El poder judicial de Irak anunció que pondrá en marcha acciones legales contra los integrantes del grupo yihadista Estado Islámico que fueron trasladados desde Siria al territorio iraquí en el marco de una operación organizada por Estados Unidos, tras su recepción en centros de detención administrados por las autoridades nacionales competentes.
“El poder judicial iraquí comenzará los procedimientos legales estándar contra los acusados que sean recibidos y recluidos en las instituciones penitenciarias pertinentes”, afirmó el Consejo Supremo Judicial de Irak al detallar el mecanismo que se aplicará a los detenidos una vez completado su traslado y registro formal.
El ejército estadounidense informó que lanzó una operación destinada a transferir a 7.000 prisioneros de ISIS desde Siria hacia Irak, en un contexto marcado por el avance de las fuerzas del gobierno sirio sobre instalaciones que durante años permanecieron bajo control de fuerzas lideradas por kurdos en distintas zonas del país.
“Todos los sospechosos, independientemente de sus nacionalidades o rangos dentro de la organización terrorista, están sujetos exclusivamente a la autoridad del poder judicial iraquí, y nuestros procedimientos judiciales se aplicarán a todos ellos sin excepción”, señaló el poder judicial al precisar el alcance de su competencia.
De ese total de 7.000 detenidos de ISIS cuya transferencia fue anunciada por el ejército estadounidense, el gobierno de Bagdad confirmó hasta el momento la llegada efectiva de 150 personas, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades iraquíes para el inicio de los procesos judiciales correspondientes.
Miles de presuntos yihadistas junto con sus familias, incluidos numerosos extranjeros, permanecieron retenidos en centros de detención y campamentos situados en Siria desde la derrota de ISIS en 2019, lograda por fuerzas lideradas por kurdos con el respaldo de una coalición encabezada por Estados Unidos.
En paralelo, del lado sirio de la frontera, las fuerzas gubernamentales asumieron el control de amplias áreas del norte y el este del país que previamente se encontraban bajo dominio kurdo, modificando de manera sustancial el equilibrio territorial existente tras años de conflicto.
Ese avance incluyó un acuerdo alcanzado durante el fin de semana entre ambas partes, el cual establece la integración de la administración kurda dentro del Estado sirio, mientras el gobierno central pasará a asumir la responsabilidad directa sobre los prisioneros de ISIS retenidos en esas zonas.
El jueves, el enviado estadounidense Tom Barrack mantuvo una reunión en Erbil con el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazloum Abdi, y con el alto funcionario kurdo Ilhan Ahmed, según informó la presidencia de la región autónoma del Kurdistán iraquí del norte.
Barrack escribió en X sobre el “fuerte apoyo y compromiso de Washington con el avance del proceso de integración descrito en el acuerdo del 18 de enero entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el gobierno sirio”.
Posteriormente, el enviado agradeció al gobierno de Irak su disposición “a ayudar a salvaguardar a la comunidad internacional de la amenaza persistente que representan los detenidos de ISIS”, y calificó la contribución de Bagdad a la estabilidad en Siria y en la región como “indispensable”.
En otro plano, tras los enfrentamientos registrados entre fuerzas gubernamentales y kurdos sirios, más de 134.000 personas resultaron desplazadas en el noreste de Siria, de acuerdo con un informe difundido por la agencia de migración de las Naciones Unidas.
Durante los últimos tres días, la cifra de desplazados internos en la provincia de Hasakeh “ha aumentado a aproximadamente 134.803 personas” frente a las 5.725 contabilizadas previamente, indicó la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado oficial.
En el apogeo de su poder, ISIS llegó a controlar vastas zonas de Siria e Irak, imponiendo a las poblaciones de ambos lados de la frontera un régimen marcado por muertes masivas, esclavitud sexual de mujeres y niñas, y castigos severos frente a cualquier forma de disidencia.
Los tribunales iraquíes dictaron cientos de sentencias de muerte y condenas a cadena perpetua contra personas halladas culpables de delitos de terrorismo, incluidos numerosos combatientes extranjeros capturados en Siria y posteriormente trasladados al territorio iraquí para ser juzgados.
Diversos grupos de derechos humanos expresaron críticas a los juicios por “terrorismo” celebrados en Irak, al considerar que los procesos se desarrollaron de manera apresurada y sin las garantías suficientes, en un contexto aún marcado por las secuelas de la guerra.
El país continúa albergando fosas comunes y numerosos testimonios personales vinculados a la brutalidad de ISIS que permanecen pendientes de investigación, mientras las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante ese periodo.
En 2024, tras la finalización de una misión de la ONU encargada de investigar los crímenes de ISIS, Irak creó el Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional con el objetivo de recopilar pruebas y documentar de forma sistemática esos delitos.
Dicho centro funciona como el principal punto de contacto para las jurisdicciones extranjeras que investigan presuntos delitos relacionados con ISIS, lo que facilita el intercambio de información y la cooperación judicial en causas abiertas fuera del país.
