¿Estamos al borde de un cambio significativo en el mercado inmobiliario? Según informaciones proporcionadas por “Globes”, el Ministerio de Justicia, la Administración Nacional de Planificación y el Consejo Nacional de Planificación y Construcción están trabajando en una reforma amplia del impuesto de plusvalía.
Esta modificación incluye la posibilidad de eliminar por completo dicho impuesto y establecer un nuevo mecanismo para gravar el incremento del valor de los terrenos derivado de cambios en la planificación.
El impuesto de plusvalía es un tributo local que se impone a los propietarios de terrenos tras la aprobación de un plan que aumenta el valor de su propiedad, la obtención de un permiso de construcción o la flexibilización de normativas. En general, el impuesto representa el 50% del incremento del valor de la tierra, aplicándose a casi todos los dueños de propiedades en algún momento.
Cada año, propietarios en Israel pagan miles de millones de shekels en impuestos de mejora, los cuales son una fuente principal de ingresos para las autoridades locales. Por tanto, cualquier reforma, especialmente la eliminación del impuesto, podría tener un gran impacto en las finanzas de estas instituciones.
La reforma del impuesto está siendo impulsada por el abogado Carmit Yulis, fiscal general adjunto, junto con el rabino Natan Elnatan, presidente del Consejo Nacional de Planificación y Construcción, y Rafi Elmaliach, director de la Administración de Planificación.
El concepto del impuesto sobre plusvalía es sencillo: el propietario se beneficia del aumento en el valor de su terreno gracias a la intervención estatal, y por justicia distributiva, el Estado “captura” parte de ese valor mediante un impuesto que se transfiere a la autoridad local. Este dinero se utiliza para financiar inversiones públicas en la jurisdicción, como proyectos de planificación y desarrollo.
No obstante, con el tiempo, este impuesto ha evolucionado hacia un proceso burocrático complejo. Las evaluaciones, realizadas por peritos, son frecuentemente disputadas y acaban en comités de apelación o en tribunales, lo que ha ralentizado proyectos inmobiliarios.
La maraña de regulaciones ha convertido el cálculo del impuesto en una tarea complicada. La reforma busca simplificar esta situación.
“Es momento de avanzar, aunque la situación no quedará igual”, afirmó una fuente conocedora del tema a Globes. Otra fuente añadió que en el Ministerio de Justicia y los principales órganos de planificación se han escuchado opiniones a favor de abolir el impuesto. En el ámbito académico también se considera que este gravamen genera incertidumbre en el sector.
Amit Gottlieb, presidente de la filial de Tel Aviv y Central de la Asociación de Constructores de Israel, criticó el actual sistema, calificándolo de “retorcido, deficiente y poco serio”. Según él, la incertidumbre que provoca el impuesto puede retrasar la venta de terrenos durante años.
La eliminación total del impuesto es solo una de las opciones sobre la mesa. También se está valorando mantenerlo, pero con modificaciones que hagan su aplicación más clara y predecible.
A principios de año, el Ministerio del Interior propuso un proyecto de ley para organizar este campo, pero hasta ahora no ha habido avances significativos. El camino hacia cambios reales es largo, y una de las principales razones es la oposición de grupos de presión, sobre todo de las autoridades locales.
Un informe del Interventor del Estado, publicado en julio de 2024, señala que los ingresos por el impuesto de plusvalía son clave para la planificación y desarrollo de espacios públicos, así como para la construcción de edificios y la provisión de servicios adecuados a los ciudadanos.
El informe destaca que en 2021, los ingresos por este concepto ascendieron a 8.700 millones de NIS, mientras que en 2015 eran de 3.600 millones, lo que supone más del doble en seis años.
En el contexto internacional, los gravámenes sobre mejoras no son habituales. De hecho, solo el 20% de los países estudiados recauda un impuesto similar al de Israel. La mayoría de las naciones utilizan otros métodos para captar el valor de la tierra y contribuir al financiamiento público.