El presidente de la Comisión de Finanzas del Knéset, Hanoch Milwidsky (Likud), vetó las solicitudes de jefes de autoridades locales del norte de Israel que pedían sumarse por videoconferencia al debate parlamentario sobre un proyecto de ley de asistencia económica en tiempos de guerra. Según el legislador, la incorporación masiva de participantes remotos frenaría la discusión sobre el marco nacional de compensación destinado a todos los negocios afectados por la guerra.
“Recibí muchas solicitudes de jefes de autoridades locales del norte que querían unirse por Zoom. Es importante que aclare que el debate actual se centra en la formulación de un marco nacional de compensación para todos los propietarios de negocios en Israel y no en la situación de las autoridades locales del norte. Los negocios del norte forman parte del plan general, y tienen derecho a un marco dedicado y reforzado, construido según las características únicas y los graves daños sufridos por la región”, afirmó Milwidsky.
La decisión se produce en un contexto de tensión creciente entre las comunidades fronterizas y el gobierno central por los recursos de reconstrucción. Apenas el 20 por ciento de los fondos asignados para construir refugios antiaéreos en 21 comunidades ubicadas dentro de un radio de cinco kilómetros de la frontera norte han sido efectivamente desembolsados, según reveló ayer el presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento y Desarrollo del Néguev y Galilea, Oded Forer (Yisrael Beytenu). La cifra proviene de datos del ministerio de Defensa, que indican que 900 millones de NIS ($295 millones) destinados a la construcción de espacios protegidos para residentes del norte permanecen sin transferir.
Milwidsky adelantó que, junto al presidente de la Comisión de Asuntos Internos, el diputado Yitzhak Kroizer (Otzma Yehudit), planea trasladar a legisladores de ambas comisiones “a un recorrido por el norte para ver en qué podemos ayudar”.
El malestar de las localidades fronterizas escaló el mes pasado, cuando legisladores y representantes de comunidades del norte y de la frontera con Gaza protestaron contra los recortes presupuestarios incluidos en el presupuesto estatal de 2026. Según los críticos, esos ajustes comprometerían de manera significativa la rehabilitación y el desarrollo de ciudades y localidades de primera línea. El gobierno respondió con la aprobación de 100 millones de NIS ($31,6 millones) en “ayuda inmediata” para los consejos regionales, orientados a cubrir “gastos de emergencia” derivados de la guerra con Irán, un monto que los propios críticos calificaron como inferior a lo recortado.