Una carta oficial enviada por error generó un conflicto entre la Casa Blanca y Harvard, con amenazas de recorte de fondos por 2,200 millones de dólares.
La Casa Blanca presionó a Harvard con carta no avalada internamente
El 11 de abril de 2025, una carta enviada por funcionarios del gobierno de Donald Trump a la Universidad de Harvard desató un enfrentamiento institucional, según The New York Times. El documento exigía reformas radicales en las políticas universitarias y advertía sobre el congelamiento de más de 2,200 millones de dólares en fondos federales.
La misiva fue firmada por Sean Keveney, abogado general interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos, junto a otros dos funcionarios. Aunque fue enviada con papelería oficial y desde un correo gubernamental, un integrante del grupo de trabajo sobre antisemitismo aseguró que su emisión fue un error, al no estar autorizada oficialmente.
Dentro del propio gobierno existieron desacuerdos respecto al envío de la carta. Algunos miembros del grupo de trabajo consideraron que fue divulgada de forma prematura, mientras que otros pensaban que estaba destinada únicamente a circular internamente.
Harvard respondió el 14 de abril rechazando las exigencias, las cuales calificó de “ilegales” y contrarias a la Primera Enmienda. Afirmó que no estaba obligada a negociar con funcionarios del gobierno sobre la base de una carta sin autorización formal.
La carta exigía eliminar políticas DEI y aplicar sanciones severas
El documento enviado contenía demandas que Harvard calificó como un intento de extralimitar la autoridad federal. Exigía la eliminación completa de todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como auditorías externas para evaluar la diversidad ideológica en los departamentos académicos.
También planteaba imponer medidas disciplinarias más estrictas contra interrupciones en el campus y obligar a la universidad a reportar a estudiantes extranjeros que violen normas de conducta. Se solicitaba además que Harvard dejara de financiar o reconocer grupos estudiantiles involucrados en actividades delictivas o acoso ilegal.
Medidas gubernamentales y sus efectos en Harvard y otras universidades
- La Casa Blanca congeló más de 2,200 millones de dólares en subvenciones federales para Harvard.
- El contrato de 60 millones de dólares vinculado a investigaciones médicas fue suspendido.
- La administración revisa otros 9,000 millones en fondos federales destinados a Harvard.
- El gobierno también congeló fondos en Columbia (400 millones), Cornell (1,000 millones) y Northwestern (790 millones).
- Más de 525 visas de estudiantes y profesores fueron revocadas en más de 80 universidades.
Las exigencias fueron interpretadas como una amenaza a la libertad académica y a la gobernanza autónoma de la universidad. Aun así, la Casa Blanca, a través de la estratega de políticas May Mailman, criticó a Harvard por no contactar al grupo de trabajo sobre antisemitismo y optar por lo que describió como una “campaña de victimismo”.
La funcionaria señaló que aún era posible retomar el diálogo, aunque el gobierno mantuvo su posición y procedió con el congelamiento de fondos. Entre los recursos bloqueados, se incluyen financiamientos para investigaciones en áreas como cáncer, Alzheimer y tuberculosis.
La confrontación se inscribe en una ofensiva contra universidades de élite
Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, Donald Trump lanzó una campaña contra instituciones académicas que, según su gobierno, promueven antisemitismo y limitan la libertad de expresión. Emitió una orden ejecutiva para enfrentar el antisemitismo e instruyó a varias agencias a aplicar herramientas legales contra universidades.
La administración abrió investigaciones bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles contra distintas instituciones por presunta inacción ante actos discriminatorios. Estas investigaciones han causado el congelamiento de fondos en otras universidades de prestigio.
Los antecedentes de estas medidas incluyen las protestas pro-palestinas y antiisraelíes que se intensificaron en 2024, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que provocó 1,200 muertos y 251 rehenes en Israel. El gobierno ha señalado a varios manifestantes como simpatizantes de Hamás, grupo calificado como terrorista por Estados Unidos.
En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, advirtió el 16 de abril que revocaría la elegibilidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales si no entregaba antes del 30 de abril información sobre estudiantes extranjeros implicados en actos ilegales o peligrosos.
Harvard enfrenta más presiones por reportes financieros y fiscales
El 18 de abril, el Departamento de Educación acusó a Harvard de no informar adecuadamente sobre donaciones extranjeras significativas, como exige la ley. La universidad negó esa acusación y sostuvo que ha cumplido con las obligaciones de reporte durante décadas.
El presidente Trump, en una publicación del 15 de abril en Truth Social, amenazó con retirar el estatus de exención fiscal de la universidad, a la que acusó de operar como una entidad política. Sin embargo, la ley federal impide que el presidente ordene directamente investigaciones fiscales individuales.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) no ha confirmado si abrirá una investigación sobre este tema, pese a las declaraciones del mandatario.
La presión desde el Ejecutivo forma parte de una estrategia más amplia que afecta a más de 60 universidades bajo revisión por políticas DEI o su respuesta ante incidentes antisemitas.
La comunidad académica y judía expresa posiciones divididas
Estudiantes y profesores de Harvard han respaldado la postura de la universidad, considerándola una defensa de la autonomía académica. La respuesta ha sido replicada por instituciones como Princeton, Brown, MIT y Caltech, que han interpuesto demandas contra los recortes federales.
Por otro lado, Columbia decidió negociar con la administración, aceptando reformas en la supervisión de programas académicos y restricciones a las protestas en su campus.
La comunidad judía en Estados Unidos ha mostrado posturas distintas. Mientras algunos apoyan las acciones del gobierno contra el antisemitismo, otros manifiestan preocupación por posibles efectos negativos sobre la libertad de expresión y el debido proceso.
Varios expertos legales han cuestionado la aplicación del Título VI como un mecanismo para ejercer presión política. La administración, sin embargo, insiste en que sus acciones buscan garantizar la legalidad y proteger a estudiantes judíos en entornos universitarios.