Minnesota se ha convertido en el epicentro de uno de los mayores escándalos de fraude en beneficios públicos de la historia moderna de Estados Unidos. Esa etiqueta ha activado un escrutinio intenso del Congreso y de los investigadores federales, y abre preguntas inquietantes sobre lo que ocurre con los más vulnerables cuando la supervisión falla. Mientras miles de millones de dólares de los contribuyentes se desviaban de programas diseñados para alimentos, atención médica, asistencia para la vivienda y apoyo a personas con discapacidades, funcionarios estatales desatendieron alertas reiteradas, los denunciantes fueron marginados y los destinatarios de esos servicios a menudo quedaron sin atención.
Cada dólar perdido por abuso deja de financiar a personas reales cuya salud, seguridad y estabilidad dependen de esos programas. Si el gobierno no frena el fraude a tiempo, el efecto no es solo despilfarro: es negligencia, abandono y, en algunos casos, tragedias evitables.
Esa realidad pesa cada vez más en Washington. La capital mira ahora a Minnesota no como vitrina de éxito de una gobernanza progresista, sino como advertencia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo recientemente que la experiencia del estado debe leerse como una alerta nacional y no como una vergüenza localizada, y subrayó que el fraude en los sistemas de beneficios públicos nunca es solo un problema fiscal.
“Este dinero podría haber sido potencialmente desviado a organizaciones terroristas, como al Shabab”, dijo Bessent. “El Tesoro tiene una larga historia de seguir el rastro del dinero para asfixiar financieramente a actores maliciosos, como la mafia y los cárteles mexicanos de la droga. Ahora estamos haciendo lo mismo para desmantelar redes de fraude somalíes”.
El caso también destaca por el contraste entre la imagen proyectada y lo que, según los investigadores, ocurría internamente. Durante la administración Biden, Minnesota fue descrita con frecuencia como modelo de gasto social expansivo. En 2023, la primera dama Jill Biden viajó al estado para promover miles de millones de dólares en nueva financiación federal para el cuidado infantil y elogió las inversiones de Minnesota en familias y educación temprana. La visita buscaba exhibir cómo un gasto histórico podía transformar la atención a niños y a padres trabajadores. Sin embargo, en paralelo, afirman ahora los investigadores, el aparato de servicios sociales del estado perdía dinero de forma masiva a través de esquemas de fraude que privaban a familias vulnerables de la misma atención celebrada públicamente.
Según estimaciones de investigadores del Congreso, al menos desde 2018 el fraude pudo haber absorbido miles de millones de dólares en más de una docena de programas administrados por Minnesota, entre ellos Medicaid, estabilización de vivienda, servicios para el autismo, recuperación de adicciones y atención domiciliaria y comunitaria. En algunos casos, las reclamaciones fraudulentas pudieron haber constituido la mayoría del gasto total. El escándalo de Feeding Our Future —aproximadamente $250 millones robados de fondos federales de nutrición infantil mediante recuentos de comidas inventados y centros de distribución ficticios— pareció al inicio una anomalía alimentada por el caos de la era pandémica. Hoy se entiende ampliamente como una señal temprana de un colapso mucho más profundo de la supervisión.
La dimensión financiera impresiona, pero el impacto humano inquieta más. El periodismo de investigación local ha documentado episodios repetidos en los que proveedores de Medicaid facturaron a Minnesota por servicios nunca prestados, a veces a personas a las que ni siquiera conocieron. En un caso especialmente desgarrador, un adulto vulnerable inscrito en un programa de atención domiciliaria financiado por Medicaid fue hallado muerto en su casa, sin cuidados, pese a que los registros indicaban que el estado había pagado horas de supervisión diaria. En el papel, la atención era integral; en la práctica, no apareció nadie.
No eran fallas administrativas aisladas ni malentendidos de buena fe. Eran consecuencias previsibles de un sistema que pagaba reclamaciones sin verificar la prestación y que confundía cumplimiento documental con atención real. Proveedores cobraban por supervisión las 24 horas sin presentarse. Centros de terapia para el autismo reclamaban servicios que no ocurrían. Programas de vivienda recibían fondos por “estabilización” mientras los clientes seguían sin hogar. El dinero circulaba aun cuando los servicios solo existían en hojas de cálculo.
Lo más alarmante es la cantidad de ocasiones en que se pudo intervenir antes de que el daño escalara. Testimonios ante el Congreso y comunicaciones internas indican que funcionarios de Minnesota recibieron advertencias repetidas de auditores estatales, inspectores federales y empleados de primera línea sobre patrones de facturación inverosímiles, tasas de reembolso inusualmente altas y falta de salvaguardias básicas. Aun así, la aplicación se postergó, las investigaciones se empantanaron y las alertas se minimizaron. Varios denunciantes dijeron a legisladores que sufrieron represalias o costos profesionales por insistir demasiado, lo que consolidó un entorno donde callar era más seguro que exigir rendición de cuentas.
En ese contexto, el senador Chuck Grassley (R-IA) exigió explicaciones sobre el trato dispensado a los denunciantes. Cuando los empleados aprenden que reportar conductas indebidas daña sus carreras en vez de activar correcciones, el sistema se adiestra para pasar por alto el abuso.
Las derivaciones del caso exceden las fronteras estatales. El fraude extendido erosiona la confianza pública en los programas de servicios sociales y en comunidades de todo el país, y dificulta sostener apoyo político a la asistencia legítima. También proyecta efectos internacionales. El gobierno federal anunció recientemente que pondría fin de forma permanente a la ayuda alimentaria a Somalia tras descubrir la desaparición de un almacén completo de suministros humanitarios financiados por Estados Unidos. Cuando la supervisión se derrumba y el fraude se vuelve sistémico, los donantes se repliegan, los programas se recortan y personas inocentes pagan el costo.
Ante esa gravedad, la administración Trump empezó a desplegar herramientas de supervisión financiera orientadas a bloquear pagos fraudulentos antes de que salgan, en lugar de perseguir a los responsables cuando el dinero ya se perdió. Las autoridades federales utilizan cada vez más a Minnesota como banco de pruebas para una estrategia antifraude más agresiva, con análisis de datos a nivel del Tesoro para marcar transacciones sospechosas en tiempo real.
En Minnesota, el impacto político ya es considerable. La decisión del gobernador Tim Walz (D-MN) de no buscar un tercer mandato llegó en medio de un escrutinio creciente sobre cómo su administración gestionó las acusaciones de fraude, y fue interpretada ampliamente como reconocimiento del daño político infligido por el escándalo. Los republicanos afirman que el episodio desnuda una cultura de permisividad y puntos ciegos ideológicos; los demócratas responden que los programas de emergencia de la pandemia generaron vulnerabilidades en todo el país y que ahora se impulsan reformas. Lo que casi nadie discute es que el sistema falló durante años mientras las advertencias quedaban sin respuesta.
El fraude alcanzó esa escala porque la supervisión fue endeble, la aplicación se demoró y la rendición de cuentas, en el mejor de los casos, fue opcional. Demasiados funcionarios evitaron profundizar o formular preguntas evidentes, no por desconocimiento, sino por temor a ser acusados de racismo al escrutar a proveedores que debían ser escrutados. Esa parálisis fue catastrófica. Ignorar la mala conducta en nombre de la sensibilidad no protege a las poblaciones vulnerables: habilita la explotación, vacía recursos y termina dañando a las mismas comunidades que los responsables políticos dicen defender.
La generosidad sin rendición de cuentas abre la puerta a la explotación, y esa explotación golpea precisamente a quienes estos programas deben servir. Expandir financiación mientras se descuida la aplicación alimenta una ilusión peligrosa de compasión: se exhibe bien en visitas políticas y conferencias de prensa, pero se desmorona bajo examen.
Los dólares del contribuyente asignados a Medicaid, cuidado infantil, asistencia alimentaria y apoyo a la vivienda son compromisos concretos con personas concretas, no partidas abstractas. Cuando se roban o se usan indebidamente, el costo se cuenta en miles de millones perdidos y en atención negada, servicios nunca prestados y vidas puestas en riesgo en silencio. Minnesota funciona como advertencia para responsables políticos de todo el país: cuando la supervisión colapsa y los denunciantes son silenciados, el fraude no solo drena las arcas públicas. Despoja a los vulnerables y los obliga a pagar el precio más alto.
Para quienes se arrogan el manto de la gobernanza progresista, negarse a frenar el fraude no es un traspié neutral: es una traición a los principios invocados para justificar un gasto social expansivo. Proteger a los pobres exige más que financiar programas: exige el valor de garantizar que esos programas sirvan, de hecho, a las personas a las que están destinados a ayudar.