Un órgano independiente de Naciones Unidas censuró lo que calificó como ataques viciosos sustentados en desinformación de varios ministros europeos contra la relatora especial del organismo para Palestina, Francesca Albanese. La experta afronta una oleada de críticas por comentarios descritos como antiisraelíes, en medio de una controversia creciente en torno a sus declaraciones públicas.
Francia, Italia, Chequia y Alemania solicitaron la dimisión de Albanese, a quien acusaron en reiteradas ocasiones de antisemitismo y de retórica antiisraelí. Los gobiernos citaron declaraciones del pasado fin de semana, en las que habló de un “enemigo común de la humanidad” y reprochó a “la mayor parte del mundo” y a los medios permitir el “genocidio” de Israel en Gaza.
Críticos e Israel sostuvieron que la relatora especial de la ONU usó la expresión “enemigo común” para referirse a Israel. Albanese rechazó esa lectura y la describió como una “manipulación” y “completamente falso”. Por su parte, Israel negó todas las acusaciones de genocidio formuladas en su contra.
El Comité de Coordinación de la ONU, integrado por seis expertos independientes que coordina y facilita la labor de los Relatores Especiales, acusó a los ministros europeos de apoyarse en “hechos fabricados”. Según el órgano, las exigencias contra la relatora se construyeron a partir de afirmaciones inexactas y de una caracterización distorsionada de lo que expresó.
“En lugar de exigir la dimisión de la Sra. Albanese por desempeñar su mandato… estos representantes gubernamentales deberían unir fuerzas para exigir responsabilidades, incluso ante la Corte Penal Internacional, a líderes y funcionarios acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza”, afirmó el Comité, en una declaración que pareció aludir a Israel.
El Comité indicó que la presión sobre Albanese se insertaba en una tendencia en expansión de ataques maliciosos y con motivaciones políticas contra expertos independientes en derechos humanos, funcionarios de Naciones Unidas y jueces de tribunales internacionales. En su evaluación, estos episodios buscaban socavar el trabajo de quienes operan con mandatos de investigación y supervisión.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones a Albanese después de que ella enviara cartas a empresas estadounidenses, a las que acusó de contribuir a graves violaciones de los derechos humanos atribuidas a Israel en Gaza y Judea y Samaria. La relatora vinculó esas actividades empresariales con conductas que consideró incompatibles con obligaciones internacionales.
No hay antecedentes de que un relator especial sea destituido durante su mandato, aunque diplomáticos señalaron que, en teoría, los Estados que integran el consejo de 47 miembros podrían impulsar una moción con ese propósito. En ese contexto, la posibilidad formal existe, aunque no se ha utilizado con anterioridad.
Sin embargo, esos diplomáticos añadieron que el respaldo a los derechos palestinos dentro del órgano es considerable, por lo que consideraron improbable que una iniciativa de esa naturaleza obtenga apoyo suficiente. Esa correlación interna, sostuvieron, reduce las opciones de que prospere una propuesta para apartar a la relatora.
