Human Rights Watch ha pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se oponga a las leyes y políticas “que restringen el derecho de los ciudadanos y las empresas a boicotear a Israel por la construcción de asentamientos y las violaciones de los derechos humanos”.
Human Rights Watch, en un comunicado el lunes, pidió a Biden que “defienda los derechos de libertad de expresión” en Estados Unidos, incluido el derecho a participar en el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel.
La campaña BDS es una iniciativa enfocada exclusivamente en Israel y anima a individuos, naciones y organizaciones a no comprar los productos israelíes como una medida de castigo que supuestamente ayudará a los palestinos.
Durante los últimos años, el movimiento ha sido criticado como antisemita, ya que ataca a Israel, pero ignora deliberadamente las violaciones de derechos humanos cometidos por la Autoridad Palestina contra israelíes y contra los propios palestinos bajo su control.
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La administración Trump quitó el estigma de “asentamientos ilegales” a las comunidades judías en Judea y Samaria, pero Biden ha indicado que su administración restablecerá “la política estadounidense de oposición a la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados”.
“Es poco probable que la toma de posesión de Joe Biden como presidente ponga fin a los esfuerzos del gobierno por difamar la campaña BDS contra Israel, incluso en formas que amenazan la libertad de expresión”, alegó el grupo.
En noviembre del año pasado, el entonces Secretario de Estado Mike Pompeo dijo que planeaba comprometer al Departamento de Estado a “contrarrestar la Campaña Global de BDS como una manifestación de antisemitismo”, y amenazó con retirar la financiación a cualquier organización no gubernamental que apoyara el BDS, al que calificó de “cáncer”.
La administración Trump logró cambiar las normas de importación de Estados Unidos respecto a los productos israelíes producidos en los Judea-Samaria, Jerusalén y los Altos del Golán, permitiendo que ahora se etiqueten como “hechos en Israel”, en un golpe directo a la capacidad del movimiento de boicot contra el Estado judío.