Amnistía Internacional afirmó el viernes que la Autoridad Palestina no ha hecho rendir cuentas a sus fuerzas de seguridad por la muerte de un activista bajo custodia policial hace un año.
La familia de Nizar Banat, destacado crítico de la AP, afirma que las fuerzas de seguridad irrumpieron en su residencia en plena noche y lo golpearon con porras metálicas.
Su muerte desencadenó semanas de protestas contra la AP, que gobierna partes de Judea y Samaria, algunas de las cuales fueron violentamente dispersadas.
Las autoridades palestinas detuvieron a 14 oficiales el verano pasado y los están juzgando en un tribunal militar, pero no han tomado medidas contra los altos mandos.
Amnistía dijo que a los 14 se les concedió unas “vacaciones” tras la detención desde el 21 de junio hasta el 2 de julio.
“El viciado juicio militar de 14 oficiales de seguridad de bajo rango no hará justicia”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es necesario que haya un juicio civil que siga las normas internacionales, y no una mera cortina de humo para proteger a los de mayor rango”, añadió.
Tres funcionarios palestinos declinaron las solicitudes de comentarios sobre la declaración de Amnistía.
Amnistía citó a Ghandi Rubi, abogado de la familia Banat, diciendo que se habían retirado completamente del juicio el 18 de mayo porque habían perdido la confianza en el proceso. Afirmó que están preparando un caso para los tribunales civiles en su lugar.
Los grupos de derechos humanos afirman que tanto la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, como el grupo terrorista Hamás, que gobierna Gaza, utilizan la tortura y la detención arbitraria para silenciar a los críticos.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, convocó las primeras elecciones en 15 años en abril de 2021, cuando parecía que su partido Al Fatah, cada vez más fracturado, se encaminaba a la derrota. Los últimos sondeos muestran que casi el 80% de los palestinos quieren que dimita.
