La decisión de Israel de expulsar a los inmigrantes ilegales (y redirigir a algunos de ellos a terceros países) ha suscitado duras críticas tanto en Israel como en el extranjero. El debate sobre este tema polémico es bienvenido, pero debe ser justo y estar basado en hechos.
Hay 37,288 inmigrantes ilegales en Israel. El 71% de ellos son de Eritrea, el 21% de Sudán, el 7% de otros países africanos y el 1% de países no africanos. La mayoría ingresó ilegalmente a Israel desde el Sinaí entre 2006 y 2012, y muchos viven en el sur de Tel-Aviv. La entrada ilegal a Israel desde el Sinaí durante esos años fue posible porque la frontera entre Israel y Egipto solo estaba marcada por una cerca baja y fácilmente traspasable. En 2010, Israel comenzó la construcción de una barrera inexpugnable que se completó en 2013. Esta barrera ha puesto fin a la inmigración ilegal.
Al igual que otros signatarios de la Convención de Refugiados de la ONU (1951), Israel está obligado a otorgar el estatus de refugiado a personas que huyen de “genocidio, guerra, persecución y esclavitud de regímenes dictatoriales”. Lo hizo en 1977 cuando aceptó a “balseros” vietnamitas que estaban siendo rechazados por otros países. Lo ha estado haciendo para el pequeño porcentaje de inmigrantes africanos que son solicitantes de asilo reales. Los inmigrantes de Eritrea reclaman el estatus de refugiado debido a la dureza del servicio militar en Eritrea. Este reclamo ha sido rechazado por el gobierno suizo, por razones que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) justificó en su mayoría en su informe de 2016. En cuanto a los inmigrantes sudaneses, llegaron a Israel a través de Egipto, un país donde sus vidas ya no corrían peligro. Sin embargo Israel considera que los sudaneses de Darfur son un caso especial.
Israel teóricamente podría mantener a los inmigrantes ilegales por motivos altruistas (como lo propugnan principalmente grupos judíos estadounidenses), pero el gobierno israelí, al igual que cualquier gobierno comprometido y responsable, también debe (algunos argumentarían principalmente) tener en cuenta el bienestar de sus propios ciudadanos. Los residentes del sur de Tel-Aviv son víctimas del aumento de las tasas de delincuencia y del deterioro de las condiciones de vida. Ellos también tienen derechos humanos. Algunos afirman que los inmigrantes ilegales deberían extenderse por todo el país para aliviar el sur de Tel-Aviv. Sin embargo, cuando el gobierno israelí intentó hacer justamente eso (en 2009), la Asociación de Derechos Civiles de Israel solicitó al Tribunal Superior de Justicia que no aplicara esta política, alegando que infringía la libertad de circulación.
Además, a diferencia de países grandes y de larga data como Alemania y Japón, Israel es un país pequeño y densamente poblado con altas tasas de natalidad, y por lo tanto no tiene la necesidad ni la capacidad de legalizar la migración laboral ilegal. Por lo tanto, Israel envía inmigrantes ilegales a sus países cuando no son elegibles para el estatus de refugiado. Israel solo está expulsando a los inmigrantes ilegales que son solteros, y ha dejado en claro que no expulsará a las familias.
Israel está lejos de ser la única democracia que devuelve inmigrantes ilegales. Estados Unidos expulsa a 400,000 inmigrantes ilegales cada año. Alemania ha estado enviando inmigrantes ilegales a Afganistán, e Italia a Sudán. En 2017, Alemania expulsó a 80,000 inmigrantes ilegales. A partir de febrero de 2018, el gobierno alemán pagará a los inmigrantes ilegales 3.000 € como incentivo para regresar a sus respectivos países. Esta política es coherente con las directrices del Consejo Europeo, que declaró el 19 de octubre de 2017 que es favorable a los “planes de reasentamiento voluntario” para los inmigrantes ilegales.
Algunos afirman que Israel solo está expulsando inmigrantes ilegales de África, pero no de Europa oriental. Esta acusación es maliciosa y falsa. En 2017, Israel expulsó a muchos más inmigrantes ilegales de Ucrania (3.361) y de Georgia (844) que de Etiopía (40). Israel es el único país del mundo que trajo africanos (judíos etíopes en 1985 y en 1991), no para esclavizarlos, sino para liberarlos.
Israel no puede devolver a los inmigrantes sudaneses ilegales a su país porque Israel y Sudán no tienen relaciones diplomáticas. Esta es la razón por la cual Israel está redirigiendo a algunos inmigrantes sudaneses ilegales a terceros países como Uganda y Ruanda (y les otorga un estipendio de $ 3,500, que cubre un año y medio de ingresos). El Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó en diciembre de 2017 que: a. La convención de refugiados de la ONU permite la redirección de inmigrantes a terceros países cuando sus vidas no están en peligro en esos países, y b. que no hay evidencia de que las vidas de los inmigrantes corran peligro en Ruanda y en Uganda. Israel no es la única democracia que redirige a los inmigrantes ilegales a terceros países. Australia, por ejemplo, redirige rutinariamente a los inmigrantes ilegales a Papúa Nueva Guinea.
Israel es un refugio seguro para todos los judíos, así como para los solicitantes de asilo no judíos que cumplen con los criterios de la Convención de Refugiados, que la mayoría de los inmigrantes ilegales no tienen. La política de Israel es consistente con el derecho internacional y con la práctica de otras democracias, y no debe juzgarse por estándares más altos.
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El Dr Emmanuel Navon es un experto en relaciones internacionales que enseña en la Universidad de Tel Aviv y en el Centro Interdisciplinario Herzliya.
