Varias peticiones presentadas recientemente ante el Tribunal Supremo ejemplifican muchos de los problemas estructurales del sistema judicial israelí. Entre los temas que han generado una confrontación directa entre el gobierno y el Poder Judicial figuran el nombramiento del nuevo director del Shin Bet, el general de división David Zini, la destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara y el intento de obligar al ministro de Justicia, Yariv Levin, a reconocer a Yitzchak Amit como presidente autoproclamado del Tribunal Supremo.
Este enfrentamiento institucional se ha gestado durante años, incluso décadas, desde que el expresidente del Supremo, Aharon Barak, emprendió una reforma integral del sistema legal según su propio enfoque. Las “Leyes Básicas” comenzaron a adquirir el peso de una Constitución no declarada. La figura del fiscal general pasó a ser considerada la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en lo que respecta al interés público en asuntos legales.
El criterio de la “irracionalidad” se transformó en motivo suficiente para invalidar nombramientos gubernamentales, anular leyes y definir de manera unilateral cuestiones de política pública. La lista continúa. Sin embargo, Barak poseía la inteligencia, astucia política y habilidad manipuladora que sus sucesores no han logrado igualar. Como consecuencia, las otras dos ramas del poder comenzaron a percibir gradualmente que algo en el equilibrio institucional se había desviado de manera grave. Finalmente, los indicios de esa disfunción se han hecho evidentes, y ello se debe, en gran parte, a Yitzchak Amit.
El exceso de soberbia ha sido definido como “el orgullo que ciega”, y Amit encarna con precisión ese tipo de patología autoinducida. Según su concepción dogmática de la bioantropología, los jueces se distinguen de los demás seres humanos por poseer un “ADN judicial superior”, expresión que él mismo ha utilizado literalmente. En una intervención ante estudiantes de último año de secundaria, Amit fue grabado al declarar: “Hazme un favor, no me hables de lo que llaman ‘democracia electoral’. Me recuerda al viejo chiste de los cuatro lobos y la oveja que votaron para decidir quién sería la cena esta noche”.
Téngase presente esa afirmación la próxima vez que se acuda a votar.
Amit no manifestó reparo alguno en participar en la conferencia anual del Colegio de Abogados de Israel en Eilat, con todos los gastos cubiertos, a pesar de ocupar entonces el cargo de magistrado superior en una causa pendiente contra la decisión de la Knéset de reducir el presupuesto de dicha organización en un 20 %.
¿No constituye esto un conflicto de intereses?
Durante las sesiones del Comité de Nombramientos Judiciales, Amit se negó a recusarse, aun cuando las deliberaciones giraban precisamente en torno a su posible designación como presidente del Tribunal Supremo. “Estoy aquí solo como una planta decorativa”, comentó con sarcasmo. Como respuesta a esta situación improcedente, Levin se negó a convocar al comité. No obstante, los aliados de Amit en el Supremo decidieron asumir por cuenta propia esa prerrogativa ministerial y le otorgaron a su colega el título de presidente.
Cabe reconocer la postura del ministro Levin, quien desde entonces rechazó con firmeza este golpe judicial y se abstuvo de cooperar con Amit en cualquier instancia, además de rehusarse a asistir a actos oficiales que avalaran un nombramiento que considera ilegítimo. Pocos políticos, actuales o pasados, han mantenido una coherencia semejante. Los ministros de Justicia anteriores solían ceder sin demora ante las exigencias de la élite judicial. Precisamente por ello, estos sectores han reaccionado con virulencia ante la negativa de Levin, al punto que un nuevo “peticionario público” ha interpuesto una demanda con el fin de forzarlo a colaborar con Amit, so pena de ser destituido. El hecho de que este mismo Tribunal Supremo no haya desestimado de inmediato una solicitud tan absurda pone en evidencia el grado de disfunción institucional alcanzado.
Lo singular es que, por primera vez en mucho tiempo, los poderes Ejecutivo y Legislativo han comenzado a responder. Tradicionalmente, los presidentes del Tribunal Supremo decidían la composición de los paneles de jueces que analizarían cada caso. Esta práctica se justificaba originalmente para asignar a jueces con experiencia en áreas específicas del derecho.
Sin embargo, desde la presidencia de Barak, esta facultad se ha utilizado con fines claramente políticos, a menudo para garantizar un resultado anticipado en asuntos delicados. En este aspecto, Amit ha dejado claro que no posee la talla intelectual de su antecesor.
En lugar de someter los asuntos polémicos de política pública a paneles ampliados de cinco, siete o más jueces, como era habitual, Amit ha optado repetidamente por recurrir al llamado “panel de antigüedad”, compuesto por tres jueces: él mismo, el vicepresidente Noam Solberg y la magistrada asociada Daphne Erez-Barak. Dado que tanto Amit como Erez-Barak son jueces de línea activista, la mayoría queda asegurada, lo que facilita sobremanera las resoluciones. Estos magistrados no ocultan su desprecio por el gabinete de Netanyahu ni su convicción de que solo ellos pueden evitar que Israel derive hacia una dictadura.
No obstante, Amit ha cometido dos errores tácticos graves. Por razones desconocidas, modificó la composición del panel encargado de examinar la petición contra la designación de Zini como jefe del Shin Bet. Sustituyó a Solberg y a Erez-Barak por Alex Stein y Gila Canfy-Steinitz, dos magistrados a quienes se suele clasificar erróneamente como de tendencia conservadora.
El resultado ofreció una rara visión del mayor temor de Amit: perder el control absoluto sobre las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Cuando los dos nuevos jueces comenzaron a cuestionar la postura radical de la fiscal general, quien sostenía que Netanyahu debía ser despojado de su autoridad, el rostro de Amit reflejaba un desconcierto evidente.
Ese fue su primer error. El segundo fue permitir que la audiencia, que se prolongó por siete horas, se transmitiera en vivo. Durante esa sesión, se presenció la expulsión ordenada por Amit de padres y familiares de víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023, quienes fueron retirados del recinto judicial y también se evidenciaron sus constantes disputas con los demás jueces, lo que reveló una clara falta de madurez institucional. Canfy-Steinitz citó un fallo anterior del Supremo según el cual las decisiones de la fiscal general no vinculan necesariamente al gobierno. Amit intentó minimizar la importancia de esa sentencia señalando que fue adoptada por una mayoría de 4 a 3. A lo que Canfy-Steinitz respondió: “¿Ahora estamos midiendo por cuánta mayoría?”
El gobierno también parece haber comprendido que no puede confiar en la palabra de Amit. Durante la audiencia sobre la destitución del anterior jefe del Shin Bet, Ronen Bar, Amit instó en reiteradas ocasiones a las partes a alcanzar un acuerdo y ofreció su mediación.
Finalmente, la guerra se resolvió sin intervención judicial: Bar anunció que renunciaría en las semanas siguientes y el gobierno retiró su decisión de destituirlo. Por tanto, la causa debía haberse cerrado. Sin embargo, la fiscalía exigió que el tribunal emitiera igualmente un fallo, alegando que el caso representaba “una cuestión de principio”. No hay nada que el sistema judicial valore más que resolver disputas concretas entre partes reales, y no cuestiones abstractas sin consecuencias prácticas.
Además, alcanzar una solución negociada fue precisamente lo que Amit había sugerido desde el inicio. Sin embargo, ni él ni Erez-Barak pudieron resistirse, y a pesar de que las partes ya habían puesto fin a la disputa, ambos magistrados emitieron una reprimenda contra Netanyahu, declarando que se había equivocado desde el comienzo. ¿Cómo puede esperarse que alguien confíe en Amit cuando propone resolver disputas extrajudicialmente?
Estos y otros mecanismos judiciales similares han obligado a la Knéset a tomar medidas para corregir la situación. Entre ellas se encuentra un proyecto de ley que avanza actualmente en el proceso legislativo y que busca retirar a los presidentes del Tribunal Supremo la facultad de seleccionar los jueces que revisan las peticiones ante la Alta Corte de Justicia. El objetivo es garantizar que dicha asignación se realice de manera puramente aleatoria.
Es apenas un primer paso, pero uno necesario y largamente postergado.