Como se esperaba, una sala de instrucción de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó el viernes que existe un Estado palestino con jurisdicción en la Franja de Gaza, Judea y Samaria, y el este de Jerusalén.
Al hacerlo, el fiscal general de la CPI autorizó una investigación sobre los crímenes de guerra presuntamente perpetrados en “Palestina”.
La respuesta a la sentencia no se hizo esperar y también era previsible. Los criminales palestinos, las organizaciones terroristas palestinas, como Hamás, y otros elementos palestinos y pro-palestinos se alegraron. Los judíos israelíes, incluidas las víctimas potenciales de estos criminales palestinos, condenaron la sentencia.
Para cualquiera que piense que la CPI actuará de acuerdo con la ley, estas reacciones son desconcertantes. ¿Desde cuándo los asesinos y otros criminales celebran el inicio de una investigación penal que podría conducir a la acusación contra ellos? ¿Desde cuándo las víctimas potenciales de esos asesinos se oponen a que se inicien procedimientos penales contra los mismos criminales que los han atacado?
La cuestión es que lo que es evidente para los dirigentes de la Autoridad Palestina y de Hamás también lo es para los dirigentes elegidos de Israel: La CPI no es una institución que actúe conforme a la ley, sino a impulsos políticos. Estaba claro, por tanto, que el tribunal autorizaría al fiscal general a investigar, a pesar de que el propio tribunal estipula explícitamente que no tiene esa autoridad sin el acuerdo de un Estado, y que, según la ley, Palestina no es un Estado.
También está claro ahora, por la misma razón, que la investigación de la fiscal (o más exactamente, de su sustituto, que será elegido en los próximos días) dará lugar a acusaciones y órdenes de arresto contra israelíes por cometer los “delitos” de asentamiento judío y defender legalmente a los ciudadanos israelíes de los ataques terroristas palestinos. Y también es evidente que Hamás tiene razón en que ningún terrorista palestino será juzgado.
¿Qué puede hacer Israel? Debe actuar en todos los frentes para perjudicar la legitimidad de la “Corte” Penal Internacional, impedir su investigación de cualquier manera posible y aprovechar la oportunidad para fomentar la cooperación internacional contra la CPI.
Entre otras cosas, esto significa que Israel debe hacer ilegal que cualquier individuo u organización israelí coopere con la “corte”. De forma similar a la misma prohibición que existe en la legislación estadounidense, la colaboración “informal” de los juristas del país con el fiscal de la CPI debe ser penalizada. Israel también debe financiar su cooperación con Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a la CPI.
Sólo la presión política internacional puede evitar las inminentes acusaciones y los consejos de guerra contra los israelíes. Cualquier intento de tratar a la CPI como un organismo legal aumenta el margen de maniobra de esta institución ilegítima.
