BUCAREST, Rumanía (JTA) – Los organismos de control de Rumanía criticaron a una unidad administrativa del ayuntamiento de Bucarest por negarse a desmantelar un busto en honor a Mircea Vulcanescu, que fue ministro de Finanzas del gobierno pro nazi del país durante la Segunda Guerra Mundial.
El miércoles, el Sector 2 del ayuntamiento votó en contra de una resolución que habría retirado el monumento del parque de San Esteban de la capital rumana. La resolución, que atrajo la atención nacional, fue presentada por un concejal del Partido Nacional Liberal, y no fue aprobada por la abstención de la mayoría de los concejales.
El parlamentario Antonio Andrusceac, del partido Alianza para la Unión de los Rumanos, estuvo presente en la votación y acusó al Instituto Elie Wiesel para el Estudio del Holocausto en Rumanía —institución pública que defiende desde hace tiempo la retirada de monumentos en honor de figuras y colaboradores nazis— de “reescribir la historia rumana y demoler el culto a sus héroes y mártires”.
El Instituto Wiesel considera que la negativa a aprobar la moción constituye una violación de una ley aprobada por el Parlamento rumano en 2002 y revisada en 2015, que ilegaliza la glorificación de figuras culpables de crímenes contra la humanidad.
La preservación del busto de Vulcanescu, añadió el Instituto Wiesel en un comunicado el miércoles, también está en contradicción con una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo adoptada por Rumanía en 2021.
“Esta política pública se queda solo en el papel mientras los criminales de guerra, miembros del gobierno de Antonescu, sigan siendo tratados como modelos cívicos por las autoridades”, dijo el Instituto Wiesel en el comunicado.
Maximilian Marco Katz, director del Centro de Vigilancia y Lucha contra el Antisemitismo, con sede en Bucarest, también criticó la votación del Consejo.
“Durante la Segunda Guerra Mundial, Mircea Vulcanescu formó parte del gobierno del mariscal Antonescu, que legisló y aplicó leyes y medidas antisemitas que desembocaron en el Holocausto rumano”, escribió en una declaración a la Agencia Telegráfica Judía.
Ion Antonescu, primer ministro de Rumanía a principios de la década de 1940, se puso del lado de Adolf Hitler durante la guerra. Entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos fueron asesinados en el Holocausto.
Katz recordó que, en 1946, Vulcanescu fue condenado a 8 años de prisión por las autoridades comunistas de posguerra, que lo declararon culpable de colaborar con la Alemania nazi y lo encarcelaron hasta su muerte en 1952. Vulcanescu había participado en la aprobación de leyes que gravaban excesivamente a los judíos y les despojaban de sus propiedades.
La hija de Vulcanescu, Maria, ha solicitado la rehabilitación de su padre, invocando la violación de las garantías procesales que caracterizó los juicios comunistas de posguerra. Pero el Tribunal de Apelación de Bucarest desestimó su demanda legal en 2019.
Como resultado de esa decisión judicial, dijo Katz, Vulcanescu sigue siendo “un criminal de guerra”, por lo que “todos los que se opusieron o se abstuvieron” a la moción para retirar el monumento “actuaron a sabiendas en contra” de la ley rumana de 2002 dirigida a figuras declaradas culpables de crímenes de guerra.
El legado de Mircea Vulcanescu como intelectual y alto funcionario ha estado en el centro de repetidas controversias desde la caída del comunismo en 1989.
Varios historiadores e intelectuales, así como grupos nacionalistas y algunos activistas que abogan por la memoria de las víctimas del comunismo, niegan su papel en la persecución de los judíos y han firmado varios llamamientos en su defensa. Sus defensores afirman que protestó abiertamente contra algunas de las medidas antisemitas del régimen de Antonescu e incluso intentó mitigar sus efectos.