El Wall Street Journal acaba de publicar un editorial sobre la decisión de las Naciones Unidas de no renovar el contrato de Alice Wairimu Nderitu como Asesora Especial para la Prevención del Genocidio. ¿La razón? Su conclusión de que la conducta de Israel en Gaza no constituía “genocidio”.
Más detalles sobre esta nueva muestra de animosidad antiisraelí por parte de la ONU se encuentran aquí: “La ONU despide a Nderitu por negarse a clasificar la conducta de Israel en Gaza como ‘genocidio,’ argumenta el WSJ”, Jerusalem Post, 26 de noviembre de 2024.
“¿Puede alguien con integridad sobrevivir en la ONU?”, preguntó el editorial del Wall Street Journal el martes, señalando que la ONU decidió no renovar el contrato de Nderitu debido a su postura de que las acciones de Israel en Gaza no podían definirse como “genocidio”.
La publicación citó un documento de Nderitu de 2022 sobre “cuándo referirse a una situación como ‘genocidio,’” que subraya la importancia de que los funcionarios de la ONU utilicen correctamente el término. Según el texto, esto es esencial debido al “uso frecuente e incorrecto del término para referirse a crímenes graves a gran escala cometidos contra poblaciones específicas; la carga emocional y sensibilidad política del término; y las posibles implicaciones legales asociadas a su determinación”.
Para Nderitu, el término “genocidio” incluye casos como el Holocausto, el genocidio perpetrado por los hutus contra los tutsis en Ruanda, los ataques serbios contra musulmanes bosnios y las matanzas en curso en Sudán. Respecto a Israel, el editorial del WSJ indicó: “Desde el punto de vista legal, establecer un patrón de violencia como genocidio requiere demostrar intención. La campaña de autodefensa de Israel no cumple con este criterio”.
Lejos de tener intención de cometer genocidio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizan grandes esfuerzos para minimizar las bajas civiles. Esto incluye advertencias masivas a la población para que evacúe zonas que serán atacadas, desde ciudades enteras hasta edificios específicos. Hasta marzo —seis meses después del inicio de la guerra— las FDI habían lanzado nueve millones de folletos, enviado quince millones de mensajes de texto y realizado dieciséis millones de llamadas automáticas. Además, los pilotos israelíes están obligados a abortar misiones si creen que hay demasiados civiles en la zona objetivo.
Sin embargo, el informe del 14 de noviembre del Comité Especial de la ONU para Investigar las Prácticas Israelíes afirmó lo contrario, sugiriendo “la posibilidad de genocidio en Gaza y un sistema de apartheid en Cisjordania”.
‘Una decisión política’
Según el artículo del WSJ, el comité estuvo fuertemente influenciado por Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien, según la publicación, “ha pasado el último año atacando a Israel”.
Türk ha advertido sobre “violaciones horribles” del derecho internacional por parte de las FDI en Gaza y exige “una rendición de cuentas adecuada”. Junto a Francesca Albanese, Relatora Especial sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Türk es uno de los funcionarios más abiertamente antiisraelíes en la ONU.
Aunque la ONU intenta defenderse alegando que simplemente decidió no renovar el contrato de Nderitu, lo cierto es que este tipo de contratos suelen renovarse de manera rutinaria. ¿Qué llevó entonces a la ONU a prescindir de Nderitu? La única razón posible parece ser su negativa a describir la conducta de Israel en Gaza como “genocidio”.
Alice Wairimu Nderitu dejará su puesto en la ONU y será reemplazada por alguien aprobado por Volker Türk y Francesca Albanese, alguien dispuesto a acusar a Israel de “genocidio” a pesar de la evidente ausencia de intención de las FDI de cometer esa atrocidad.
En la administración del presidente electo Donald Trump hay varios funcionarios hostiles hacia la ONU por sus juicios sesgados contra Israel. Algunos han propuesto reducir o incluso eliminar las contribuciones estadounidenses a la organización, lo que paralizaría muchos de sus programas.
En 2022, el año más reciente con datos completos, Estados Unidos aportó más de 18 mil millones de dólares a las Naciones Unidas, lo que representa un tercio de su financiamiento total. Quizá Marco Rubio, próximo secretario de Estado, o el propio Trump deberían advertirle a la ONU que debe renovar el contrato de Alice Wairimu Nderitu o enfrentarse a “una pérdida significativa de apoyo financiero” por parte de Estados Unidos. Eso seguramente captaría la atención del secretario general António Guterres en su lujoso edificio de Turtle Bay, junto al East River.