La Autoridad Palestina ha revelado inadvertidamente que la función de la UNRWA (Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas) es más política que humanitaria. Este reconocimiento surge tras la reciente aprobación en la Knéset de una ley que prohibirá a la UNRWA operar en el territorio soberano de Israel a partir del 30 de enero. La medida ha generado reacciones de rechazo por parte de la ONU, ONG, países donantes y la propia Autoridad Palestina.
Diversas voces, como la ONU y Human Rights Watch, afirman que la UNRWA brinda asistencia humanitaria esencial a los refugiados palestinos. Los gobiernos de países como Canadá, Australia, Francia, Alemania y Reino Unido han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de la nueva ley israelí, destacando la importancia de los servicios humanitarios que presta la agencia. Sin embargo, el contraste entre estas declaraciones y la postura de la Autoridad Palestina evidencia una discrepancia fundamental sobre el verdadero propósito de la UNRWA.
El portavoz de Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, denunció que la ley israelí busca eliminar el derecho al retorno y la compensación de los refugiados palestinos. Por su parte, Ahmad Abu Houli, presidente del Departamento de Asuntos de Refugiados de la OLP, señaló que la medida intenta socavar la causa de los refugiados palestinos, negando su condición de refugiados y reconfigurando los criterios para una solución política futura.
La causa de los refugiados y el derecho al retorno son temas clave en la narrativa política de la Autoridad Palestina. Los aproximadamente 5,9 millones de personas que residen en campamentos administrados por la UNRWA, a pesar de haber nacido y crecido en otros países, continúan siendo registrados como refugiados. Este enfoque perpetúa su situación como apátridas y mantiene viva la exigencia política de retorno a lo que la AP llama “Palestina Interior”, en referencia al actual territorio de Israel.
Algunos críticos argumentan que la UNRWA debería clausurarse por sus presuntos vínculos con el terrorismo de Hamás. Sin embargo, el problema de fondo no radica en estas acusaciones, sino en el papel que la UNRWA ha asumido al mantener un creciente número de refugiados, que pasaron de 750.000 en 1949 a 5,9 millones en la actualidad. La agencia es vista como una violadora de derechos humanos al perpetuar esta condición sin ofrecer soluciones de integración o reasentamiento.
La comunidad internacional debe asumir el papel político que la UNRWA desempeña según la propia Autoridad Palestina. Israel ha dado el primer paso hacia el desmantelamiento de esta agencia, y se requiere ahora un proceso progresivo para transferir la responsabilidad de los refugiados al ACNUR. Esto permitiría ofrecer a los afectados una alternativa real basada en el derecho humanitario, en lugar del derecho político al retorno, que es prácticamente inalcanzable.
El financiamiento continuo de la UNRWA en su actual configuración no es viable ni ético para los países donantes. A medida que la población registrada como refugiada continúe aumentando, se agudizará la presión sobre estas naciones. Además, la opción de otorgar ciudadanía israelí a estos millones de refugiados es considerada inviable, especialmente si se toman en cuenta las dificultades que han enfrentado países europeos con flujos migratorios relativamente menores.
Recientemente, Mohammad Mustafa, primer ministro de la Autoridad Palestina, reiteró que la prioridad de su gobierno no es mejorar las condiciones de los refugiados, sino preservar los campamentos como símbolos nacionales. En sus palabras, los campamentos son «un símbolo de nuestra gloria» y deben mantenerse.