La Facultad de Derecho de Yale despidió a Helyeh Doutaghi, académica iraní de 30 años, alegando que se negó a cooperar en una investigación sobre sus supuestos vínculos con Samidoun, una red designada por Estados Unidos y Canadá como fachada de recaudación de fondos para el grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Doutaghi, crítica pública de Israel y ex subdirectora del Proyecto de Derecho y Economía Política de Yale, niega haber evadido la investigación y sostiene que su despido responde a su postura sobre la guerra en Gaza. Asegura que ofreció responder por escrito a las preguntas de la universidad, alegando temor a ser detenida o deportada si se presentaba en persona.
La universidad afirmó que la decisión se tomó tras varias semanas en las que Doutaghi se negó a asistir en persona para abordar “acusaciones graves”. Entre las pruebas citadas por Yale figura una publicación en el sitio web de Samidoun que la identifica como miembro del grupo, así como su nombre en el programa de un panel organizado en octubre de 2024 por esa misma red. La académica respondió que no participó en ese evento, ya que fue cancelado o pospuesto, y subrayó que Samidoun no era el principal organizador.
En declaraciones a la prensa, Doutaghi rechazó estar involucrada con organizaciones que violen la ley estadounidense. Cuestionada sobre si pertenece o tiene vínculos con Samidoun, se limitó a reiterar que no está afiliada a ningún grupo ilegal.
Eric Lee, abogado de Doutaghi, confirmó que su clienta ofreció cooperar de forma remota, lo que Yale rechazó. La académica denunció que su despido forma parte de una campaña más amplia de persecución contra quienes critican la postura de Estados Unidos en la guerra de Gaza.
“Esto se ha convertido en parte del fascismo que se está desarrollando en Estados Unidos”, afirmó en una entrevista telefónica, señalando que quienes condenan el apoyo estadounidense a lo que describen como genocidio en Gaza pagan un precio con sus empleos y carreras. Mencionó como ejemplo a estudiantes sancionados o deportados en universidades como Columbia y Cornell.
Este caso se inscribe en el contexto de la presión ejercida por la administración de Donald Trump sobre las universidades del país para tomar medidas más duras contra el antisemitismo en los campus, tras protestas propalestinas. Críticos, entre ellos grupos judíos de izquierda y antisionistas, afirman que la Casa Blanca equipara erróneamente la defensa de los derechos palestinos y la crítica a Israel con apoyo al terrorismo.
