La buena noticia es que la ministra del Interior, Ayelet Shaked, modificó el domingo la política del gobierno sobre los refugiados ucranianos y, en lugar de limitar a unos pocos miles el número de personas que huyen de la guerra que Israel podría acoger, declaró que cualquiera que tenga un pariente aquí puede encontrar refugio en el país durante “uno o dos meses”.
La noticia decepcionante es que fue necesaria una intensa presión pública y una petición al Tribunal Superior de Justicia para forzarla a actuar. Al final, Shaked hizo lo correcto. La pena es que no lo haya hecho desde el principio y por voluntad propia.
Israel es un país de inmigrantes, y de refugiados. Debería haber estado claro que las imágenes desgarradoras de los refugiados que cruzan las fronteras de Ucrania tocarían los corazones de decenas de israelíes y sus descendientes que fueron ellos mismos refugiados de Europa después del Holocausto, o de tierras árabes después del establecimiento del Estado de Israel. Habiendo caminado ellos mismos en los zapatos de los refugiados, o habiendo tenido a sus padres caminando en esos zapatos, debería haber estado claro para Shaked que una política de refugiados tacaña causaría una protesta.
Y así fue.
Apenas anunció la semana pasada una política limitada que permitía la permanencia de 20.000 ciudadanos ucranianos que ya se encontraban en el país, y que Israel acogería a 5.000 refugiados que no tenían derecho a inmigrar, esta política fue rotundamente criticada en la calle, en los medios de comunicación y por ministros de su propio gobierno.
Algunas críticas eran acertadas -como las de quienes decían que primero se deja entrar a los refugiados en el país y luego se empieza a hacer el papeleo-, mientras que otras eran exageradas.
Por ejemplo, el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, que desde el principio de la guerra criticó que Israel no fuera más acogedor con los refugiados, dijo que “ningún otro país ha impuesto límites a los refugiados”.
Shai exageraba.
Estados Unidos, por ejemplo, aún no ha establecido una política de refugiados ucranianos, más allá de conceder un estatus de protección temporal a los 75.000 ciudadanos ucranianos que se encuentran actualmente en el país. Tampoco Nueva Zelanda ha establecido una política, aunque la opinión pública clama para que lo haga. Y estos son sólo dos ejemplos. Hay que distinguir entre los países fronterizos con Ucrania, que acogen a los refugiados sin límites, y los países más lejanos, que aún están formulando una política.
Las directrices anunciadas por Shaked son intencionadamente ambiguas. Por ejemplo, dijo que los familiares de ciudadanos israelíes podrán permanecer en el país durante un tiempo limitado, pero no definió el término “familiares”, aunque Tomer Moskowitz, director general de la Autoridad de Población e Inmigración, dijo en una entrevista radiofónica que se limita a los familiares de primer grado, “no a cualquier primo tercero”.
Moskowitz reconoció que el cambio de política del gobierno indica que la política original de 25.000 no debería haberse aplicado. Es un hecho positivo que el gobierno pueda reconocer una política errónea y cambiarla.
En una línea similar, es de agradecer que el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, dejara claro el lunes que Israel acataría las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Pero también en este caso, ésta debería haber sido la política de Jerusalén desde el principio, y no algo a lo que se vio empujado, esta vez por fuerzas externas, no internas.
“Israel no será una vía para eludir las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y otros países occidentales”, dijo Lapid en Eslovaquia en unos comentarios que no se pueden separar de las críticas de Estados Unidos por no haber secundado plenamente las sanciones de Occidente contra Moscú. El viernes, la subsecretaria de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, amonestó a Israel por no querer “convertirse en el último refugio del dinero sucio que alimenta las guerras de [el presidente ruso Vladimir] Putin”.
Aumentar el número de refugiados a los que se les permitirá entrar en el país -más allá de los 200.000 judíos ucranianos estimados y sus familiares con derecho a inmigrar en virtud de la Ley del Retorno-, así como impedir que se utilice a Israel para eludir las sanciones, es lo correcto. Es una pena que el gobierno haya tenido que ser presionado para hacerlo.
