Un tribunal de Turquía dictaminó que Metin Topuz, un funcionario consular estadounidense, permanecería en prisión mientras continuara su juicio por espionaje en un caso que había exacerbado las tensiones con Washington.
En 2017, el ciudadano turco, Metin Topuz, miembro de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, fue detenido.
Metin Topuz fue acusado de tener vínculos con el predicador musulmán estadounidense Fetullah Gulen, quien, según Ankara, ordenó un intento de golpe de estado en 2016.
Topuz está reiterando hoy su pedido a la corte para que lo liberen.
“¿Cuál es mi crimen? Ser un oficial consular estadounidense”, dijo.
Pero el tribunal dijo que Metin Topuz permanecerá en prisión hasta la próxima audiencia, el 11 de diciembre, mientras trataban de encontrar un testigo. Los abogados de la defensa dijeron que dio una dirección falsa en Milán.
“No puedo entender que la corte esté extendiendo su sentencia de prisión para esperar a un hombre que está en el extranjero”, dijo Khalit Akalp, un abogado, a los periodistas.
Metin Topuz dijo que tuvo 3.000 reuniones en sus 25 años en la DEA y que los fiscales simplemente escogieron a aquellos que tenían relaciones con miembros del movimiento de Gulen.
Gulen simpatiza con todas las ramas de la sociedad y el gobierno de Turquía hasta que el golpe provocó una purga masiva.
“Tuve reuniones cara a cara y conversaciones telefónicas con personas designadas por la República de Turquía como asistente de llamadas e intérprete”, dice Topuz Court.
“Todas las acusaciones contra mí se basan en contactos telefónicos con personas designadas por la República de Turquía.
El caso llega en un momento diplomático delicado entre los aliados de la OTAN.
La negativa de Washington a extraditar a Gulen, las diferencias sobre el conflicto sirio y la reciente decisión de Turquía de adquirir un sistema ruso de defensa antimisiles determinan las relaciones entre los dos países.
Tras el fallido golpe de estado de 2016, decenas de miles de personas fueron arrestadas bajo sospecha de tener vínculos con Gulen y más de 100.000 personas fueron despedidas o suspendidas de empleos en el sector público. Gulen niega las acusaciones de un golpe de Estado.