Funcionarios palestinos critican el decreto del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que pone fin a la política de “pago por matar”. Esta práctica vinculaba los pagos de asistencia social a la duración de las condenas de los terroristas presos palestinos en cárceles israelíes y otorgaba estipendios a las familias de terroristas muertos durante ataques.
El decreto, emitido ayer, afectará a decenas de miles de beneficiarios. Según la nueva norma, las familias de prisioneros y atacantes muertos recibirán asistencia económica basada únicamente en criterios de necesidad financiera, al igual que otros ciudadanos palestinos.
Qadura Fares, jefe del comité de la Autoridad Palestina que gestiona los asuntos de los prisioneros, exige la anulación inmediata de la medida. Advierte que alrededor de 35.000 a 40.000 familias quedarán afectadas por esta decisión. Fares argumenta que una reforma de tal magnitud debió ser debatida previamente en todos los niveles de la dirigencia política, ya que el apoyo económico a los prisioneros es un punto de consenso entre las facciones palestinas.
Hilmi al-Araj, directora del Centro para la Defensa de las Libertades y los Derechos Civiles, también rechaza la decisión, pidiendo que se anule por completo. Considera inadecuado tanto el contenido del decreto como el momento de su emisión, afirmando que los prisioneros están próximos a ser liberados.
Araj se refiere al acuerdo vigente entre Israel y Hamás, que contempla la liberación de unos 2.000 terroristas palestinos presos a cambio de rehenes capturados en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
El grupo terrorista Hamás ha condenado el decreto de Abbas, exigiendo que se revoque de inmediato.
