Una superviviente del Holocausto de 83 años, Ludmila Lipovsky, fue brutalmente asesinada el mes pasado en Israel mientras esperaba que su hija la llevara a una cita médica. Un palestino de 28 años de Judea y Samaria está acusado de apuñalarla hasta la muerte.
Este acto atroz es otro ejemplo de la violencia incentivada por un programa de varios millones de dólares conocido como “pago por matar”, que está estipulado en la legislación palestina y administrado por la Autoridad Palestina.
Algunos lo consideran simplemente un sistema que recompensa a los palestinos por cometer actos de terrorismo contra israelíes judíos. En realidad, es una estructura económica profundamente arraigada y un programa social en Judea y Samaria y Gaza que incentiva la violencia, minando así cualquier posibilidad de un acuerdo de paz sostenible.
El programa proporciona pagos mensuales a los palestinos condenados por actos violentos contra israelíes y encarcelados por sus crímenes. Es importante destacar que estos pagos no se extienden a quienes son condenados por delitos no relacionados con el terrorismo. Los pagos aumentan con la duración de la sentencia, lo que, de manera perversa, recompensa a los perpetradores de los peores crímenes.
Por ejemplo, a partir de 2017, un prisionero condenado a hasta tres años recibe 400 dólares mensuales, mientras que alguien condenado a entre 10 y 15 años gana más de 1,500 dólares mensuales. Durante el encarcelamiento, la Autoridad Palestina también paga las cuotas de seguridad social y pensión del individuo. Los pagos a los prisioneros se ajustan para reflejar los aumentos en el costo de vida.
Al ser liberados, los beneficios continúan. Los prisioneros liberados reciben una subvención única que varía entre 1,500 y 25,000 dólares, dependiendo de la duración de su encarcelamiento. Se garantiza empleo en instituciones gubernamentales, y la asignación de puestos de trabajo se prioriza según los años pasados en prisión. Aquellos que no consiguen empleo reciben subsidios por desempleo − siempre que hayan cumplido al menos cinco años de prisión en el caso de los hombres o dos años en el de las mujeres.
Además, los prisioneros liberados disfrutan de educación universitaria gratuita y atención médica de por vida. Un prisionero varón que haya pasado al menos un año en una prisión israelí está exento de las tasas de matrícula en universidades palestinas y programas de formación profesional, así como de los pagos de seguro médico.
Si un terrorista muere durante un ataque o a manos de las fuerzas israelíes, su familia es apoyada mediante el fondo para “mártires”. Las familias reciben pagos mensuales − cónyuges de por vida y los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad − que oscilan entre 100 y 1,200 dólares.
El programa “pago por matar” ha enfrentado críticas internacionales significativas. En 2014, la Autoridad Palestina transfirió nominalmente la responsabilidad de estos pagos a la Organización para la Liberación de Palestina en un intento de desviar las críticas.
Sin embargo, los pagos persistieron.
En 2018, Estados Unidos respondió promulgando la Ley Taylor Force, que condiciona ciertas ayudas económicas a la Autoridad Palestina a la interrupción de los pagos a terroristas y sus familias. A pesar de esto, la Autoridad Palestina asignó más de 300 millones de dólares para estos pagos ese mismo año.
El año pasado, la Autoridad Palestina aumentó los pagos anuales en 16.2 millones de dólares mensuales, añadiendo nuevos beneficiarios − 900 prisioneros de Gaza y decenas de miles de nuevos “mártires”, incluidos los involucrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
Para muchos palestinos, el programa “pago por matar” representa más que un incentivo para el terrorismo; es un camino hacia la movilidad social. En una sociedad plagada de alto desempleo y oportunidades limitadas, el programa ofrece ingresos garantizados, educación y empleo − beneficios que superan lo que el palestino promedio puede esperar.
El año pasado, el salario mensual promedio de un empleado en Judea y Samaria era de aproximadamente 380 dólares, lo que hace que los pagos del programa sean particularmente atractivos.
Este marco no solo incentiva la violencia, sino que también la institucionaliza como una alternativa viable al progreso social legítimo. Perpetúa un ciclo de violencia, asegurando que los ataques contra israelíes sigan siendo frecuentes y profundamente arraigados en el tejido de la sociedad palestina.
Para Israel y la comunidad internacional, el programa “pago por matar” es un claro obstáculo para la paz. No es simplemente un subsidio económico, sino una institución social diseñada para mantener la violencia. El programa incluso incluye bonificaciones para los terroristas árabes-israelíes, avivando aún más las tensiones.
En un discurso de 2017, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió directamente al presidente palestino Mahmoud Abbas, preguntando: “¿Cómo puedes hablar de paz con Israel y al mismo tiempo pagar a asesinos que derraman la sangre de israelíes inocentes?” Esa pregunta sigue sin respuesta.
Varias administraciones israelíes, incluidas las que estuvieron durante la primera presidencia de Donald Trump, han instado a ejercer presión internacional sobre la Autoridad Palestina para terminar con estos pagos. Se espera que el tema resurja con fuerza cuando Trump regrese al cargo.
Resolver la guerra entre Israel y Palestina se ha convertido en un componente crítico para finalizar los Acuerdos de Abraham, especialmente con naciones como Arabia Saudita.
El asesor principal de Trump para asuntos árabes y de Oriente Medio, Massad Boulos, ya ha actuado como intermediario entre la Autoridad Palestina y su líder. Abbas, según informes, se ha comunicado con Boulos desde la reelección de Trump, lo que señala un posible diálogo.
Sin embargo, el diálogo por sí solo no será suficiente. El programa “pago por matar” debe desmantelarse, al igual que las organizaciones terroristas que lo financian, pieza por pieza.
Hasta entonces, seguirá siendo un marco social y económico que incentiva el terrorismo, obstruye la paz y alimenta la inestabilidad internacional. Ningún esfuerzo serio por resolver la guerra entre Israel y Palestina podrá tener éxito mientras este programa continúe operando.
Sobre el autor: John Spencer es presidente de estudios de guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar de Estados Unidos West Point.
