China ha volcado más de US$120.000 millones a proyectos mineros y de procesamiento de minerales fuera de sus fronteras desde 2023, de acuerdo con el think tank australiano Climate Energy Finance (CEF). El flujo de capital se dirigió, sobre todo, a litio, cobre, níquel y tierras raras: insumos centrales para las tecnologías de energía limpia y para los planes de descarbonización.
El movimiento consolidó la influencia de Pekín sobre cadenas de suministro consideradas estratégicas y dio impulso a industrias asociadas a la transición energética en países en desarrollo. Al mismo tiempo, encendió señales de alarma: el endeudamiento de los países receptores, la opacidad de muchos acuerdos y el bajo retorno económico en los territorios donde se instalan los proyectos aparecen como preocupaciones crecientes.
La expansión no se limita a la extracción. Las compañías chinas también aceleraron inversiones en refinación y en infraestructura vinculada —puertos, ferrocarriles, redes energéticas— con un objetivo explícito: asegurar abastecimiento a largo plazo y recortar la dependencia de proveedores tradicionales.
Esa estrategia se apoya en una ventaja industrial ya instalada. China domina el procesamiento de varios minerales esenciales para la energía limpia: concentra cerca del 90% del refinado de tierras raras, el 90% de los componentes de baterías y el 60% del procesamiento mundial de litio.
África ocupa un lugar central en el esquema. En la República Democrática del Congo (RDC), el grupo chino CMOC, en alianza con Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), completó en 2023 la primera fase del proyecto de cobalto Kisanfu, descrito como uno de los yacimientos de cobre y cobalto de mayor ley del mundo.
CMOC se había instalado en el país en 2016, cuando compró una participación mayoritaria en la mina Tenke Fungurume a Freeport-McMoRan. En 2025 reportó una producción récord de cobalto de unas 117.549 toneladas y fijó para 2026 un objetivo de entre 100.000 y 120.000 toneladas. En paralelo, proyecta elevar su producción de cobre ese mismo año a un rango de 760.000 a 820.000 toneladas.
Con dos minas de alta ley en marcha, la empresa se consolidó como el mayor productor mundial de cobalto y cobre, por delante de Glencore.
En Zimbabue, Zhejiang Huayou Cobalt dio otro paso relevante: en 2023 puso en funcionamiento una planta de procesamiento de litio de US$300 millones en la mina Arcadia. La instalación, operada por su filial Prospect Lithium Zimbabwe, puede procesar 4,5 millones de toneladas métricas anuales de mineral de roca dura y producir alrededor de 450.000 toneladas métricas de concentrado de litio.
El despliegue continuó. En 2025, Huayou Cobalt inauguró en Arcadia una segunda planta de US$400 millones, enfocada en sulfato de litio, un insumo intermedio para baterías, con una producción prevista por encima de las 50.000 toneladas métricas al año.
En la misma RDC, la estatal Gécamines y un consorcio chino reformaron hace dos semanas su sociedad conjunta Sino-Congolaise des Mines (Sicomines), operadora de minas a cielo abierto de cobre y cobalto en la provincia de Lualaba. Sicomines nació en 2008 bajo un esquema de “minerales por infraestructura”: inversores chinos, con el 68% de la participación, financian carreteras, hospitales y otras obras a cambio de derechos mineros, mientras Gécamines retiene el 32%. El nuevo acuerdo establece que los socios chinos deberán invertir US$7.000 millones en infraestructura en la RDC hasta 2040.
Zambia también figura en el mapa. China Nonferrous Metal Mining Company (CNMC) compró en 1998 la mina de cobre Chambishi, considerada la primera inversión china en activos cupríferos del país tras la privatización del sector. Dos décadas más tarde, en 2018, CNMC lanzó Southeast Ore Body, una expansión cercana a US$1.000 millones dentro de un proyecto de cobre y cobalto. La operación ampliada apunta a producir entre 100.000 y 110.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Chambishi aparece, además, entre las minas zambianas más avanzadas por su nivel de digitalización y automatización, con apoyo de acuerdos con empresas como Sandvik Mining and Rock Technology.
La ofensiva china en el continente abarca otros frentes: el proyecto de mineral de hierro Lobé-Kribi de Sinosteel Cam en Camerún; los desarrollos de hierro Simandou de Chinalco en Guinea; el proyecto de litio Goulamina de Jiangxi Ganfeng Lithium en Malí; y el complejo de cobre Kamoa-Kakula en la RDC, una empresa conjunta entre Zijin Mining e Ivanhoe Mines.
En términos de control, el avance es visible. China controla ahora más del 70% de las minas activas de cobalto y cobre en territorio congoleño. Y sus empresas ya no se concentran únicamente en la extracción: empujan hacia etapas de mayor valor agregado, con inversiones en fundiciones, procesamiento local y fabricación de baterías. Entre esos planes aparece la futura planta de baterías de Gotion High-Tech en Marruecos, valuada en US$5.600 millones.
El patrón se repite con una lógica directa: construir infraestructura para asegurar recursos. Los acuerdos suelen cerrarse entre gobiernos, con respaldo financiero del Estado chino y ejecución a cargo de sus empresas. En muchos casos, el Banco de Exportación e Importación de China aporta el financiamiento, mientras Pekín asegura contratos de suministro de largo plazo sobre minerales críticos.
El modelo ofrece ventajas operativas: permite avanzar rápido, sortear trabas que suelen frenar a compañías occidentales y, en más de un caso, cubrir déficits reales de infraestructura en economías en desarrollo. Pero el costo político y económico de esos pactos gana peso.
Varios países anfitriones cargan con niveles elevados de deuda asociados a estos proyectos. Yibuti y Angola son mencionados de forma recurrente por su alta exposición al financiamiento chino. A la par, el impacto sobre las economías locales ha quedado por debajo de lo esperado.
En numerosos emprendimientos, los operadores chinos trasladan su propia mano de obra y sus materiales, lo que achica la creación de empleo local y limita la transferencia tecnológica. Con contratos negociados a puerta cerrada, crecen las dudas sobre la transparencia y sobre el control futuro de recursos nacionales que, por definición, son estratégicos.