Un grupo de 52 árabes, residentes de la Autoridad Palestina, que necesitaban costosas evaluaciones médicas para solicitar compensaciones luego de un fallo judicial que dictaminó que la Autoridad Palestina era culpable de torturarlos, recurrieron a quince organizaciones de derechos humanos para recibir apoyo, pero fueron rechazadas por 13 de ellas, Israel Hayom informó el viernes.
De las 15 ONGs, solo Médicos por los Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura ofrecieron asistencia a los solicitantes. El resto se negaron formalmente a ayudar o ignoraron las súplicas. La organización Yesh Din (organización de extrema izquierda israelí) expresó su “enojo y dolor”, pero explicó que no pueden ayudar porque solo “representan a víctimas de violaciones cuando son perjudicadas por las autoridades israelíes o ciudadanos israelíes”.
Otra ONG, Adalah (de izquierda), declaró que “solo ayudan a los palestinos que denuncian al Estado de Israel”.
Amnistía Internacional dijo que su organización “no tiene las herramientas profesionales para atender las necesidades de estos refugiados”. Sorprende la afirmación, ya que solo la filial de Amnistía Internacional en España obtuvo en 2016 más de 10 millones de euros de ingresos, afirma la organización ACOM.
En agosto de 2017, el juez Moshe Drori del Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que la Autoridad Palestina es responsable de asesinato, secuestro, encarcelamiento, o tortura y violación contra 52 árabes, tanto israelíes como ciudadanos bajo la Autoridad Palestina. El veredicto sobre estos casos, que se remonta a los años 1995-2002, describió la tortura que incluye descargas eléctricas, castración, colgar de los pies, cabeza abajo por tiempo prolongado a los reos, derramamiento de plástico hirviendo sobre el cuerpo, extracción de dientes y uñas con tenazas, privación del sueño y alimentos, hasta la violación y asesinato de miembros de la familia de los presos.
Drori dictaminó que la Autoridad Palestina debe asumir las indemnizaciones reclamadas por las personas que habían sufrido las humillaciones y torturas. El fallo supuso una gran victoria para los demandantes, pero pronto quedó claro que, para que la Autoridad Palestina realizase la reparación económica, los demandantes tenían que proporcionar informes médicos de distintas áreas clínicas, una tarea muy costosa para los afectados.
Para ayudar a los demandantes, los abogados Barak Kedem y Aryeh Arbus escribieron a 15 organizaciones de derechos humanos que siempre encabezan la “lucha contra la ocupación israelí”, contra la demolición de casas pertenecientes a familias de terroristas, y que se benefician con fondos muy grandes de gobiernos y organizaciones benéficas extranjeras, pero la respuesta fue el silencio.
