAATSA obliga a imponer sanciones a países que realicen transacciones significativas con el sector de defensa de Rusia, como la compra turca del S-400.
- La sección 1245 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional prohíbe la entrega de cazas F-35 a Turquía mientras el asunto del S-400 continúe sin una solución aceptable para el Congreso.
- Washington considera incompatible cualquier participación turca en el programa F-35 con la posesión del sistema S-400, incluso si el conjunto permanece fuera de uso activo en territorio turco.
- Ankara reclama la readmisión en el programa o mecanismos de compensación por los cerca de $1.400 millones ya adelantados y por su participación industrial en el proyecto.
Contexto del sistema S-400 y salida turca del programa F-35
El origen del contencioso se sitúa en la decisión de Turquía de adquirir a Rusia el sistema de misiles tierra-aire S-400 Triumf, formalizada en 2017 y acompañada por las primeras entregas de componentes en julio de 2019. A partir de esa fecha, Estados Unidos inició la exclusión de Turquía del programa F-35, tras advertencias repetidas sobre el riesgo de que la presencia del sistema ruso facilitara a Moscú información sensible sobre las capacidades furtivas del caza.
En julio de 2019, el Gobierno estadounidense comunicó oficialmente la retirada de Turquía del programa una vez que los primeros elementos del S-400 llegaron a una base aérea cercana a Ankara. Antes de la ruptura, el país formaba parte del grupo de socios del F-35 y había encargado cerca de cien aparatos, con un pago adelantado estimado en $1.400 millones y una participación industrial que incluía la fabricación de numerosos componentes.
Tras la exclusión, los aviones ya producidos no se entregaron a la Fuerza Aérea turca y varios quedaron en bases de Estados Unidos. Las autoridades turcas sostienen desde entonces que la expulsión resultó injusta y han reclamado en diversas ocasiones tanto la readmisión en el programa como fórmulas de compensación económica por las inversiones realizadas y por la pérdida de la cadena de suministros asociada al F-35.
El otro pilar de la guerra corresponde a la legislación estadounidense sobre sanciones. En 2017, el Congreso aprobó la ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones, conocida por las siglas CAATSA, que obliga al Ejecutivo a adoptar medidas punitivas contra países con transacciones significativas con el sector de defensa ruso. En diciembre de 2020, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la Presidencia de Industrias de Defensa turca y varios altos cargos por la compra del S-400. Las medidas incluyeron límites estrictos a licencias de exportación de material de defensa y a determinados tipos de asistencia financiera y tecnológica desde Estados Unidos.
Sanciones de CAATSA, NDAA y requisitos legales para los F-35 turcos
Además, la legislación de defensa estadounidense incorporó restricciones específicas sobre los F-35. La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el ejercicio 2020 incluyó en su sección 1245 cláusulas que impiden la entrega de cazas F-35 a Turquía mientras el asunto del S-400 no se resuelva de forma satisfactoria y según criterios definidos por el propio Congreso, lo que elevó el desacuerdo sobre el sistema ruso a la categoría de condición legal explícita.
Documentos del Departamento de Estado remitidos a legisladores en 2024 y 2025 reiteran que la posición oficial de Washington permanece sin cambios. Según esos textos, la tenencia del sistema ruso continúa como obstáculo insalvable para la participación turca en el programa F-35, tanto a la luz de CAATSA como de la sección 1245 de la NDAA. Los propios documentos subrayan que los requisitos para revisar esa postura aparecen descritos con precisión en la normativa vigente.
Las alusiones de Barrack a avances en las conversaciones llegan después de varios años en los que Ankara sostuvo que el S-400 no formaría parte de la arquitectura de defensa antiaérea de la OTAN y permanecería separado de las redes aliadas. Paralelamente, responsables estadounidenses advirtieron en distintos foros que incluso un sistema no integrado y almacenado en territorio turco representaba, en su opinión, un riesgo para la seguridad de las tecnologías asociadas al F-35.
En comunicaciones oficiales y en mensajes dirigidos a congresistas, la Administración estadounidense insistió en que cualquier solución debería abordar de manera clara y permanente la cuestión de la posesión del S-400. Solo un arreglo de ese tipo permitiría, según esa postura, considerar un eventual cambio respecto a la entrega de cazas F-35 a Turquía, siempre dentro del marco que fijan CAATSA y la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Modernización militar turca, sanciones y reacciones regionales al F-35
En este nuevo escenario, la diplomacia turca ha incrementado sus contactos con Washington para limitar el impacto de las sanciones y recuperar el acceso a plataformas de combate de última generación. El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, declaró recientemente que Turquía y Estados Unidos hallarán muy pronto una fórmula para levantar las sanciones de CAATSA impuestas en 2020 por la adquisición del S-400 e indicó que esa expectativa se relaciona con el actual mandato presidencial de Donald Trump.
Según fuentes citadas en negociaciones recientes, la reaparición del expediente F-35 se inscribe en una estrategia más amplia de modernización de la flota de combate turca. Los planes incluyen la compra de cuarenta cazas Eurofighter Typhoon, con una primera partida de aparatos de segunda mano procedentes de Qatar y Omán, así como la intención de adquirir nuevos F-16 Block 70 y de mantener abierta la posibilidad de recibir F-35 si las restricciones legales desaparecen.
Las mismas fuentes sostienen que Ankara intenta aprovechar el que considera su mejor momento en años en la relación con países occidentales para cerrar acuerdos rápidos. El objetivo consiste en reforzar su poder aéreo frente a otros actores regionales y combinar capacidades externas con el desarrollo del programa nacional de caza de quinta generación KAAN, aún en fase de desarrollo, que Turquía presenta como pieza central de su ambición tecnológica en materia de defensa.
En el plano regional, la posible vuelta de Turquía al F-35 ha generado reservas en algunos aliados de Estados Unidos. El embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, expresó en noviembre que su país preferiría que Estados Unidos no avanzara en futuras transferencias de cazas F-35 a Turquía y recordó que Ankara salió del programa en 2019 tras recibir el S-400, circunstancia que reavivó el debate actual.
La situación combina este diálogo técnico-político con sanciones de CAATSA todavía vigentes y con disposiciones de la NDAA que aún impiden cualquier entrega de F-35. Pese a ello, Barrack afirma que los sistemas rusos permanecen inactivos y asegura que Turquía se acerca a su retirada del inventario en un horizonte de cuatro a seis meses, siempre que se cumplan las previsiones que expone.