A decir verdad, no era necesaria la declaración del Shin Bet —confirmando que no existe ni existió riesgo de seguridad para el Estado por parte de Yonatan Urich en el “Qatargate”— para saber que se trataba de un caso inventado desde el primer momento. La primera y más importante señal fue el cronograma. El caso estalló exactamente pocas semanas después de que comenzaran los informes sobre la intención del primer ministro de despedir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar.
En su testimonio, Netanyahu lo afirmó de forma explícita. Sostuvo que el caso no justificaba impedir el despido de Ronen Bar, sino que había nacido precisamente para bloquear esa decisión. Ante el Tribunal Superior, que examinaba si el primer ministro podía destituir al jefe del Shin Bet mientras el caso seguía abierto, Netanyahu presentó el cronograma como prueba central: primero surgió la intención de despedir a Bar y solo después estalló el “Qatargate”. La fiscalía y sus portavoces mediáticos, sin embargo, ignoraron ese dato básico.
El segundo hallazgo, de gran peso, aparece en las palabras claras del juez Menachem Mizrahi, reiteradas en decenas de procedimientos sobre extensión de detención y condiciones restrictivas. El juez preguntó una y otra vez cuál era exactamente la sospecha contra Urich y dónde estaba la prueba de que sus actos implicaran peligrosidad o daño al Estado. No recibió respuesta.
El tercero es que las autoridades de los EE. UU. impidieron, de manera sumamente inusual, el testimonio del lobista Jay Footlik en el marco de una comisión rogatoria solicitada por las autoridades judiciales de Israel. La respuesta fue clara: tras recibir las pruebas y sospechas, concluyeron que no se debía autorizar el interrogatorio por tratarse de una investigación política sin fundamento. A pesar de esta declaración dramática y extraordinaria, las autoridades y los medios locales la ignoraron casi por completo.
Y el cuarto, quizás el más importante de todos, son los hechos mismos. Todos los involucrados en el caso contaron una historia completamente distinta a la que aparecía en las sospechas, y ni un solo detalle de su versión fue tomado en cuenta en etapa alguna; por el contrario, no se encontró ni un solo hallazgo fáctico que contradiga la versión de los implicados. Las sospechas eran todas falsas de principio a fin. Una historia inventada que nunca existió y que no tiene sustento en la realidad.
Para quien no siguió el caso, o se perdió entre titulares e invenciones, la historia que surge de los propios involucrados es la siguiente. Jay Footlik, quien se desempeña, entre otras funciones, como lobista de Qatar en el Capitolio, se reunió en Washington con familias de rehenes. Ellas le pidieron que usara sus vínculos con Qatar, convertido en mediador central frente a Hamás, para ayudar a lograr la liberación de sus seres queridos. Footlik, que no recibe remuneración por trabajos realizados fuera de Estados Unidos, aceptó intervenir de forma voluntaria. En ese mismo periodo, otros actores en Israel, entre ellos Yair Lapid, también se reunieron con Footlik y con figuras qataríes a través de su mediación, y les hicieron exactamente la misma petición: actuar para lograr el regreso de los secuestrados.
Tras consultar con Israel Einhorn, asesor de comunicación israelí de alto nivel que había trabajado antes con Qatar en el proyecto del Mundial, Footlik se puso en contacto con Eli Feldstein. Footlik asumió esa gestión de forma voluntaria. Feldstein trabajó para Footlik, no para Qatar, mientras también colaboraba con la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Según afirmó en Kan 11, no sabía que esa colaboración era voluntaria y esperaba recibir un salario. Por su amistad con Yonatan Urich y con otros funcionarios de la Oficina del primer ministro, como Topaz Luk y Tzachi Braverman, Feldstein acudía de vez en cuando a esa oficina, situada en el mismo edificio que el centro de diplomacia pública.
Después de cambiar de abogado, Feldstein intentó alegar que no actuaba bajo la dirección de Footlik, sino de Urich, y que Urich era quien trabajaba para Qatar. Pero esa versión no tuvo respaldo en ningún hallazgo fáctico real. No se probó que Feldstein trabajara para Qatar, y mucho menos que lo hiciera Urich. Lo que sí surge de los hechos es otra cosa: Feldstein trabajó para Footlik, quien había asumido la gestión de forma voluntaria a petición de las familias de los rehenes.
Esos mismos sectores de la prensa, probablemente orientados por sus patrones en el sistema judicial —que ha quedado humillado por toda esta historia—, intentan ahora cargar el cierre del caso sobre el nuevo jefe del Shin Bet. Actúan como si David Zini hubiera fabricado el nuevo informe que concluye que Urich no representó peligro alguno para la seguridad del Estado. Es una desfachatez. Nunca hubo un informe contradictorio: ni del anterior jefe del Shin Bet, que fue uno de los principales impulsores del caso, ni de ningún otro organismo de seguridad. El Mossad, además, emitió hace apenas unos días un informe similar, también indicando que no hubo peligro para la seguridad del Estado.
¿Por qué estos informes son dramáticos? Porque sin ellos es imposible presentar actas de acusación por “riesgo a la seguridad nacional”. ¿Quién es el profesional que puede alegar peligrosidad? ¿La fiscal general? ¿El fiscal del Estado? Ninguno de ellos entiende de seguridad como los organismos encargados de evaluarla. Entonces, si no hay peligrosidad, ¿qué queda de las sospechas que pueda convertirse en una acusación? Nada. Urich no es empleado público y no se le puede acusar de fraude o abuso de confianza. Como trabajador privado que factura por sus servicios al partido Likud, tiene permitido realizar otros trabajos y servir a otros clientes. Y esto es independiente de su afirmación de que no trabajó ni para Qatar ni para Footlik.
Por cierto, Feldstein también podría salir completamente libre de cargos. Las alegaciones de que se hizo pasar por empleado de la Oficina del primer ministro, dio instrucciones a periodistas y conectó a reporteros con el primer ministro para conversaciones de fondo mientras trabajaba para Qatar no bastan para construir una causa penal. Podrán ser reproches éticos, pero no delitos. Mentir, por sí solo, no es delito. Si lo fuera, habría que desalojar varias celdas especiales para políticos de alto rango.
Pronto, cuando este caso termine de disolverse en la nada, no serán pocos los actores, incluidos varios medios de comunicación, que tendrán que pedir perdón. A los sospechosos. Al primer ministro. Y al público israelí, que fue víctima de una campaña de mentiras infundada con su amparo. Pero no se preocupen: no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ya encontrarán a quién culpar por el colapso de la investigación. Y, como de costumbre, lo más probable es que el culpable elegido vuelva a ser alguien vinculado de una forma u otra con el primer ministro.
