Miembros del partido Likud instan al gobierno a no permitir el regreso de trabajadores palestinos a Israel, alegando riesgos de seguridad.
En una carta abierta dirigida a sus representantes en el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, legisladores del partido Likud han hecho una petición firme: los trabajadores palestinos de Judea y Samaria no deben ser readmitidos en Israel. Ellos argumentan que “su presencia supone un riesgo para la seguridad” y que la solución sería reemplazarlos con trabajadores extranjeros.
La propuesta, impulsada por 12 miembros del Likud, incluyendo a figuras como el ministro de Economía, Nir Barkat, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, se produce tras la decisión de prohibir la entrada de trabajadores palestinos como consecuencia del “brutal ataque de Hamás del 7 de octubre”. A pesar de reconocer que la economía ha sufrido “pérdidas de miles de millones de shekels”, los legisladores sugieren que la necesidad laboral “puede cubrirse mediante acuerdos con varios países”.
Los proponentes de esta medida cuestionan la dependencia de la mano de obra palestina, alegando que una mayoría abrumadora “apoyó la terrible masacre”. Consideran que seguir empleando a trabajadores palestinos es “un gran riesgo para la seguridad y un grave fracaso moral”. Además, expresan su posición con firmeza, diciendo: “no somos responsables del sustento de quienes apoyan el asesinato de judíos en la Tierra de Israel”. Esta postura se mantiene a pesar de las advertencias de los servicios de seguridad sobre posibles consecuencias negativas, como el incremento de la violencia y el terrorismo en Judea y Samaria debido al deterioro económico.
La carta enfatiza la urgencia de la situación, instando al gobierno a “decir explícitamente que no se permitirá la entrada de más trabajadores palestinos en Israel”. Los legisladores ven en la pronta incorporación de trabajadores extranjeros una vía para el fortalecimiento económico.
Finalmente, el impacto económico de estas medidas ha sido significativo. Según el Ministerio de Finanzas, la prohibición de la mayoría de los trabajadores palestinos desde el 7 de octubre podría estar costando alrededor de 3.000 millones de NIS (830 millones de dólares) al mes. Esto ha llevado al gobierno a buscar alternativas, como fomentar la llegada de trabajadores extranjeros, mientras que “alrededor de la mitad de las obras de construcción de Israel están actualmente inactivas por falta de trabajadores”.