El Congreso de Estados Unidos mantiene vigente desde 1998 una enmienda que prohíbe exportar el caza F-22 para proteger tecnologías militares avanzadas.
Prohibición vigente: la enmienda Obey bloquea exportación del F-22
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1998 una enmienda que impide vender el F-22 a gobiernos extranjeros. La disposición, incorporada al Acta de Apropiaciones del Departamento de Defensa para el Año Fiscal 1998, prohíbe destinar fondos de esa ley a autorizar o licenciar exportaciones del F-22. Según documentos oficiales del Departamento de Defensa, la norma continúa vigente y se fundamenta en la protección de tecnologías avanzadas, por lo que el avión permanece fuera de cualquier canal de venta internacional.
La enmienda, conocida como Obey por su promotor David R. Obey, definió un cerrojo legal específico sobre el F-22. La redacción establece que ningún fondo disponible en la ley puede respaldar procesos de aprobación o licenciamiento para exportarlo. Al mantenerse dicha restricción, toda solicitud externa carece de base presupuestaria y administrativa, lo que evita iniciar trámites formales. El efecto práctico ha sido persistente: ningún gobierno extranjero obtuvo permisos de adquisición o transferencia de esta plataforma.
Mientras la prohibición permanezca en vigor, el F-22 conserva uso exclusivo dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La flota entró en servicio operativo en 2005, lo que consolidó la exclusividad prevista por el Congreso. La justificación incluye la preservación de capacidades sensibles de baja detectabilidad, integración de sensores y rendimiento en combate aire-aire de alta intensidad. Esta arquitectura tecnológica situó al F-22 como activo crítico y favoreció una política de resguardo frente a solicitudes provenientes de aliados estratégicos.
El marco legal definió un precedente singular frente a otros programas aeronáuticos. La combinación de cláusulas presupuestarias y control de exportaciones impuso una barrera efectiva, sin excepciones en más de dos décadas. Intentos posteriores de evaluación no alteraron la base normativa. Por ello, la política pública se proyectó de manera estable y sin variaciones sustantivas, con un criterio de seguridad tecnológica que prioriza el dominio de superioridad aérea como misión nacional, dentro de un inventario no transferible a terceros países.
Datos clave del marco legal y del programa F-22
- La prohibición de exportar el F-22 se aprobó en 1998 y continúa vigente.
- La Fuerza Aérea de Estados Unidos opera el F-22 en exclusividad desde 2005.
- Producción total: 195 unidades, con 8 de pruebas y 187 para operaciones.
- Costo total aproximado del programa: $67.000 millones; precio unitario estimado por encima de 350 millones ajustado por inflación.
- Financiamiento de $8.000 millones para extender la vida útil hasta la década de 2040.
Desarrollo, capacidades y costos del programa F-22 desde los años 80
El desarrollo del F-22 surgió en la década de 1980 para reemplazar cazas de superioridad aérea. Lockheed Martin, con Boeing como socio industrial, obtuvo en 1991 el contrato para producir el prototipo. El primer vuelo ocurrió en 1997. El diseño priorizó baja detectabilidad radar, vuelo supersónico sostenido sin posquemador e integración de sensores para detecciones a larga distancia. La orientación de la aeronave se enfocó en misiones de superioridad aérea con alcance operativo superior a 2.900 kilómetros y velocidad máxima por encima de Mach 2.
La producción se limitó a 195 unidades, con ocho destinadas a pruebas y 187 asignadas a operaciones. El programa concluyó en 2011 tras la entrega del último ejemplar. Durante ese periodo, el costo total ascendió a aproximadamente $67.000 millones. Estimaciones ajustadas por inflación situaron el precio unitario por aeronave por encima de $350 millones, lo que reflejó la complejidad tecnológica y la escala contenida del programa frente a objetivos iniciales de mayor volumen.
Las prestaciones técnicas incluyeron radar con modos de apertura sintética y sistemas de fusión de sensores capaces de procesar datos en tiempo real. La estructura incorporó materiales compuestos para reducir la firma radar. Los motores Pratt & Whitney F119 facilitaron velocidades supersónicas sostenidas sin posquemador. En ejercicios como Red Flag, se registraron relaciones de derribo superiores a 100 a 1 frente a adversarios simulados, lo que evidenció el rendimiento del conjunto en escenarios con alta exigencia táctica y doctrinal.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó el F-22 en bases como Elmendorf, en Alaska, y Tyndall, en Florida. Después de ajustes por mantenimiento, la flota operativa quedó cercana a 180 unidades. En 2009, el secretario de Defensa Robert Gates anunció una reducción respecto de la planificación original de 750 unidades, lo que consolidó la cifra final de 195. El avance del F-35 asumió funciones complementarias, mientras el F-22 preservó su rol de superioridad aérea dentro del inventario estadounidense.
Intentos legislativos y evaluaciones de exportación sin cambios
La génesis normativa se remonta a 1997, durante el debate del proyecto H.R.2266, donde el Congreso incorporó una cláusula que prohíbe de forma explícita el uso de fondos federales para transacciones de exportación del F-22. En septiembre de 2006, el Congreso rechazó propuestas orientadas a eliminar la restricción. En 2010, el acta de autorización de defensa exigió informes sobre exportaciones potenciales; dicha exigencia no modificó el núcleo de la prohibición y mantuvo intacto el cerrojo presupuestario.
En 2009, comités del Congreso evaluaron de forma limitada la posibilidad de una versión exportable. La alternativa no avanzó porque el Congreso no aprobó fondos para ese propósito. Como consecuencia, no se autorizó ninguna venta internacional durante más de dos décadas. La continuidad del marco legal confirmó el criterio de resguardo tecnológico y disuadió iniciativas orientadas a abrir una vía de licenciamiento que contradijera la enmienda vigente en materia de exportación del F-22.
Informes del Servicio de Investigación del Congreso de 2007 analizaron escenarios de venta a Japón y concluyeron que se requería derogar la enmienda y financiar modificaciones para una variante menos avanzada. A pesar de ese análisis, el Departamento de Defensa no inició tal proceso. En 2021, informes breves sobre exportación describieron cambios necesarios, como la eliminación de determinados sensores, sin alterar la prohibición. La perspectiva general continuó alineada con una retención total de la plataforma dentro del inventario nacional.
La enmienda Obey consta de 26 palabras y establece la prohibición mediante la restricción del uso de fondos federales. Documentos desclasificados indicaron que una exportación hipotética exigiría años de desarrollo para una variante con capacidades reducidas y costos adicionales superiores a $10.000 millones, según estimaciones de 2009. Por lo tanto, el F-22 permaneció sometido a exclusividad estadounidense, con misiones de protección del espacio aéreo y apoyo a operaciones con aliados sin transferencia de la plataforma.
Interés de aliados, rechazo estadounidense y comparación con el F-35
Varios aliados manifestaron interés y recibieron respuestas negativas consistentes con la prohibición. Japón evaluó en 2007 una compra para modernizar su fuerza aérea y terminó seleccionando alternativas como el F-35 por la restricción vigente. Australia e Israel plantearon solicitudes durante la década de 2000, con énfasis en la compatibilidad para operaciones conjuntas. El gobierno estadounidense rechazó esas peticiones con base en la enmienda Obey y en la necesidad de resguardar capacidades clasificadas con alto valor estratégico.
En 2009, funcionarios del Departamento de Defensa indicaron que una exportación exigiría modificaciones significativas, entre ellas una reducción de capacidades de baja observabilidad, con aumentos de costos y complejidad industrial. Por esa razón, los países interesados recurrieron a otros sistemas. En paralelo, el F-22 mantuvo despliegues operativos, incluidas patrullas en el Indo-Pacífico, con interceptaciones de aeronaves de otros países sin empleo de armamento, dentro de un marco de presencia disuasiva y superioridad aérea sostenida.
El F-35 Lightning II siguió un enfoque distinto. El programa Joint Strike Fighter integró desde el inicio a socios como el Reino Unido, Italia y Australia en etapas tempranas de desarrollo, lo que facilitó exportaciones a más de una docena de países. El F-35 opera como avión polivalente y ejecuta misiones de ataque a tierra, reconocimiento y combate aéreo, con versiones adaptadas al despegue vertical o a la operación desde portaaviones, sin transferir componentes clasificados de Estados Unidos.
Publicaciones especializadas de 2024 señalaron que la prohibición sobre el F-22 continuaba sin cambios visibles ni señales de revisión legislativa. El F-35 se vendió a países como Polonia y Singapur mediante contratos con entrenamiento y mantenimiento compartidos. En el caso de Israel, el gobierno estadounidense ofreció alternativas con paquetes de F-35 ajustados a requisitos específicos. El contraste quedó claro: el F-22 permanece reservado a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras el F-35 sustenta la cooperación e interoperabilidad aliada.