El parlamento iraní declaró terroristas a los ejércitos europeos en respuesta a la designación del CGRI como organización terrorista por la UE el 29 de enero de 2026.
Anuncio parlamentario iraní sobre designación de ejércitos europeos como terroristas
El 1 de febrero de 2026, en Teherán, el presidente de Asamblea Consultiva Islámica, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunció ante el hemiciclo que los ejércitos de los países europeos se consideran grupos terroristas. Aplicó el artículo 7 de una ley iraní de contramedidas porque la Unión Europea designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. La sesión se transmitió por televisión estatal. Varios diputados vistieron uniforme de la Guardia porque querían mostrar alineamiento institucional con el cuerpo armado en el centro del choque.
En la misma intervención, Ghalibaf apuntó que una comisión parlamentaria estudiaría medidas adicionales. Entre ellas se incluía la eventual expulsión de agregados militares europeos. No se anunció un paquete operativo inmediato. La decisión europea que detonó la respuesta iraní se tomó el 29 de enero de 2026 en Bruselas. Ocurrió en una reunión de ministros de Exteriores. La alta representante Kaja Kallas actuó como figura pública del anuncio.
En los términos comunicados ese día, la Unión Europea acordó calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. En paralelo, aprobó un nuevo tramo de sanciones por violaciones graves de derechos humanos. También incluyó el apoyo militar iraní a la guerra rusa contra Ucrania. El Consejo de la Unión Europea precisó que se añadían 15 personas y seis entidades vinculadas a la represión de protestas. El total bajo el régimen de derechos humanos ascendía a 247 individuos y 50 entidades.
Las medidas incluían congelación de activos, prohibición de viaje y veto a poner fondos a disposición de los listados. El mismo día, anunció también medidas contra el programa estatal de drones. Además, amplió controles de exportación de componentes y tecnologías asociados a misiles y aeronaves no tripuladas. En el andamiaje jurídico europeo, lista terrorista no es un rótulo retórico. Representa un mecanismo de medidas restrictivas vinculado a la política exterior y de seguridad común.
Detalles clave de sanciones europeas contra Irán
- Adición de 15 personas y seis entidades por represión de protestas.
- Total de 247 individuos y 50 entidades bajo régimen de derechos humanos.
- Medidas contra programa de drones y ampliación de controles de exportación.
- Base en Posición Común 2001/931/PESC y Reglamento (CE) 2580/2001.
Marco jurídico y efectos de la designación europea de la Guardia Revolucionaria
La base histórica es la Posición Común 2001/931/PESC. Su despliegue en congelación de fondos se articula, entre otras normas, a través del Reglamento (CE) 2580/2001. Este habilita la inmovilización de activos y prohíbe poner recursos económicos a disposición de las entidades designadas. El propio Consejo actualiza periódicamente esa lista mediante decisiones. Estas se apoyan en decisiones de autoridades competentes relativas a terrorismo. El requisito busca anclar la designación en expedientes verificables y revisables.
El cambio anunciado el 29 de enero abre un abanico de efectos que va más allá de la diplomacia. Afecta a bancos, empresas, autoridades de control financiero. En ciertos supuestos, influye en fiscalías nacionales cuando la normativa interna tipifica la financiación o el apoyo material a organizaciones terroristas. A diferencia de las sanciones por derechos humanos, ya aplicadas a centenares de responsables y entidades iraníes, la etiqueta de terrorismo se inserta en un régimen pensado para cortar flujos de dinero y logística.
Facilita cooperación operativa entre Estados miembros en materia de investigación y ejecución de medidas. En la comunicación oficial del Consejo ese día, la arquitectura sancionatoria aparece como un continuo. Incluye derechos humanos, guerra en Ucrania, tecnología de drones y misiles. También abarca vínculos de suministro con la Guardia Revolucionaria como nodo de seguridad y de industria. La Guardia Revolucionaria no es una unidad simbólica dentro del Estado iraní.
Nació tras la revolución de 1979 como fuerza destinada a proteger el sistema político. Opera en paralelo al ejército regular, con ramas terrestre, aeroespacial y naval. Incluye estructuras de proyección exterior asociadas a sus redes regionales. En evaluaciones occidentales se la considera además un actor con peso económico y político. Posee capacidad para influir en sectores estratégicos y para sostener programas de misiles y drones. En el relato europeo de enero de 2026, ese perfil institucional es clave.
Detonantes, precedentes y respuestas en la guerra normativo entre Irán y UE
La decisión de designación no recae sobre un grupo insurgente sino sobre un componente central del aparato estatal. Incluye ramificaciones administrativas, empresariales y de seguridad que ya estaban, parcialmente, bajo sanciones específicas. El detonante inmediato en Europa fue la represión de un ciclo de protestas en Irán. Según el Consejo, incluyó violencia, detención arbitraria e intimidación por parte de fuerzas de seguridad contra manifestantes. En su nota del 29 de enero, el Consejo individualizó nombres del aparato interior y judicial.
Incluyó a mandos de la Guardia y a altos responsables policiales. Describió un ecosistema de control informativo: la autoridad reguladora audiovisual SATRA, la organización Seraj, el grupo gubernamental de determinación de contenidos criminales. También abarcó empresas de software asociadas al desarrollo de herramientas de vigilancia, censura y bloqueo de internet. Sobre el balance humano, cifras difundidas por redes de activistas superan los seis mil muertos. Otras estimaciones elevan el número.
Teherán no ha publicado un recuento consolidado. La dinámica que desembocó en el 29 de enero llevaba semanas de escalada institucional. El Parlamento Europeo aprobó el 22 de enero una resolución que pedía explícitamente la inclusión de componentes y responsables de la Guardia en la lista terrorista europea. Solicitaba la aplicación de congelaciones de activos y prohibiciones de viaje. Situaba la medida como respuesta política a la represión. Ese empuje parlamentario no era nuevo.
Desde 2022 y 2023, la Eurocámara había instado en varias ocasiones a endurecer el enfoque. El Consejo había respondido con paquetes de sanciones por derechos humanos y por la dimensión militar del apoyo iraní a Rusia. La diferencia de enero de 2026 fue que la designación de terrorismo, discutida durante años por sus implicaciones jurídicas y diplomáticas, pasó al plano de decisión ministerial. Además, existía un precedente europeo que, sin tocar a la Guardia como institución, mostraba que el instrumento 2001/931 ya se había usado frente a entidades estatales iraníes.
Historia de designaciones cruzadas e implicaciones prácticas actuales
El 9 de enero de 2019, el Consejo añadió a la lista terrorista a dos individuos iraníes y a una dirección del Ministerio de Inteligencia. Ocurrió en respuesta a atentados frustrados en suelo europeo. Aquella decisión apuntó a un patrón que reaparecería en 2026. La Unión Europea justificaba medidas de terrorismo no solo por conflictos en Oriente Próximo sino por operaciones y planes asociados a estructuras iraníes con alcance extraterritorial. En la memoria institucional de Bruselas, el salto de 2019 a 2026 marca una ampliación del foco desde componentes de inteligencia hacia el cuerpo armado con mayor densidad en el Estado.
La respuesta iraní se apoyó en una herramienta legislativa nacida de un episodio anterior de designaciones cruzadas. En abril de 2019, Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Teherán replicó con una cascada de actos internos. Incluida una decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional que calificó al gobierno estadounidense como patrocinador del terrorismo y al CENTCOM como organización terrorista. En ese mismo periodo, el presidente Hassan Rouhani promulgó una ley que declaraba terroristas a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.
La Ley de Contramedidas contra la Declaración del CGRI como Organización Terrorista citada por Ghalibaf se inscribe en esa lógica de reciprocidad normativa. Si un Estado o bloque designa a la Guardia, la ley habilita una respuesta simétrica sobre fuerzas militares del designante. El elemento teatral de la sesión del 1 de febrero también tiene antecedentes documentados. El uso de uniformes en el parlamento, presentado como muestra de apoyo a la Guardia, ya apareció en 2019 cuando legisladores iraníes vistieron indumentaria de la fuerza tras la designación estadounidense.
La repetición del gesto siete años después sugiere un manual interno de comunicación política. Convierte una sanción o designación externa en un acto de cohesión nacional. Traslada el foco de la controversia desde el expediente jurídico hacia la solidaridad con una institución armada descrita como columna del sistema. En 2026, esa puesta en escena convivió con una afirmación legal precisa, el artículo 7. Incluyó un anuncio de posible escalada diplomática, como la revisión de la presencia de agregados militares europeos.
Consecuencias operativas y cierre de la secuencia de eventos
La pregunta práctica es qué cambia, en términos de riesgo y procedimientos, cuando un parlamento declara terroristas a ejércitos regulares extranjeros. En el corto plazo, el anuncio iraní del 1 de febrero operó como un marco para decisiones administrativas y de seguridad que Teherán puede activar sin pasar por nuevos debates. Incluye desde restricciones a contactos oficiales hasta medidas sobre personal acreditado. En 2019, la designación de CENTCOM abrió un debate sobre el trato a personal militar y la fricción con normas de derecho de los conflictos armados.
Esa calificación de unidades estatales como terroristas puede tensionar categorías jurídicas tradicionales en caso de enfrentamiento. Un análisis del Royal United Services Institute advirtió entonces sobre eso. Ese trasfondo explica por qué, en 2026, el mensaje de Ghalibaf incluyó una dimensión de consecuencias imputadas a Europa. No detalló acciones inmediatas. Del lado europeo, el 29 de enero combinó sanciones por derechos humanos, sanciones por drones y misiles.
La designación de terrorismo actuó como señal de que la represión interna y la proyección militar externa forman parte de un mismo expediente político. En esa jornada, además de los listados por represión, el Consejo mencionó entidades como Khojir Missile Development and Production y la empresa Sahara Thunder. Describió un conjunto de compañías privadas que suministran componentes críticos a la Guardia o tienen vínculos con el programa de misiles.
La lógica de las medidas restrictivas apuntó a cadenas de suministro, control tecnológico y finanzas. Incluyó la ampliación de la prohibición de exportar desde la UE componentes y tecnologías adaptadas al desarrollo y producción de drones y misiles. Mientras tanto, algunos ministros insistieron en mantener canales diplomáticos abiertos. Esta fórmula busca contener daños colaterales sin retirar el giro sancionador. Al cierre de esta secuencia, el estado verificable es un doble movimiento fechado.