El 18 de enero de 2025, un empleado judicial iraní asesinó a los jueces del Tribunal Supremo Ali Razini y Mohammad Moghisseh. Sus muertes podrían ser solo la punta del iceberg en una dinámica más amplia que está socavando la estabilidad de la República Islámica.
La versión oficial indica que el atacante era un conserje de unos 30 años, hijo de un mártir de la guerra entre Irán e Irak. El agresor mató a los dos jueces e hirió a un guardia de seguridad antes de suicidarse cuando las fuerzas de seguridad lo acorralaron.
Sin embargo, algunos detalles no cuadran. La precisión del atacante con las armas sugiere que podría haber sido un guardia o un agente entrenado en lugar de un simple empleado de limpieza. La venganza también podría ser un motivo: Razini y Moghisseh eran conocidos por su dureza contra disidentes.
En los últimos años, asesinos han atacado a varios funcionarios del régimen. En 2023, en la provincia de Mazandarán, un guardia de seguridad asesinó al ayatolá Abbasali Soleimani, miembro de la Asamblea de Expertos, encargada de seleccionar al líder supremo. Al año siguiente, un veterano de guerra disparó contra el líder de oración de Kazeroun antes de suicidarse. En enero de este año, un ciudadano prendió fuego al alcalde de Kargan en la provincia de Hormozgán.
Estos incidentes sugieren que el régimen está perdiendo el apoyo de sectores estratégicos de la sociedad, incluyendo personal en posiciones militares, administrativas y de seguridad. Esta creciente disidencia puede tomar tres formas: lobos solitarios, alineación con fuerzas opositoras o colaboración con agencias extranjeras. Casos previos, como el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, líderes de Hamás como Ismael Haniyeh y comandantes de la Guardia Revolucionaria, ejemplifican cómo filtraciones de información han facilitado estas operaciones.
La insatisfacción se debe a múltiples factores. Los estándares de vida se han desplomado tras décadas de inflación de dos dígitos, y el producto interno bruto per cápita sigue siendo menor que antes de la Revolución Islámica de 1979. Desde 2017, el régimen ha enfrentado tres olas de protestas—en 2017, 2019 y 2022—que se expandieron a más de 150 ciudades. La represión brutal ha causado miles de muertos, heridos y detenidos, mientras que la violencia sexual contra mujeres detenidas ha generado aún más rechazo.
En la era de las redes sociales, estas noticias se propagan rápidamente. Las atrocidades del régimen en 2019 llevaron a que figuras influyentes como Mahdi Nassiri, antiguo aliado del líder supremo Alí Jamenei, se unieran a la oposición. Otro caso fue el del periodista Hossein Ghadiani, quien divulgó audios criticando a Jamenei por la violencia empleada para imponer el uso obligatorio del velo.
La estrategia regional del régimen también enfrenta serios problemas, lo que incrementa el descontento interno. La caída de grupos aliados como Hezbolá y el régimen de Assad, junto con las operaciones israelíes dentro de Irán, han hecho que incluso sus partidarios más leales cuestionen la efectividad del liderazgo.
Además, grupos religiosos tradicionales consideran que la mala gestión y la corrupción del régimen han manchado la reputación del Islam. Disidentes como Fatemeh Sepehri, una activista detenida que lleva hijab y es viuda de un mártir, han llegado a proponer un retorno a una monarquía constitucional.
Aunque los recientes asesinatos podrían parecer un fenómeno aislado, el régimen debería preocuparse. La insatisfacción entre quienes tienen acceso a armas y altos cargos es un riesgo latente que podría estallar en cualquier momento. Esta desconfianza interna aumenta la presión sobre la estabilidad del régimen, lo que podría acelerar más deserciones.
A medida que se deteriora la situación económica, regional y social, tanto altos como bajos funcionarios podrían optar por unirse a la oposición o tomar una postura neutral para evitar quedar atrapados en un conflicto sin salida.
La República Islámica está en una encrucijada crítica. El tiempo para aumentar la presión es ahora, no para disminuirla.
El Dr. Saeed Ghasseminejad es asesor sénior en el FDD, especializado en la economía iraní, sanciones y finanzas ilícitas. Síguelo en LinkedIn y en X como @SGhasseminejad.