Cuatro residentes extranjeros en Berlín enfrentan órdenes de expulsión por participar en protestas propalestinas, en una decisión que podría tensar el marco legal alemán instaurado tras el Holocausto. Las autoridades de inmigración emitieron las órdenes sin necesidad de condenas judiciales, conforme a la legislación vigente.
Entre los afectados se encuentran tres ciudadanos de la Unión Europea: Kasia Wlaszczyk, de Polonia, y los irlandeses Shane O’Brien y Roberta Murray. El cuarto, Cooper Longbottom, es un estadounidense de 27 años originario de Seattle, a quien se le ha prohibido ingresar a los 29 países del espacio Schengen por los próximos dos años tras su salida de Alemania.
Las acusaciones incluyen participación en acciones como una sentada en la estación central de Berlín, el bloqueo de carreteras y la ocupación de un edificio universitario. Dos de ellos supuestamente insultaron a un agente de policía llamándolo “fascista”, lo que constituye un delito en Alemania. Además, tres se manifestaron junto a grupos que coreaban “desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, consigna vetada por considerarse antisemita. También se les atribuye apoyo indirecto a Hamás y a organizaciones afiliadas.
Se les otorgó plazo hasta el 21 de abril para abandonar voluntariamente el país o enfrentar la deportación forzada. Las autoridades justificaron sus decisiones invocando la “Staatsräson”, doctrina que vincula la identidad nacional alemana con la defensa incondicional del Estado de Israel debido a su pasado nazi. Aunque este principio guía la política exterior, su uso en procesos legales ha generado controversia.
Expertos en derecho, como el abogado Thomas Oberhäuser, cuestionaron la aplicación del Staatsräson en estos casos, calificándola de inconstitucional. Según el jurista Alexander Gorski, representante de dos afectados, el argumento recuerda precedentes en Estados Unidos, como el de Mahmoud Khalil, activista propalestino detenido por ICE tras participar en protestas en la Universidad de Columbia.
Las deportaciones ocurren en medio de un giro restrictivo en la política migratoria alemana impulsado por el gobierno saliente de Olaf Scholz. El sucesor conservador, Friedrich Merz, prometió una política de mano dura contra la inmigración, incluida la expulsión inmediata de extranjeros indocumentados.
El caso se perfila como una disputa legal de alto perfil sobre los límites de la libertad de expresión, con repercusiones tanto en Alemania como en otros países occidentales.
