La amenaza a la que Israel se enfrenta actualmente por la posible investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre sus operaciones militares en la Franja de Gaza y sus actividades en los poblados de Judea y Samaria es real.
La CPI tiene 90 días para iniciar la investigación y si lo hace, más de unos pocos funcionarios israelíes podrían encontrarse con que no pueden visitar algunas de las naciones más importantes del mundo, por temor a ser arrestados y extraditados a La Haya.
Pero, ¿qué se puede hacer? En la reciente reunión del Gabinete de Seguridad Diplomática sobre el asunto, los asesores legales ofrecieron recursos legales y los diplomáticos reflexionaron sobre soluciones diplomáticas, pero lo que no se discutió fue el hecho de que hasta ahora, ambas vías han fracasado al tratar la situación.
Lo que hay que decir es que el fiscal general Avichai Mendelblit es, de hecho, un experto en la materia, su tesis doctoral se centra en la amenaza que supone para Israel el derecho internacional.
Además, fue durante la etapa de Mendelblit como abogado general militar a principios de la década de 2000 que las FDI se sometieron a un proceso judicial por el cual toda operación, grande o pequeña, se somete a un riguroso escrutinio jurídico con el propósito explícito de impedir cualquier interferencia de la Corte Penal Internacional.
Pero al final del día, nada de eso ayudó.
Lo mismo ocurre con los esfuerzos diplomáticos: Durante años, los funcionarios israelíes han tratado de convencer a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, de que el Estado judío tiene derecho, pero sin éxito. Bensouda ha ignorado sus argumentos, al igual que es probable que lo haga La Haya.
Como en cualquier otro foro internacional, y especialmente en lo que respecta a los que se ocupan de los derechos humanos, Israel está en minoría.
Según el derecho internacional, no solo los líderes de los movimientos de poblado son criminales de guerra, sino también el ex alcalde de Jerusalén Nir Barkat, su sucesor Moshé Lion, y cualquiera que haya aprobado la construcción de nuevos poblados en Jerusalén, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.
En este estado de cosas, cuando el sistema diplomático o legal es incapaz de responder, puede ser el momento de usar diferentes herramientas, las más fuertes.
La experiencia estadounidense de repeler una posible investigación de la CPI sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán muestra que los intentos de intimidación de la CPI pueden detenerse.
Cuando se trata de los tratos de Israel con la CPI, quizás sea hora de que Jerusalén saque una página del libro de Washington.