Agencias israelíes observan a Nicolás Maduro por informes de cooperación con Irán, con uranio, minería, desvío de fondos y apoyo logístico bajo acuerdos bilaterales.
Alerta por vínculos Venezuela-Irán y reportes sobre uranio desde 2009
En un entramado de alianzas discretas, agencias de inteligencia detectaron señales que conectan a Venezuela con Irán. El Mossad enfocó a Nicolás Maduro tras informes que asocian a su gobierno con transferencias de uranio hacia el programa nuclear iraní. Reportes originados en 2009 y reactivados con filtraciones de diciembre de 2025 describen cooperación que abarca exploración minera, desvío de fondos y apoyo logístico. La operación se ubicó en regiones remotas, con técnicos iraníes amparados por acuerdos firmados en Caracas y Teherán.
El acercamiento bilateral tomó forma desde 2005, cuando Hugo Chávez entabló contactos con Mahmoud Ahmadinejad. Evaluaciones preliminares de funcionarios venezolanos señalaban reservas de uranio en Bolívar y Táchira. Un informe confidencial del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, fechado en mayo de 2009, sostuvo que Venezuela suministraba uranio a Irán para su programa nuclear. El documento, divulgado por agencias de prensa, presentó esos envíos como parte de una estrategia destinada a contrarrestar la influencia estadounidense. Bolivia apareció mencionada y negó las acusaciones.
En septiembre de 2009, el ministro de Minería, Rodolfo Sanz, confirmó cooperación iraní en la búsqueda de uranio en territorio venezolano. La asistencia técnica incorporó expertos de Irán que evaluaron depósitos en el sur, con el objetivo declarado de un programa nuclear civil en Venezuela. Sanz precisó que el país necesitaría al menos tres años para certificar reservas antes de cualquier extracción. Paralelamente, Caracas firmó un acuerdo nuclear con Rusia en noviembre de 2008, que abarcó exploración geológica y proyectos de reactores.
Ese convenio se amplió en 2010 durante una visita de Chávez a Moscú y abrió entrenamiento para personal venezolano en instalaciones rusas. Atomstroyexport, responsable de la planta nuclear de Bushehr en Irán, participó en las negociaciones. Las piezas de cooperación, distribuidas entre asistencia técnica, formación y prospectiva, consolidaron un marco que elevó el interés internacional. Informes posteriores enlazaron esos pasos con rutas potenciales para materiales sensibles, tema que activó alertas en capitales occidentales y en organismos multilaterales con competencia nuclear.
Datos clave presentes en reportes y documentos citados
- Informe israelí de mayo de 2009: Venezuela suministraba uranio a Irán; Bolivia apareció como proveedor adicional y rechazó la acusación.
- Septiembre de 2009: Rodolfo Sanz admitió cooperación iraní y estimó tres años para certificar reservas antes de cualquier extracción.
- Acuerdo nuclear con Rusia de noviembre de 2008 y ampliación en 2010; Atomstroyexport participó y ofreció entrenamiento para personal venezolano.
- Filtraciones de diciembre de 2025: desvío de miles de millones hacia empresas iraníes y entidades ligadas a la Guardia Revolucionaria; sin pruebas de envíos directos de uranio.
Reservas, contratos mineros y preocupaciones por sanciones de la ONU
Exfuncionarios venezolanos calcularon depósitos de uranio de hasta 50.000 toneladas, sin explotación comercial en ese periodo. Acuerdos mineros suscritos en 2008 entre CVG Minerven y la iraní Impasco otorgaron concesiones en la cuenca de Roraima, una zona mineralizada que incluye uranio junto al oro. Esos contratos, redactados en persa y español, formalizaron la colaboración en materia de tecnología nuclear. La arquitectura contractual reforzó la presencia de técnicos y creó expectativas sobre proyectos extractivos aún pendientes de certificación.
Analistas internacionales expresaron temores de que Caracas contribuyera a evadir sanciones de la ONU impuestas por el enriquecimiento de uranio en Irán. Francia, que en 2008 ofreció asistencia nuclear a Venezuela, advirtió contra cualquier transferencia de materiales hacia Teherán, por tratarse de una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad. Las advertencias establecieron límites políticos y reputacionales para los acuerdos, al tiempo que subrayaron la vigilancia diplomática sobre cualquier movimiento de insumos vinculados al ciclo nuclear.
La cooperación entre Caracas y Teherán combinó objetivos declarados como el desarrollo civil con lecturas estratégicas sobre balance regional. Evaluaciones y reportes describieron exploración en áreas remotas del sur de Venezuela, bajo el amparo de acuerdos bilaterales. La mención de Bolivia como posible proveedor adicional en 2009 añadió un matiz regional, aunque autoridades bolivianas rechazaron esa versión. El conjunto delineó un mapa de recursos, contratos y actores estatales con implicaciones sensibles para la no proliferación.
A pesar de inventarios preliminares y del énfasis oficial en prospección, Venezuela no produjo uranio de manera activa. Las autoridades condicionaron cualquier extracción a la certificación previa de reservas, un proceso que Sanz estimó en al menos tres años. En ese contexto, los acuerdos mineros y nucleares quedaron sujetos a verificación técnica y a la presión internacional. La ausencia de explotación comercial no disipó las dudas sobre la ruta de suministros y sus posibles destinos.
Bajo Maduro, flujo financiero, drones iraníes y sanciones de 2025
Bajo el mandato de Nicolás Maduro desde 2013, la alianza con Irán se profundizó. En abril de 2019, el vicepresidente venezolano Ramón Carrizales se reunió en Caracas con el ministro de Defensa, iraní, Mostafa Mohammed Najjar, para tratar cooperación en defensa. Esa visita se presentó como la primera de un ministro de Defensa, iraní a Venezuela desde 1979. El vínculo político-militar avanzó junto a pactos económicos que involucraron empresas estatales y redes asociadas a instituciones de seguridad iraníes.
Documentos filtrados en diciembre de 2025, revisados por medios españoles, describieron desvíos de miles de millones de dólares de ingresos petroleros hacia empresas estatales iraníes y entidades vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Esos flujos incorporaron líneas de crédito chinas. Los fondos respaldaron el programa nuclear iraní y redes militares aliadas. Aunque no surgieron confirmaciones sobre envíos directos de uranio, aparecieron alegaciones de identificación de depósitos en el sur venezolano que ofrecerían a Teherán una opción sensible.
La presencia iraní en Venezuela incluyó producción de drones y lavado de dinero, según alertas de inteligencia. En noviembre de 2025, María Corina Machado afirmó que Irán convirtió a Venezuela en satélite operativo en América, con actividades que abarcan fabricación de drones y fraude de pasaportes. Exfuncionarios como Hugo “El Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá cooperaron con fiscales estadounidenses desde 2012 y detallaron nodos de esa red. El Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2025 a individuos y empresas por facilitar comercio de drones y misiles.
En ese escenario, el Mossad elevó su vigilancia sobre Maduro. Un informe israelí de diciembre de 2025 describió el eje Irán-Venezuela como plataforma para consolidar presencia de inteligencia y militar en América Latina, con fines orientados a contrarrestar la influencia israelí y estadounidense. El jefe del Mossad, David Barnea, declaró en Jerusalén que Israel debe impedir un reinicio del programa nuclear iraní. Sin nombrar a Maduro, publicaciones y reportes conectaron esas palabras con operaciones contra aliados de Teherán. En agosto de 2025, mensajes de Eduardo Menoni difundieron la alegación de que el Mossad tenía a Maduro en la mira por su vínculo con Irán y Hezbolá, asociado a narcotráfico y ventas de uranio.
Orinoco, salvaguardias nucleares y acciones internacionales recientes
La cuenca del Orinoco y las áreas limítrofes con Guyana concentraron actividades vinculadas a estas alianzas. En 2025, imágenes satelitales mostraron drones iraníes Mohajer-6 en operación dentro de Venezuela, transferidos bajo acuerdos de 2020. Esos sistemas reforzaron la capacidad militar venezolana y, según expertos, sirvieron como plataforma para inteligencia iraní. Sanciones estadounidenses de diciembre de 2025 acusaron proliferación imprudente de armas letales. Ese mes, Donald Trump confirmó el primer ataque conocido dentro de Venezuela contra el tráfico de drogas.
Venezuela figura como Estado parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y firmó un acuerdo de salvaguardias con la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero rechazó el Protocolo Adicional que ampliaría inspecciones. En septiembre de 2025, la agencia reportó que Irán elevó reservas de uranio cerca del grado armamentístico antes de un ataque israelí. Aunque Venezuela no produjo uranio de forma activa, su cooperación con Irán mantuvo alertas constantes en ámbitos diplomáticos y técnicos.
En diciembre de 2025, un bloqueo ordenado por Trump a petroleros sancionados que salían de Venezuela elevó la presión sobre Maduro y vinculó el comercio de crudo con redes nucleares iraníes. La Confederación de Asociaciones Israelíes de Venezuela ya había acusado en 2019 al gobierno de enviar uranio a Irán y de albergar miembros de Hezbolá y de la Fuerza Quds para entrenar guerrillas. Esas denuncias reforzaron la percepción de un eje operativo con alcance regional.
En 2025 circularon reportes que situaron a 300 agentes israelíes en territorio venezolano, sin confirmación oficial. La secuencia culminó con sanciones del Tesoro de Estados Unidos del 30 de diciembre de 2025, aplicadas a firmas vinculadas al comercio de armas entre Irán y Venezuela. Ese paso reafirmó el escrutinio internacional sobre transferencias sensibles y sobre el papel de Caracas dentro de la red que conecta recursos minerales, financiamiento opaco y proyectos con impacto nuclear.