El legislador judío Silviu Vexler anunció que devolverá su Orden Nacional del Mérito en señal de protesta, después de que el presidente rumano Nicusor Dan impugnara ante el Tribunal Constitucional una ley destinada a endurecer las sanciones contra el antisemitismo y el discurso de odio. El mandatario objetó la normativa por supuestas ambigüedades legales relacionadas con la libertad de expresión.
En junio, el Parlamento rumano aprobó una enmienda legislativa propuesta por Vexler que introdujo penas de prisión por la promoción de ideas antisemitas o xenófobas en redes sociales. La ley también aumentó las condenas por la creación o pertenencia a organizaciones racistas, ampliando el alcance punitivo frente a manifestaciones de odio étnico o religioso.
El texto legal reforzó una normativa ya vigente que prohíbe la exaltación de líderes o símbolos fascistas. En el caso rumano, esa restricción tiene un antecedente histórico marcado por la Guardia de Hierro, una agrupación antisemita que promovió pogromos y asesinatos políticos en la década de 1930, y que colaboró con la Alemania nazi hasta agosto de 1944.
Dan remitió el proyecto al Tribunal Constitucional, alegando que su redacción carece de una definición jurídica precisa sobre términos como “fascistas” o “miembros de la Guardia de Hierro”, lo cual, según argumentó, podría conducir a una aplicación arbitraria de la ley por parte de los jueces. El tribunal ya había rechazado una impugnación similar presentada por otros sectores políticos.
“El impacto del acto del presidente rumano alentará directa o indirectamente a continuar promoviendo la ideología de la Guardia de Hierro, los líderes de organizaciones extremistas e inevitablemente el antisemitismo y todas las formas de extremismo”, declaró Vexler. La presidencia no emitió comentarios ante la consulta de los medios.
La distinción que Vexler planea devolver, la Orden Nacional del Mérito, se otorga en reconocimiento a contribuciones destacadas en el ámbito civil o militar en Rumania. El legislador consideró que mantenerla sería incompatible con la posición adoptada por el jefe del Estado ante la ley impugnada.
Rumania suspendió una elección presidencial en diciembre tras denuncias de injerencia rusa, negadas por Moscú, a favor del candidato Calin Georgescu. Posteriormente, Georgescu quedó inhabilitado para competir en los nuevos comicios de mayo y fue procesado por promover públicamente a figuras fascistas de la época de guerra. Dan resultó electo en esa segunda vuelta, tras imponerse al sustituto de Georgescu.