La Autoridad de Competencia de Israel comunicó a El Al que concluyó que la aerolínea abusó de su posición monopolística al aplicar tarifas “excesivas e injustas” en sus vuelos durante los primeros meses de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, y anunció su intención de imponer una sanción económica.
El regulador informó que aplicará la multa máxima prevista por la ley, fijada en 121 millones de NIS, equivalentes a unos $39 millones según el tipo de cambio utilizado en la notificación. La comunicación oficial vinculó ese monto al procedimiento abierto contra la compañía por la política tarifaria.
El procedimiento no quedó cerrado. La Autoridad abrió una etapa de audiencia previa a la decisión definitiva, que permite a la aerolínea responder a la determinación y presentar objeciones sobre la calificación de los hechos, la metodología de análisis y el monto considerado para la sanción propuesta.
La Autoridad advirtió que la resolución final dependerá del resultado de ese trámite. También precisó que cualquier suma recaudada se transferirá al Tesoro del Estado. El regulador dejó asentado que, hasta la conclusión de la audiencia, la multa propuesta no adquiere carácter definitivo.
La determinación se apoyó en una investigación centrada en la estructura del mercado aéreo en el periodo de mayor disrupción operativa tras el inicio de la guerra. La Autoridad sostuvo que El Al mantuvo el monopolio de los vuelos hacia y desde Israel desde el estallido de la guerra con Hamás hasta finales de mayo de 2024.
En ese intervalo, según el regulador, la compañía cobró precios que calificó como “excesivos e injustos”. El encuadre de la acusación ubicó el caso como abuso de poder de mercado, una infracción que, en la práctica, no exige acuerdos colusorios para configurar la conducta sancionable.
El episodio ocurrió con oferta limitada y demanda elevada, bajo fuertes restricciones de conectividad internacional y con necesidades intensificadas de movilidad por razones familiares, laborales y de seguridad. En ese escenario, la Autoridad centró el análisis en el comportamiento tarifario de la aerolínea mientras el mercado operó sin competencia efectiva.
El regulador examinó los enlaces de entrada y salida del país y trató la ausencia de alternativas como el factor que amplificó el efecto de los precios sobre los consumidores.
El avance hacia la sanción máxima fijó un estándar de severidad institucional y proyectó una señal sobre el nivel de tolerancia regulatoria ante aumentos de tarifas en mercados concentrados durante emergencias. A la vez, el caso incorporó sensibilidad pública por el rol crítico del transporte aéreo en los primeros meses de la guerra.
El Al enfrenta un frente regulatorio que combina discusión jurídica y revisión económica. La audiencia permitirá que la compañía exponga argumentos sobre la definición del mercado relevante, la caracterización del monopolio en el periodo examinado y el umbral a partir del cual una tarifa pasa de reflejar costos y riesgo operativo a constituir un precio “excesivo e injusto”.
Hasta que la Autoridad emita la resolución final tras la audiencia, la multa no queda firme, aunque el expediente ya marca el estado del asunto: una determinación formal de abuso y la intención declarada de aplicar la sanción máxima contemplada por la ley, según los términos difundidos.
La Autoridad de Competencia de Israel notificó a El Al que ha determinado que la aerolínea abusó de su posición monopolística al aplicar tarifas “excesivas e injustas” en sus vuelos durante los primeros meses de la guerra, por lo que será sancionada con una multa, conforme a la comunicación del regulador.
La Autoridad de Competencia de Israel expresó su intención de imponer la sanción máxima prevista por la ley, que asciende a 121 millones de NIS ($39 millones), según informó el regulador en un comunicado. El anuncio vinculó esa cifra con la determinación ya notificada a la aerolínea.
La decisión final sobre la sanción económica quedó supeditada a una audiencia, y se espera que la aerolínea recurra la decisión. El trámite de audiencia se plantea como el paso previo a la resolución definitiva, dentro del procedimiento previsto por la Autoridad para este tipo de casos.
Cualquier multa recaudada se ingresaría en las arcas del Estado. La Autoridad lo señaló como destino de los fondos, en línea con el carácter público de la sanción. El regulador mantuvo que el monto final dependerá del resultado del proceso antes de cerrar el expediente.
Tras una investigación, el regulador descubrió que El Al tenía el monopolio de los vuelos hacia y desde Israel desde el estallido de la guerra con Hamás el 7 de octubre de 2023 hasta finales de mayo de 2024, y que cobró “precios excesivos e injustos” por sus vuelos durante este periodo.