El Comité de Finanzas de la Knéset votó a favor de avanzar un proyecto de ley que reforma los beneficios fiscales por gastos corporativos de investigación y desarrollo, en un intento por frenar la fuga de cerebros y evitar que multinacionales tecnológicas abandonen Israel.
La llamada “Ley de Investigación y Desarrollo” sustituirá el esquema actual, que permite deducir esos gastos de la renta imponible, por un crédito fiscal directo valorado en miles de millones de shékels para las empresas que cumplan los requisitos.
La iniciativa también ampliará el acceso al beneficio e incorporará incentivos adicionales para compañías que operen en zonas periféricas.
El proyecto forma parte de la Ley de Arreglos del gobierno, una de las piezas centrales del paquete legislativo que acompaña al presupuesto anual. Esa norma ya superó su primera lectura en la Knéset en enero y ahora volverá al pleno para la segunda y tercera votaciones.
Si recibe aprobación definitiva, la reforma tendrá efecto retroactivo para los gastos de investigación y desarrollo elegibles realizados desde el 1 de enero de 2026.
La propuesta llega después de la entrada en vigor del nuevo impuesto mínimo global sobre sociedades promovido por la OCDE y adoptado por sus Estados miembros. Esa norma obliga a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros, equivalentes a 859.762.500 dólares, a pagar al menos un 15% de impuestos.
El Ministerio de Finanzas presentó el proyecto tras verse forzado a elevar la carga tributaria de las grandes compañías para ajustarse a los estándares de la OCDE. Con esta reforma, el gobierno busca amortiguar el efecto de ese aumento y reforzar la permanencia de multinacionales en el ecosistema tecnológico israelí.
El sector tecnológico sigue siendo el principal motor del crecimiento económico de Israel. Aporta cerca del 20% del producto interno bruto, genera aproximadamente el 30% de la recaudación por impuestos sobre nóminas y emplea a alrededor del 11% de la fuerza laboral del país.